EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD Social (OVCS) documentó 10.477 protestas durante el primer semestre de 2019, equivalente a un promedio de 58 diarias.

Esta cifra representa un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018 y 112% en relación a 2017.

El balance realizado por el OVCS durante el primer semestre de 2019 pone en evidencia la gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y como los derechos humanos de los ciudadanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación.

El colapso de los servicios públicos, acceso a medicinas e insumos médicos, alimentos, entre otros factores, agudizó de manera acelerada e insostenible la crisis venezolana. La situación humanitaria requiere atención urgente, la ayuda que ha ingresado hasta el momento es insuficiente frente a las necesidades de la población, por lo que las autoridades deben avanzar hacia una respuesta coordinada con órganos técnicos especializados, para resarcir la afectación a los derechos sociales y que los venezolanos puedan ver garantizado un nivel de vida adecuado y digno.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), expuso ante el mundo, en su más reciente informe difundido el 04.07.19, la existencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tanto en materia de derechos económicos y sociales como civiles y políticos, a consecuencia de la reducción del espacio democrático por la implementación de leyes, políticas y prácticas que buscan neutralizar, reprimir, criminalizar y atemorizar a la población.

El organismo confirmó las violaciones al derecho a la alimentación y el debilitamiento de los sistemas de producción y distribución como consecuencia de las políticas adoptadas en la última década; así como la gravedad del tema de salud y la falta de acceso a medicinas. La crisis en salud sigue agudizándose, una muestra de ello es la muerte durante el mes de mayo de 4 niños pacientes del Hospital J.M. de Los Ríos, en Caracas, mientras se encontraban a la espera de recibir un trasplante de médula ósea.

La crisis que padecen las familias venezolanas transciende del ámbito nacional al plano internacional. Los gobiernos de la región han sido testigos de una migración forzada de venezolanos generada por las precarias condiciones de vida y las graves violaciones de derechos humanos en el país. 4.054.870 personas se han visto forzadas a dejar el país, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo riesgo de aumentar es latente mientras no se tomen los correctivos de manera urgente.

Quienes permanecen en Venezuela se han mantenido en las calles exigiendo el respeto y garantía de sus derechos, más allá de la represión, miedo, discriminación, indolencia y apatía que el régimen de Maduro implementa como Política de Estado en el país.  

El primer semestre 2019 se caracterizó por:

● Arreció la Política de Represión. Uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Colectivos Paramilitares. Dejando un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas y otras 6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones.
● Reactivación del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y sus Subsistemas. Con el fin de obstaculizar, criminalizar y reprimir las protestas a nivel nacional.
● Participación de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (Raas) en las comunidades. Vecinos, integrantes de estas redes, ejecutan el rol de agentes de inteligencia, informando a cuerpos de seguridad y Colectivos Paramiltares sobre la ubicación e identidad de manifestantes.
● Respaldo popular al Presidente Encargado Juan Guaidó, en movilizaciones convocadas por partidos oposición y sociedad civil, logrando congregar a diversos y numerosos actores sociales y políticos durante los primeros 4 meses del año. Al cierre del semestre se aprecia una marcada disminución en la frecuencia de este tipo de manifestaciones y en la asistencia y participación de la ciudadanía.
● Incremento de las protestas en sectores populares, antiguos bastiones del chavismo, exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia.
● Aumento de las protestas por servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico.
● Repunte de saqueos en zonas vulnerables a causa de las fallas del sistema eléctrico.
● Alto índice de protestas ante la falta de distribución y venta de gasolina.
● A partir del segundo trimestre las protestas por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) nuevamente comienzan a tomar terreno en las calles.
● Trabajadores se mantienen en pie de lucha exigiendo el respeto a las contrataciones colectivas y salarios dignos.
● En junio fue la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante los tres días escuchó cientos de testimonios de víctimas y constató la violación de derechos humanos.

Distribución geográfica de las protestas

Durante el primer semestre, las protestas se diseminaron en todo el territorio nacional. En zonas rurales y urbanas. Muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos, otras planificadas y organizadas por simpatizantes de partidos políticos y grupos sindicales.

Las entidades con mayores índices de protesta son: Miranda (947), Distrito Capital (888), Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).

Participación política

Se documentaron 4.777 protestas ciudadanas exigiendo derechos políticos, con la participación activa de los venezolanos, quienes demandaron un cambio en el Ejecutivo, la recuperación de sus libertades y el restablecimiento de la democracia

Cabe recordar que en enero tanto el país, como gran parte de la comunidad internacional, desconoció la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República, y desde la Asamblea Nacional (AN), órgano popularmente electo, y único con legitimidad constitucional, se convocó a una transición democrática de la mano de Juan Guaidó, como Presidente Encargado.

Tras el acto de juramentación de Guaidó, y el reconocimiento público de más de 50 países y diversos organismos multilaterales como Presidente Encargado, entre febrero y marzo aumentaron las actividades de calle denunciando la usurpación de la presidencia y exigiendo un cambio político. Caracterizándose por una asistencia masiva de ciudadanos en cabildos, marchas y concentraciones.

El respaldo a una salida democrática a la aguda situación política se mantuvo en marzo, pese a los múltiples apagones nacionales que marcaron ese mes. Debido a la zozobra, pérdidas materiales y humanas, y necesidades básicas insatisfechas los venezolanos no dejaron de responsabilizar a la gestión de Nicolás Maduro de ser causante de los problemas, mientras la oposición política retomaba su agenda de calle interrumpida por el blackout eléctrico.

En abril repuntaron de nuevo las protestas políticas, hasta mediados de mayo, en el marco de la Operación Libertad, estrategia política liderada por el Presidente Encargado, partidos políticos de oposición, militares activos e integrantes de la sociedad civil, para rescatar del hilo constitucional y la democracia en Venezuela.

En mayo y junio se documentó una marcada disminución en el índice de protestas políticas y poca participación de los ciudadanos en actos políticos. Contrastando con las numerosas y masivas movilizaciones registradas en el país durante el primer trimestre.