Los asesinatos y detenciones arbitrarias durante las manifestaciones antigubernamentales ocurridas la semana pasada podrían superar las estadísticas de brutalidad policial y militar en 2014 y 2017. Proiuris insta a la Corte Penal Internacional a incorporar los más recientes atropellos al proceso emprendido en ese organismo contra Maduro

CON UN PROMEDIO DE SEIS MUERTOS POR DÍA, la actuación excesiva de los cuerpos de seguridad del Estado podría superar los registros correspondientes a 2014 y 2017. Nicolás Maduro y los funcionarios responsables de los atropellos sistemáticos y generalizados se reafirman como criminales de lesa humanidad.

Así lo alertó Proiuris, organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos humanos, la cual alertó sobre el incremento de la represión brutal en las manifestaciones públicas ocurridas entre el 22 y el 27 de enero de 2019.

Según los datos aportados por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Provea y Foro Penal, entre el 22 y el 27 de enero han ocurrido 35 muertes, entre ellas 8 presuntas ejecuciones extrajudiciales, durante o inmediatamente después de las manifestaciones contra Maduro.

La arremetida contra los que expresan en la calle su descontento y responsabilizan a Maduro de la profundización de la emergencia humanitaria compleja no tiene precedentes en la historia venezolana.

En el contexto de la primera oleada de protestas masivas contra el gobierno de Maduro, entre febrero y mayo de 2014, fallecieron 43 personas, según precisó Amnistía Internacional en su reporte “Venezuela: Rostros de la impunidad”. Mientras que en 2017,  la brutalidad policial y militar acabó con la vida de 134 personas, tal como consta en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fundamentó la denuncia contra Maduro y al menos diez altos funcionarios ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

En el referido informe, la OEA advirtió: “En respuesta a las 6.729 protestas que ocurrieron entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, el Gobierno ordenó al aparato de seguridad que hiciera frente a los manifestantes. La represión no fue el resultado de acciones aisladas o aleatorias. Bajo las órdenes del Presidente Maduro, el gabinete y los comandantes militares, desarrollaron y pusieron en marcha prácticas sistemáticas de represión y uso excesivo de la fuerza, incluyendo el asesinato, en contra de las protestas pacíficas. Esto no fue mera coincidencia. Fueron las acciones deliberadas de una dictadura desesperada por mantenerse en el poder. El Régimen creó una ‘nueva normalidad’ en que el Estado utiliza la violencia institucional sistemática en una guerra sucia contra el pueblo”.

La sistematicidad y generalidad  de los ataques a una población civil son dos principios fundamentales para acreditar la comisión de delitos de lesa humanidad, en los términos establecidos en el Estatuto de Roma.

El incremento de la represión contra los que se han sumado al repudio a Maduro, a partir de  la declaración de usurpación del poder realizada por la Asamblea Nacional, permite verificar, una vez más, que no se trata de hechos aislados sino que corresponden a un patrón de conducta. Más específicamente a una “repetición no accidental de una conducta delictiva similar sobre una base regular”, caracterizada por su masividad, frecuencia, ejecución colectiva y a gran escala, que afecta a una multiplicidad de víctimas.

En materia de detenciones arbitrarias, la tendencia también es ascendente y revela un recrudecimiento del uso artificioso de la justicia penal en perjuicio de quienes expresan opiniones contrarias al régimen, lo cual es violatorio del derecho a la manifestación, consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Foro Penal ha registrado 850 detenciones arbitrarias entre el 22 y el 27 de enero de 2019, de las cuales, 653 fueron el 23 de enero. De los detenidos durante y después de las protestas, fueron privados de libertad 703, entre ellos 77 menores de edad y 100 mujeres.

Proiuris se compromete a continuar contribuyendo con la documentación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y acompañando a  las víctimas, y exhorta a la Corte Penal Internacional a incorporar al proceso emprendido contra Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad las más recientes evidencias de represión sistemática y generalizada por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra los que rechazan la instauración de una dictadura en el país.