El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH Ucab) expresó alarma ante las diversas violaciones a los derechos humanos de un grupo de 58 ciudadanos venezolanos deportados de Colombia la semana pasada

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH Ucab) expone este martes, 3 de diciembre, una serie de violaciones a los derechos humanos de 58 venezolanos que estaban en Colombia y fueron deportados a Venezuela. Una de esas transgresiones son las detenciones arbitrarias a partir de la nacionalidad.

Según una nota de prensa de CDH Ucab, esta institución recibió informaciones de abogados que representaron a las víctimas, quienes indican que varios de ellos fueron interrogados por funcionarios sobre su nacionalidad, y al afirmar que eran venezolanos, se los llevaron sin mayores explicaciones, situación que se registró con varios detenidos en la plaza comercial de Bosa Recreo, Bogotá, y con otros que detuvieron en sus residencias.

Asimismo, la institución de derechos humanos de la Ucab señala que hay una ausencia del debido proceso, pues las autoridades migratorias alegan que el procedimiento usado para las expulsiones tiene carácter administrativo y se justifica porque, según el director de Migración Colombia, “estaban afectando la seguridad, el orden, adelantando actos vandálicos en las marchas”. No obstante lo dicho, las autoridades no presentaron las evidencias que vinculan a los expulsados con los actos de vandalismo.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que un decreto tampoco puede afectar derechos y mucho menos invocando razones de seguridad nacional u orden público, ya que esto supondría la suspensión de facto de garantías constitucionales que no han sido ni pueden ser suspendidas.

El Centro de Derechos Humanos agregó que a las víctimas les violan además la presunción de inocencia al aplicar una medida administrativa inapelable que les niega la oportunidad de defenderse y se insta a otros Estados a imponer una sanción extraterritorial a personas que no han tenido oportunidad de defenderse.

Otras de las irregularidades es la falta de transparencia en el proceso, el CDH Ucab ha tenido información de los abogados que representaron a los deportados, y según ese reporte, los afectados y sus familiares no fueron adecuadamente informados sobre el procedimiento. A los familiares se les dijo que la ejecución de la medida se realizaría a las 11:00 a.m del lunes 25 de noviembre; sin embargo, las personas afectadas por la orden de expulsión fueron sacadas del lugar de detención en la madrugada y trasladadas a un aeropuerto militar sin que sus familiares hubieran podido verlos en ningún momento ni conocer el lugar de destino.

En este orden de ideas, testimonios de familiares recogidos por los abogados y compartidos con el CDH Ucab, señalan que los deportados fueron sometidos a golpes y patadas. Adicionalmente, en el interior del autobús donde eran trasladados fue lanzada una bomba lacrimógena.

Así mismo, muchos de los afectados se encontraban sin dinero, con ropa ligera (pantalón corto, sandalias, como los sacaron de sus viviendas) y tuvieron que moverse desde San Fernando de Atabapo (población a seis horas en lancha de Puerto Ayacucho) a sus lugares de origen sin recursos ni comida.

Esta situación afecta a la familia, según los testimonios recibidos por el CDH Ucab. Las razones son varias: muchos de los deportados dejaron en Colombia a esposas (algunas colombianas) e hijos. Otros tenían a su cargo niños con necesidades especiales, situación que se produjo a pesar de que los derechos de la infancia se encuentran entre los no derogables, aun en estado de excepción.

El Centro de Derechos Humanos agrega que reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia frente a una situación masiva del flujo de personas desde Venezuela y le damos la bienvenida al anuncio del director de Migración Colombia sobre las nuevas políticas del país hacia los migrantes y refugiados venezolanos, que se darán a conocer durante esta semana. También precisa: «Confiamos en que la convulsión que afectó a Colombia en días pasados no detenga los esfuerzos de regularización e integración laboral y comunitaria de los venezolanos, que es la mejor forma de mantener control sobre los ciudadanos sometidos a su jurisdicción».