El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó sobre el desmantelamiento de bandas que robaban material «estratégico» de Corpoelec y también de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
«El día de hoy informamos al país sobre dos golpes importantes ejecutados contra bandas dedicadas al hurto y comercialización ilegal de material estratégico perteneciente a empresas del Estado», agregó el fiscal en declaraciones a la prensa.
Saab explicó que el 22 de octubre se descubrió en un galpón de la empresa Instalaciones Eléctricas Jairo Chirinos en Guacara, estado Carabobo, un carrete de cable lineal de cobre de mil metros, con un peso de seis toneladas.
Aseguró que el material encontrado fue sustraído de Corpoelec por Alberto Alzate, quien trabajaba en la empresa como gerente de distribución. Igualmente fue detenido Jairo Chirinos, propietario de Instalaciones Eléctricas.
Luego de las detenciones, el fiscal indicó que también encontraron equipos eléctricos y aires acondiciones, propiedad de Corpoelec en la vivienda de Alzate.
Igualmente denunció que el 23 de octubre se hizo una inspección en la empresa Postes Carabobo 2010 donde encontraron dos mil metros de guaya acerada y 100 toneladas de guaya eléctrica de aluminio y tres mil conectores eléctricos.
Agregó que ese mismo día fueron descubiertos ocho trabajadores de la estatal Pdvsa intentando robar 302 tubos del Campo Morichal en Maturín, estado Monagas. Saab señaló que estas tuberías son utilizadas para hacer reparaciones en pozos petroleros.
Estos empleados de Pdvsa fueron imputados por comisión de delitos de tráfico ilícito de material estratégico y asociación para delinquir.
Balance general
El fiscal impuesto por la ANC señaló que en todo el año han sido denunciadas 581 causas por daños al sistema eléctrico. «Esto nos alerta que pudiera ser todo esto inducido para buscar el colapso del sistema eléctrico nacional», alertó.
También informó que hay 313 investigaciones por hurto de cableado eléctrico, 268 por hurto de equipos como lámparas para el alumbrado público y que hay 707 personas privadas de libertad.
«Frente a este tipo de delitos no puede haber contemplación ni medidas sustitutivas», sentenció.
