En el marco de la cumbre de la CELAC varios mandatarios, en particular aquellos de los gobiernos autodenominados “progresistas” expresaron sin mayor reserva su deseo de sustituir a la OEA, aquel organismo “sembrado por el imperialismo”, y sustituirle por ese nuevo cenáculo regional que nace en Caracas con más ideas y propuestas cargadas de consignas, que con claridad sobre cómo el desideratum se transformará en palpable realidad.
La OEA ha caído en desgracia desde hace tiempo. Por su falta de acción efectiva para resolver conflictos regionales o su incapacidad para atender quiebres graves de la institucionalidad democrática que se han dado en varios países del hemisferio. Pero de toda la burocracia continental que personifica la OEA, nadie podrá jamás criticar fundadamente el loable trabajo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que incluso ha servido de modelo a sistemas análogos en Europa y África.
Habría que preguntarse por qué la insistencia de tantos mandatarios en utilizar el “auge” de la CELAC para crear instancias paralelas de derechos humanos. ¿Será quizás porque el cúmulo de denuncias sobre sus respectivos ejercicios gubernamentales ha aumentado y se ha tenido que ventilar ante entes internacionales por falta de respuesta de los organismos domésticos? ¿O será pobablemente porque esos mismos Gobiernos no han podido demostrar su inocencia en todos los procesos de los que han sido partes?
Quienes critican el sistema interamericano y sus dos componentes -la Comisión y la Corte- deberían más que buscarle un reemplazo dócil y vulnerable, plegado además a los vaivenes políticos de la región, encontrar una manera de establecer concordancias entre sus obligaciones internacionales -libre y soberanamente asumidas- y, la realidad en sus distintos países. Lo contrario es atacar al mensajero y no el mensaje. Criticar a los funcionarios internacionales y no ir al fondo del contenido de lo que dicen en sus informes o se expresa en los fallos de la Corte.
Suponiendo que los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos decidiesen abandonar el sistema, el artículo 78,2 del referido instrumento expresa que la “denuncia” de este tratado “no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas” en el mismo, “en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente”.
Además, el consagrado principio internacional de la progresividad haría impráctica una salida de cualquier país del sistema. Pero hay más. Si en efecto tal salida se produjese, cualquier “nuevo” sistema regional de protección de derechos humanos no podría obviar las características intrínsecas de tales derechos y los deberes consustanciales que todos los Estados tienen. O sea, sus conclusiones serían en principio, las mismas.
Razón tiene José Migue Vivanco de Human Rights Watch al decir: “el énfasis debería estar en el diseño e implementación de una agenda concreta que permita la protección de los valores jurídicos democráticos que la región se ha comprometido a defender, en vez de debatir sobre fórmulas que buscan aplaudir a los Gobiernos de turno, sean estos progresistas o no”.
La universalidad de los derechos humanos no puede ser puesta en entredicho y el buscar excusas para sortear los compromisos estatales, más bien deja en evidencia que las políticas públicas de algunos de los miembros de la CELAC, no buscan precisamente garantizar o satisfacer los derechos de sus ciudadanos.
Si los derechos humanos surgen como eje transversal de la CELAC, el nuevo organismo regional tendrá un duro desafío ante sí: la politización del tema y la creencia de algunos de que pueden eludir la justicia.
Omar Hernández
@omarhUN
