Investigación periodística devela el rol de funcionarios en esquema de delito internacional

Dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria en el estado Sucre hacia Trinidad y Tobago, con apenas 23 días de diferencia, desaparecieron sin dejar rastro de 60 personas en 2019. Un año ha transcurrido desde entonces y sus familiares siguen clamando que el Estado venezolano responda con una búsqueda efectiva que les devuelva a los suyos. 

Hasta ahora las familias acumulan denuncias y algunas promesas, mientras se acumulan los indicios de una extensa trama de trata de personas entre ambas naciones, con complicidad de funcionarios.

TalCual en alianza con la plataforma periodística latinoamericana Connectas, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalist (ICFJ, por sus siglas en inglés), desarrolló una investigación que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales. 

El trabajo multimedia desarrollado por TalCual durante seis meses rastrea las pistas que las autoridades han dejado sueltas, y complementa con reportería en el límite fronterizo entre ambas naciones y en Trinidad, para entrelazar una historia de complicidades y omisiones de ambos gobiernos, cercanos en la política y en el silencio ante un problema “que se ha vuelto masivo por el contexto de la migración venezolana”, como admiten funcionarios trinitarios.

El especial está en línea desde este 16 de mayo de 2020, cuando se cumple el primer año de la desaparición del bote Ana María, el segundo de los dos involucrados. 

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