EL FISCAL GENERAL de la República, Tarek William Saab, informó que los dos funcionarios que acompañaban al concejal, Fernando Albán, en la sede del Sebin el día de su muerte, están siendo investigados y el Ministerio Público presentó “una solicitud de imputación por el quebrantamiento de las obligaciones de custodia, previsto en el artículo 267 del Código Penal”.
”Consideramos que hubo una actuación negligente de los funcionarios encargados de la custodia, pero eso no los hace responsable de una determinación individual del concejal de suicidarse”, dijo en entrevista en Vladimir a la 1 en Globovisión.
Saab reiteró que la autopsia arrojó que la muerte se produjo por el golpe que recibió al caer, y agregó que están recabando todas las pruebas audiovisuales y testigos que permitan esclarecer ante la opinión pública lo ocurrido. “La autopsia de Albán es auditable”, insistió.
Otros Casos
Saab aseveró que el dirigente político Juan Requesens, fue atendido este martes, por el edema facial que presentaba desde hace varios días.
Al recordar que el integrante del partido Primero Justicia (PJ), fue privado de libertad por su vinculación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, indicó que este podría tener una reducción de su pena, si delata al resto de los productores materiales del hecho.
“El fue acusado el 28 de septiembre por varios delitos donde el mismo ha asumido sus responsabilidades, el mismo admitió los hechos; él podrá delatar, no se, porque eso le brindaría la garantía judicial del rebajo de la pena”.
De acuerdo con la solicitud de extracción realizada por el MP a las autoridades españolas, de quien fue la secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Funden), Claudia Patricia Díaz Guillén, por su vinculación en casos los Panamá Papers, Saab anunció que junto a su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, están siendo investigados por la legitimación de capitales.
“Ella y su esposo son requeridos por el Ministerio Público, por la comisión de delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito”, dijo.
Aseguró que las investigaciones realizadas a la ex tesorera de la nación y a su esposo, arrojaron que ambos han tenido a su nombre, al menos siete empresas en Panamá, una en Estados Unidos, nueve apartamentos, tres casas, cuatro posadas, cuatro vehículos, dos motos y una empresa de buceo.
