El comunicado del bloque fue firmado por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela
Trece países del Grupo de Lima emitieron este martes un comunicado -que no contó con el respaldo de Argentina- para rechazar y desconocer “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral” realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además, solicitaron elecciones libres y transparentes en Venezuela.
La instancia multilateral indicó que las elecciones en Venezuela solo serán reconocidas bajo la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y creíbles, con un CNE independiente y un TSJ imparcial.
A continuación el texto íntegro emitido por el Grupo de Lima el martes 16 de junio:
Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela miembros del Grupo de Lima, rechazan y desconocen la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que vulnera abiertamente la Constitución venezolana y socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela.
Recuerdan que la designación de los miembros del CNE corresponde a la Asamblea Nacional, órgano legítimo y democráticamente electo, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Reafirman su entendimiento de que solamente la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y creíbles, con un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, así como la plena libertad de prensa y participación política de todos los venezolanos asegurará las condiciones para la superación de la crisis venezolana.
Reiteran, conforme la XVIII Reunión Ministerial del Grupo de Lima realizada en Canadá, que persistirán en procurar consensos con otros actores internacionales para movilizar una respuesta de la comunidad internacional que contribuya a la urgente restauración de la democracia y el estado de derecho en Venezuela.
