EN LA CUARTA AUDIENCIA de juicio contra Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, Monagas, condenó al dirigente a 5 años y 9 meses de cárcel, pese a que es ilegal juzgar a civiles en tribunales militares.

El artículo 49, numeral 4, de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”.

El sindicalista lleva 8 meses y 15 días preso en la cárcel de La Pica, ubicada en ese estado. Le fueron imputados tres cargos militares: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.

“Hoy la narcodictadura mediante juicio militar anticonstitucional e ilegal somete al dirigente sindical Rubén González a 5 años 9 meses de cárcel. Su único delito fue defender los derechos de los trabajadores de Guayana y sus tablas salariales. Pero pronto vendrá la justicia y los encarcelados serán sus carceleros”, expresó Degraín Marichales, delegado de Sintraferrominera. “Hacemos responsable a la fiscal Karelis Nuñes y al juez coronel Alexis Baloa por cualquier veredicto inusual o fuera de las leyes”, dijo el dirigente sindical horas antes de la sentencia del tribunal militar.

Este martes 13 de agosto el dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas Mauro Zambrano, denunció que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desalojaron a la familia de González al momento de iniciar el juicio en su contra, a las 10:00 am.

Zambrano hizo la denuncia a través de su cuenta en la red social Twitter. Argumentó que estos actos judiciales son orales y públicos.

“Denunciamos que funcionarios de la Dgcim sacaron a los familiares de Rubén González del tribunal que celebrará su audiencia preliminar este 13 de agosto. Estos actos son orales y públicos. Exigimos su libertad inmediata”, escribió el dirigente.

El dirigente de Voluntad Popular (VP) del estado Bolívar José Basanta también denunció el hecho.

“Familiares de Rubén González denuncian que funcionarios del Dgcim los sacan del tribunal y acordonan todo el perímetro del mismo”, manifestó a través de su cuenta en la red social.

González fue detenido en la madrugada del jueves 29 de noviembre luego de que guardias nacionales retuvieron en Anaco a 60 trabajadores de empresas básicas de Guayana, entre ellos el dirigente sindical.

Regresaban de una protesta laboral realizada el miércoles en Caracas, en la que trabajadores de la administración pública les entregaron a comisionados de la Defensoría del Pueblo un documento en el que le exigen al funcionario Alfredo Ruiz Angulo que “ejerza las acciones necesarias ante el Ministerio del Trabajo o cualquier instancia judicial en defensa de los derechos e intereses colectivos de los trabajadores del sector público”.

El viernes de esa misma semana un tribunal militar de Maturín le dictó privativa de libertad y lo trasladaron a La Pica.

Del 8 al 12 de julio, la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela establecida por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitó al país para constatar las denuncias de violaciones a los convenios internacionales laborales relativos a la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Los miembros de la Comisión de la OIT también visitaron Guayana, donde la Intersectorial de Trabajadores de la ciudad (ITG), capítulo Heres, denunciaron la persecución a trabajadores y dirigentes de las empresas básicas de Guayana. Uno de los casos que mencionaron fue el de González.