Muchas de estas acciones se ejecutan «en coordinación con grupos irregulares armados», destacó Rafael Uzcátegui de Provea

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El pasado 23 de enero, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente de la República, no solo rompió el récord de muertes durante protestas antigobierno (al menos 20), sino también el de detenciones: hasta la mañana de este lunes, 28 de enero, 696 habían sido registradas y ese número seguramente superará las 700, de acuerdo con la ONG Foro Penal.

Desde el 21 de enero, y en un plazo de una semana, 850 personas fueron arrestadas. De este grupo, 100 son mujeres y otros 77 son adolescentes.

«Detuvieron a una muchacha indígena en Amazonas, una niña de 14 años. En Yaracuy, 11 niños fueron detenidos y una niña. Quedaron privados de libertad por orden de un juez sin justificación alguna», denunció Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal.

En este grupo de adolescentes está un joven de 16 años que salió de su casa –en Mamera, al suroeste de Caracas– hacia una bodega cercana en el callejón Bucare a las 8:40 pm del 22 de enero. Allí lo arrestaron junto a cuatro menores de edad y varios adultos.

Según sus familiares, el expediente del joven fue falseado. Allí se señala que lo detuvieron el 23 en la madrugada con un escudo de madera, explosivos y carteles que decían «Fuera Maduro». «Dicen que estaban lanzando piedras, pero estaban en una bodega», aseguró un pariente.

Con la cifra de 850 detenidos, el número de presos políticos en Venezuela se incrementa a 976. Distrito Capital, Aragua y Zulia encabezan, en ese orden, la lista de estados en donde se han registrado mayor cantidad de arrestos recientemente.

«Es un patrón agravado de lo que ya hemos venido señalando, de lo sistemático de las detenciones que conlleva, evidentemente, a crímenes de lesa humanidad», declaró Romero, quien agregó que la lista de arrestados será llevada al Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

«Esto se produce por una instrucción que da Nicolás Maduro en canal de televisión donde señala la pena máxima para todas estas personas que fueron detenidas en protestas y esa orden fue llevada a cabo el 23 de enero. Y siguen llevándose a cabo detenciones», añadió el director ejecutivo de Foro Penal.

Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, informó que la organización ha documentado 35 muertes en el contexto de las protestas en 10 estados de Venezuela. Distrito Capital, con 10 víctimas; Bolívar, con 8; y Portuguesa, con 4, son las entidades que más reportan decesos.

La mayoría de las víctimas, tal como ocurre con las detenciones, provienen de zonas populares. Y es allí, según Uzcátegui, donde también suceden operativos que buscan a los manifestantes luego de que termina la protesta.

«Estamos consolidando una base de datos de situaciones que ocurren después de las manifestaciones, es decir, no solamente en el contexto de protestas, sino que cuando finaliza una protesta comienza un operativo para detectar, seguir y ubicar a las personas que han participado en estas movilizaciones y en este momento tenemos a 9 personas ajusticiadas luego de las protestas», acotó.

Uzcátegui apuntó que el principal responsable de este tipo de procedimiento es la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

«Este no es un ente que ha sido entrenado para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza sino que su lógica es la del ataque letal (…) Toman territorialmente un sector y allí dan de baja a una serie de individuos en una lógica de guerra de extermino», condenó Uzcátegui.

El coordinador de Provea afirmó que muchas de estas acciones se ejecutan «en coordinación con grupos irregulares armados», es decir, con los colectivos que viven en estas zonas.