UN PROMEDIO DE 33 PROTESTAS AL DÍA fueron documentadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el mes de septiembre, para un total de 983 protestas, la mayoría de ellas por derechos económicos, sociales, culturales o ambientales.

Las protestas de este septiembre incrementaron 394% con respecto al septiembre de 2017, cuando se documentaron 199 protestas. En las de 2018, 87% fueron para exigir derechos económicos, y 221 protestas fueron combinadas. «Se exigieron distintos derechos simultáneamente, siendo los cierres de calle y concentraciones las principales modalidades de protesta», explica el observatorio.

Demanda de derechos sociales, contrataciones colectivas, exigencias laborales, colapso de servicios básicos y protestas de adultos mayores fueron los principales motivos de las protestas registradas.

Los estados Bolívar, Táchira, Distrito Capital, Anzoátegui y Lara fueron las entidades con mayores índices de protestas.

En su registro, el OVCS categoriza los cinco derechos más exigidos que engloban las 983 protestas de septiembre. En el caso de los derechos laborales, estos resultaron en 409 protestas en todo el país, un aumento motivado por las medidas económicas implementadas por Nicolás Maduro ese mes, por lo que el observatorio concluye que el «paquetazo de Maduro» aumentó la conflictividad. Acciones de protestas por gremios laborales rechazando el aumento unilateral del salario mínimo y exigencias por las contrataciones colectivas que fueron desconocidas por el gobierno son las más comunes.

Adultos mayores, jubilados y pensionados exigieron sus derechos en 97 ocasiones en septiembre al pedir prinicipalmente el pago de su pensión completa, dotación de medicinas y acceso a los alimentos.

Al menos 9 protestas diarias se registraron el mes pasado por el deterioro de los servicios básicos, para contabilizar un total de 272. El gas doméstico fue el servicio más protestado en septiembre con 125 acciones, seguido del agua potable con 91  y de la energía eléctrica con 56.

Las protestas para exigir Derechos Civiles y Políticos (DCP) aumentan su representatividad en el índice mensual de manifestaciones a nivel nacional. Durante el mes de septiembre estuvieron centradas mayoritariamente en rechazo a las acciones del Estado en contra de dirigentes e integrantes de partidos políticos de oposición (60). Así cómo denuncias a la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de libertad (50).

Por otro lado, los profesionales de la salud superaron los 90 días de protesta con al menos 140 acciones de calles, en las que reclaman salarios dignos, insumos médicos, condiciones sanitarias e infraestructura óptimas para la atención de pacientes, dice el OVCS.

Las acciones del sector salud impulsaron la lucha en diversos gremios, como educación, eléctrico, telecomunicaciones, siderúrgico, entre otros; que hicieron uso de la protesta pacífica para defender sus derechos laborales, contabilizando un total de 149. Les siguieron los trabajadores del sector estudiantil (133) y transportistas.

Se agudiza la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela

Venezuela atraviesa una profunda crisis social y política, que se agudiza con el pasar de los días. Del total de protestas documentadas, 87% estuvo determinada por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo cual quiere decir que la población se siente indefensa al no poder satisfacer sus necesidades básicas y recurre a las acciones de calle para llamar la atención de las autoridades.

El Estado debe cumplir con sus obligaciones y atender las demandas de los ciudadanos, priorizar los recursos para el acceso inmediato al derecho a la salud y a la alimentación, generar una política pública de inclusión para todas y todos los ciudadanos, no solo de un sector ideológicamente identificado con el partido oficialista. El Estado de Excepción y Emergencia Económica, nuevamente declarado y con extensión por 60 días, en vez de recuperar económicamente al país, impone nuevos controles e incrementa el poder del Ejecutivo.

Las medidas económicas, lejos de convertirse en una solución, han agudizado la situación de los trabajadores ante el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario, su inestabilidad laboral y la pérdida de beneficios contractuales, producto de largas luchas sindicales. El aparato productivo nacional está en crisis, cada vez con menos opciones para su recuperación, resultado de las decisiones unilaterales del gobierno. Las consecuencias resultarán reflejadas en una clase obrera cada vez más empobrecida, descapitalización de talento y cierre operativo de las industrias por falta de mano de obra calificada.

A esto último se suman las fallas de los servicios básicos en detrimento de la población y de los sectores productivos, que han tenido que limitar sus actividades por falta de electricidad, agua o gas durante días. Esta situación hace insostenible cualquier plan de desarrollo del país. Por el contrario, avanza hacia su colapso.

Desde el OVCS, reiteramos que 2018 se convertirá en el año con mayor número de protestas registradas en los últimos diez años, por encima de 2014 y 2017. Todos los récords de protestas han ocurrido durante el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ratifica el progresivo descontento popular y la agudización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

*Con información de OVCS