EL MINISTERIO PÚBLICO IMPUTÓ A seis funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, entre ellos al comisionado jefe Juan Bautista Cordero, por la muerte de un joven y lesiones contra su hermano durante un ataque a la población en una estación de servicio en el estado Mérida.

El 8 de junio, el joven fue asesinado por funcionarios, que arremetieron contra los ciudadanos que reclamaron por la pretensión de los policías de que se surtiera de gasolina a sus acompañantes, a pesar de las largas colas que se registran en la entidad para abastecerse de combustible.

Wildeman Paredes recibió dos impactos de bala en el pecho, y su hermano recibió varios perdigones cuando los funcionarios, al mando de Cordero, accionaron sus armas contra la población en la estación de servicio ubicada en el sector Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina.

Cordero y los oficiales Luis Gerardo Dávila, Freddy Bladimir Rodríguez, Daniel Antonio Vivas, Junior Valera y Erica del Carmen Peña se pusieron a la orden del Ministerio Público al día siguiente, según una nota de prensa del MP.

En la audiencia de presentación, las fiscalías 76ª Nacional y 13ª de Mérida imputaron a Cordero por el delito de homicidio calificado por motivos innobles, mientras que los oficiales Rodríguez, Vivas y Valero fueron imputados por este delito y uso indebido de arma orgánica.

Por su parte, Peña fue imputada como cooperadora inmediata del delito de homicidio calificado por motivos innobles.

El Tribunal 2º de Control de Mérida dictó privativa de libertad para los seis funcionarios de la PNB, que quedaron recluidos en el Destacamento de este cuerpo policial en Bailadores, municipio Rivas Dávila.