Familiares del exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres hacen un llamado a la Alta Comisionada de Naciones Unidad, Michelle Bachelet, para que conozca su caso y se les permita visitarlo y saber con exactitud su lugar de reclusión.
En una carta los familiares aseguran que han pasado más de 50 días de absoluta incomunicación de Rodríguez Torres, de “quien lo último que se supo y, reposa en su expediente, fue el supuesto traslado desde Dgcim hasta el Regimiento 35 de la Policía Militar en Fuerte Tiuna”.
Denuncian que tanto como a ellos como a sus abogados se les ha impedido la información y tampoco se les ha confirmado el traslado, “por lo que desconocen su paradero y su condición de salud, y las autoridades responsables de su custodia no han ofrecido ninguna información al respecto, lo que suma más irregularidades a un proceso plagado de vicios, de retardos procesales, denegación de justicia y de violación al derecho a su defensa”.
En el escrito señalan que desde el 27 de abril de este año, Miguel Rodríguez Torres se encuentra desaparecido y que a pesar de que tiene orden médica para traslado a un Hospital para intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos, no han sido tomadas en cuenta por las autoridades, “poniendo en riesgo, por si fuera poco, su derecho a la vida”.
Posteriormente el 7 de junio, los abogados del también exdirector del Sebin, ejercieron un recurso de Habeas Corpus, para que las autoridades judiciales realicen las acciones necesarias para conocer su paradero y exigiendo una fe de vida ante la negativa de ofrecer respuestas.
“Hasta el momento se han enviado comunicaciones tanto a la Fiscalía Militar como a la Fiscalía de Derechos Fundamentales, a la Defensoría del Pueblo y al propio Tribunal de Control y Garantías que es el garante de su seguridad”, informan en la carta los familiares de Rodríguez Torres.
Además indican que han elevado este caso a organismos internacionales quien se encuentra en “desaparición forzada. Además, sobre Miguel Rodríguez Torres recae una medida cautelar de la CIDH, como en otros detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar”.
Es por esto que ratifican su llamado a la comunidad internacional y a Michelle Bachelet, como Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, para que conozca el caso y lo atienda.
