Familiares de los desaparecidos en las embarcaciones que zarparon ilegalmente, a Trinidad y Tobago desde Güiria, estado Sucre y a Curazao, desde el estado Falcón, terminarán el 2019 esperando acciones contundentes por parte del Estado venezolano para la búsqueda y rescate de sus parientes, pues denuncian que hasta ahora no han recibido señales de avance en las investigaciones sobre estos casos.

La desaparición de al menos un centenar de balseros ocurrieron entre abril y mayo de 2019. El primer alegato dado por el Gobierno venezolano para calificar dichos sucesos es la teoría del «naufragio», atendido con días de retraso y ante la insistencia de los familiares.

Ocho, siete y seis meses, respectivamente han transcurrido de estos hechos. Al cierre de este año el Comité de familiares de los desaparecidos en Güiria protestaron en la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir al Estado acciones que esclarezcan el caso. Sin embargo, la respuesta del organismo, fue que confusa. Solo se dio a conocer que «avanzaba» pero no dieron mayores detalles a los parientes por lo que quedaron como al principio: en el aire.

La primera embarcación a la que se le perdió el rastro fue a la Jhonaili José el 23 de abril de 2019, en ella viajaban desde Güiria, estado Sucre, 38 pasajeros de los cuales sobrevivieron apenas ocho personas, entre ellos Francisco Martínez, capitán de la embarcación. Los otros 30, de los cuales 29 son mujeres, permanecen con paradero desconocido.

El 16 de mayo se reportó la desaparición de la embarcación Ana María, en la que 29 personas embarcaron, también desde Güiria y de la que hasta ahora solo se ha conocido un sobreviviente, identificado como Alberto Abreu, capitán de la embarcación, presuntamente con antecedentes por tráfico de personas.

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