La esposa de Marrero pidió a la Comunidad Europea que exija su liberación
El abogado y político Roberto Marrero, quien se desempeñaba como jefe del despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cumplió este 2 de agosto, 500 días detenido.
«Marrero está aislado y es sometido a tratos crueles y degradantes», denunció la Asamblea Nacional (AN) a través de su cuenta en Twitter.
La AN también alertó que Marrero se encuentra preso “de manera ilegal, con su salud cada vez más afectada” en El Helicoide, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.
La mañana de este domingo, se realizó el foro «La Detención Policial Política de Roberto Marrero» en el que participaron el director de la comisión de Derechos Humanos Humberto Prado, el abogado Joel García, Carlos Vecchio y Reynaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero.
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que establece que Roberto Marrero tiene derecho a recibir visitas de familiares y su abogado, pero, sabemos que no es así», indicó Prado durante su participación.
Prado también resaltó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que establece que Roberto Marrero tiene derecho a recibir visitas de familiares y su abogado, pero que no es así.
La esposa de Roberto Marrero también participó en el foro y aseguró que el líder político tiene cinco meses sin ver a su familia. «Él y todos tienen que estar en libertad, con sus familias», dijo.
Por su parte, el abogado Joel García afirmó que la defensa de Marrero introdujo un recurso de apelación por el caso y 500 días después, no han recibido respuesta a la solicitud.
Roberto Marrero fue arrestado el 21 de marzo de 2019 por el Sebin durante un registro a su vivienda y está acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una célula terrorista que planeaba realizar ataques selectivos para crear “caos”.
Jueza del caso destituida
Además, recordaron que la jueza del caso terminó destituida, “lo que causó la suspensión de las audiencias de manera indefinida” y ha puesto al jefe de despacho de Guaidó en un “limbo jurídico”.
El Parlamento también recordó que se cumplen cuatro meses de la detención de Demóstenes Quijada, asesor de Guaidó, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cuyos funcionarios “entraron a su casa durante un ilegal allanamiento, en la supuesta búsqueda de alguien con COVID-19”.
“El caso de Demóstenes Quijada está repleto de ilegalidades y violaciones al debido proceso. La orden de allanamiento la emitieron luego de realizado y su defensa legal no ha podido acceder a su expediente”, afirmaron.
