SANCIONES, ALLANAMIENTOS DE LA INMUNIDAD, detenciones y persecución a diputados de la Asamblea Nacional (AN), el impedimento de juramentar a cuatro parlamentarios de Amazonas, dejando sin representación a dicha entidad, el no reconocimiento de la junta directiva de 2016 ni la de 2017 y sus consecuencias administrativas, la anulación de actos como la designación de trece magistrados principales y veinte suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –competencia prevista en la Constitución– afectaron la función organizativa del Poder Legislativo, por sentencias del máximo tribunal de la República entre diciembre de 2015 y agosto de 2018.
Con ello, se vieron afectados los derechos civiles y políticos tanto de los diputados como de los ciudadanos que los eligieron.
Un fallo digno de resaltar es que el gobierno del Poder Judicial modificó parcialmente el Reglamento de Interior y Debates de la AN (sentencia 269 de la Sala Constitucional del 21 de abril de 2016), entrometiéndose de lleno en su funcionamiento interno, pues se le quitó a la Cámara la potestad de modificar el orden del día durante una sesión, bien sea para incluir o excluir un tema.
Las trabas impuestas por Miraflores a través del TSJ llegaron al punto de prohibirle a un poder autónomo como lo es el legislativo dirigirse a organizaciones internacionales en nombre de Venezuela (sentencia número 468 de la Sala Constitucional del 14 de junio de 2016). Esto a propósito del acuerdo que la AN aprobó para denunciar la ruptura del orden constitucional y democrático y reclamar la devolución de las facultades legislativas de los parlamentarios, el cual sería remitido a organismos defensores de la democracia y de derechos humanos fuera de nuestras fronteras.
Acceso a la Justicia pone a disposición de la prensa, ONG y profesionales del Derecho un listado de diecinueve sentencias del alto tribunal, dictadas desde diciembre de 2015 hasta agosto de 2018 en cuanto a la función organizativa, y tres que afectaron otras áreas del funcionamiento de la AN.
Con información de Acceso a la Justicia
