LA ALTA COMISIONADA para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de DDDHH un avance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
«Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional», dijo Bachelet este miércoles.
Bachelet afirmó que las condiciones de vida en Venezuela han venido deteriorándose desde el mes de junio de 2018 dejando claro que los niños, ancianos, pueblos indígenas y mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables por la situación.
Sector salud y servicios básicos
La Alta comisionada se refirió al sistema de salud en Venezuela y dijo que este “continúa deteriorándose” y que el mismo tiene un impacto significativo en mortalidad infantil y morbilidad materna. También denunció que en el país existe una propagación de enfermedades infecciosas que anteriormente permanecían erradicadas.
La comisionada explicó que la escasez de agua, de gas, y la crisis en el transporte público afecta a gran parte de la población. “Junto con la hiperinflación, esto genera condiciones económicas extremas que han provocado miles de protestas sociales”, aseguró.
En materia de educación, la comisionada indicó que más de un millón de niños ya no asisten al colegio y que esto se debe a que, principalmente, los padres no cuentan con los recursos suficientes, al fracaso de los programas de alimentación escolar, la crisis de transporte y ausencia de docentes.
Las Faes bajo la lupa
En su informe más reciente, Bachelet, dijo que se actualmente se está investigando posibles ejecuciones a manos de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana en Venezuela que, según reportes a los que tuvo acceso, la Faes mataron al menos a 205 personas en 2018 y otras 37 en enero de 2019 en Caracas.
“Parece que los asesinatos siguen un patrón similar y se producen durante allanamientos ilegales a las casas realizados por la FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan que las víctimas estaban desarmadas”, advierte la alta comisionada.
Sobre las protestas que han surgido en el país, Bachellet aseguró sentirse preocupada por la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas. «En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación», dijo.
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