EL PASADO 20 DE SEPTIEMBRE NICOLÁS MADURO dijo que a partir del 1° de octubre el petro funcionaría como moneda de intercambio comercial. Y el viernes pasado la vicepresidente Delcy Rodríguez informó que desde noviembre la emisión y prórroga del pasaporte se pagarán exclusivamente con petros. La medida ha sido cuestionada por economistas y dirigentes gremiales, quienes aseguran que es inconstitucional e inviable.

Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, expresó que el gobierno no puede imponer el medio de pago debido a que cada venezolano tiene el derecho de elegir con qué pagará un bien o servicio, como el pasaporte, la gasolina o un boleto aéreo.

Con la medida, aseguró, el gobierno vuelve a improvisar tal y como lo hizo con la reconversión monetaria –que le quitó tres ceros al bolívar y luego dos más–, y con el precio internacional de la gasolina, cuyo monto en el que se cobrará sigue sin saberse dos meses después de que el mandatario anunció el aumento del combustible. “Es una improvisación ponernos a pensar en unos petros que no están funcionando ni están en circulación, y que tampoco se ha demostrado su capacidad de pago tanto en el extranjero como en el país”, dijo.

León Parilli afirmó que el bolívar es la moneda de curso legal, según lo establecido en la Constitución nacional, además de que también es reconocida y aceptada internacionalmente.

El economista Luis Oliveros aseguró que los principales escollos legales que tiene el petro son: no está aprobado por la Asamblea Nacional y el gobierno trata de venderlo como otra moneda de curso legal, cuando el artículo 318 de la carta magna indica claramente que “la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”.

El gobierno no respeta la Constitución y, además, cree que puede tapar veinte años de errores en materia económica al crear un criptoactivo, añadió.

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