La Fracción 16 de Julio salvó su voto en esta ley porque consideran que la concentración debe estar en el «cese de la usurpación»
La Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión la Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero.
El diputado del Parlamento, Luis Silva (AD-Bolívar) aseguró en la sesión virtual de este jueves, 9 de julio, que esta ley permitirá «seguir recuperando y poniendo a salvo los valiosos activos que serán la base para iniciar el proceso de reconstrucción nacional. Esta ley obliga a rendir cuentas, exige honestidad y transparencia».
La ley que fue sancionada por los diputados de la oposición no ha sido publicada en los medios oficiales de la Asamblea Nacional y tampoco compartida a los periodistas.
Igualmente el diputado Silva, en la introducción de la discusión de la ley, señaló que no es suficiente recuperar los activos, «sino reglamentar el uso de esos activos, por lo que es esencial reducir la discrecionalidad de los funcionarios encargados de administrar esos activos. Esta ley obliga a rendir cuentas, exige honestidad y transparencia en los manejos de los recursos».
Silva indicó que con esta Ley se podrá seguir recuperando activos de Venezuela y que no podrán ser utilizados por la administración de Nicolás Maduro.
Sin embargo no todos dieron el visto bueno a la legislación, ya que los diputados de la Fracción 16 de Julio salvaron su voto, ya que lo consideran «impertinente», porque el Parlamento y la presidencia encargada deberían concentrar sus esfuerzos en cumplir con el «cese de la usurpación».
A través de su cuenta de Twitter, la Fracción publicó un comunicado con estas razones para salvar el voto, mientras la Ley era leída por el secretario de la Asamblea Nacional. La misma situación se dio con una nota de prensa publicada por el Centro de Comunicación Nacional, que informó que la ley ya había sancionada, cuando todavía estaba siendo discutida en la sesión.
En la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, en la Fracción 16J hemos salvado el voto sobre «Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero». pic.twitter.com/qfGpsJqB93
— Carlos Bastardo (@CarlosBastardo7) July 9, 2020
Contratos y cambios sin notificar
Otro punto en la agenda de la AN, fue la aprobación de un informe de la Comisión de Finanzas con relación a la autorización de un contrato de interés público entre Venezuela y la empresa BRV Disbursement LLC y la sociedad BRV Administration CO. LLC.
En la sesión del martes, 7 de julio, fue leído un resumen del contrato para ejecutar el Fondo Especial para la liberación de Venezuela de 80 millones de dólares, sin embargo hasta la fecha tampoco ha sido compartido con los medios de comunicación.
El informe presentado este jueves, 9 de julio, explica que el presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó, hizo una solicitud para la aprobación de este contrato por la cantidad de 1.250.000 dólares, aunque en el documento indica en letras que es por 1.200.000 dólares.
Igualmente señalan que estas dos empresas, con sede en Estados Unidos, prestarán los servicios de administración y desembolso, que finalizarían en principio el 31 de diciembre de este año. Venezuela estará representada por el Consejo de Administración del Gasto, una figura contemplada en la Ley Especial de Fondo para la Liberación de Venezuela, aprobada en febrero de este año.
Este Consejo, designado a principios de marzo, está conformado por Alejandro Plaz Castillo; Yon Goicoechea; Gustavo Marcano; Eva Hurtado y Fernando Javier Blasi.
La Comisión de Finanzas de la AN dio su visto bueno a este contrato y la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional lo aprobó también.
Luego de la aprobación del contrato el comisionado presidencial de desarrollo económico, Alejandro Plaz señaló, en una rueda de prensa virtual, que buscaron el apoyo para poder implementar el Fondo. «Se invitó a las 5 firmas auditoras más grandes del mundo, de esas 5, 3 rechazaron la posibilidad de trabajar con nosotros, de las otras 2, una nos recomendó unas empresas hermanas».
Plaz indicó indicó que esas compañías «compitieron» y las que «ganaron» fueron las que firmaron el contrato con los representantes del gobierno interino.
«Estos fondos son para lo Social, para la labor Legislativa de la Asamblea Nacional, de las Embajadas, de la Contraloría y para los 30 magistrados electos legítimamente por la Asamblea Nacional», explicó.
El comisionado señaló que faltan por definir los fondos para los proyectos de Comunicaciones y el de «Defensa de la Democracia». «También estamos por contratar una compañía auditora que ha accedido a trabajar con nosotros».
En la Gaceta Legislativa de la AN, con fecha del 8 de julio, se presentó una modificación del Reglamento de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela. Específicamente se cambió el artículo 9, en el que quedó establecido que el Consejo de Administración del Gasto, para realizar funciones de tesorería, en particular a las relativas de custodia de fondos, de pagos y desembolsos, «se deberá asistir de una empresa de servicios financieros idónea para tales efectos, escogida mediante un régimen especial de selección, aprobado por la Asamblea Nacional y con la opinión favorable del Contralor Especial».
Igualmente se cambió el artículo 16, indicando que la empresa seleccionada para la prestación de los servicios de custodia y realización de pago de los fondos, debe también realizar los servicios de contabilidad para la formulación de los comprobantes, estados financieros y otros documentos que demuestren las transacciones realizadas.
Sin embargo estas modificaciones al Reglamento no fueron presentadas en la plenaria de la sesión de la Asamblea Nacional, del martes, 7 de julio y tampoco la del jueves, 9 de julio. Además en principio se estableció que los pagos aprobados por el Consejo de Administración, se realizarían mediante los procedimientos establecidos en el convenio de asistencia técnica a ser celebrado con la Organización de Estados Americanos (OEA), autorizado por la Asamblea Nacional y el Contralor Especial.
En una nota de prensa publicada por el Parlamento este jueves, 9 de julio, señala que tras distintas conversaciones del gobierno interino con representantes de la OEA y el gobierno de Estados Unidos, «se concluyó que, tanto por dificultades técnicas y como por el importante ahorro económico que iba significar para el Estado venezolano, resultaba más práctico y eficiente delegar en las organizaciones internacionales privadas especializadas la administración del fondo. Sin embargo, mantenemos la mayor comunicación y trabajado permanente con la OEA para este y los demás del Gobierno interino».
