Las 5 noticias petroleras más importantes de hoy #15J

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El Gobierno estrecha el cerco al autoconsumo eléctrico: las claves del nuevo decreto

El polémico “impuesto al sol” será sustituido por dos nuevos peajes, y no habrá compensación económica por la electricidad excedentaria que se vierta. Se gravará el uso de baterías o sistemas de almacenamiento, y solo podrán usar estos acumuladores quienes no se conecten a la red. Industria mantiene que el autoconsumidor que no es totalmente independiente debe pagar porque se sigue beneficiando del sistema. Países como Japón, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal o la mayor parte de EE UU no ponen trabas al autoconsumo.

De aprobarse definitivamente los nuevos cargos incluidos en el nuevo real decreto redactado por el Gobierno para regular el autoconsumo eléctrico, un particular que decida apostar por esta modalidad de abastecimiento energético (ya sea para reducir la factura de la luz, una de las más caras de Europa, o movido tan solo por razones medioambientales), no podría recuperar su inversión hasta dentro de, al menos, treinta años (prácticamente el tiempo de vida máxima de estas instalaciones). En cuanto a las medianas y pequeñas empresas, el sector al que más puede beneficiar el autoconsumo, el tiempo medio de rentabilización oscilaría entre siete y ocho años. En ambos casos el coste es lo suficientemente alto como para pensárselo dos veces. El Gobierno califica el decreto de “solidario”; los afectados, de “disuasorio”. Los cálculos son de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), es decir, del lobby solar, un grupo de presión que agrupa a empresas del sector y que, obviamente, tiene intereses económicos en que exista un marco legal lo más libre de tasas y gravámenes posible. Pero las nuevas medidas proyectadas por el Ministerio de Industria, una actualización del polémico “impuesto al sol” anunciado hace un par de años, no están siendo criticadas únicamente por el sector afectado. Tanto los partidos de la oposición como grupos ecologistas y asociaciones de consumidores han alzado también su voz contra lo que consideran un auténtico cerco al autoconsumo eléctrico en España, y un blindaje del Gobierno a las compañías eléctricas, cuyo oligopolio se ha visto amenazado en los últimos años por el abaratamiento de los paneles solares y por la aparición de baterías de almacenaje mucho más efectivas y baratas, como la recientemente presentada por la compañía estadounidense Tesla. Las iniciativas del Gobierno están siendo investigadas también por el Parlamento Europeo.

Los defensores del autoconsumo mantienen que el contenido de este decreto choca de plano con la normativa europea para la promoción de pequeñas instalaciones, así como con las medidas vigentes para el fomento de la producción individual y de la eficiencia energética. Denuncian asimismo el contrasentido que supone que sea precisamente España, cuyas condiciones para el uso de la energía solar son de las más idóneas del mundo, uno de los países donde más complicado resulta actualmente hacer rentable el autoabastecimiento eléctrico, y destacan que la mayoría de los países de nuestro entorno están caminando en la dirección contraria. El Gobierno, por su parte, apela a la solidaridad de los autoconsumidores para cubrir los costes del sistema, e insiste en que únicamente pretende hacer pagar a aquellos que se mantienen también conectados a la red. Según ha declarado el ministro de Industria, José Manuel Soria, “si alguien quiere producir su propia energía y consumirla no tiene que pagar ningún tipo de canon ni impuesto, solo la instalación que se haga en su casa. Pero si además quiere estar enganchado a la red, entonces tendrá que abonar un peaje por la utilización de esa red”. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece, efectivamente, que “todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico”. Reducción del déficit El nuevo paso dado por Industria parece estar relacionado también con uno de los principales objetivos del Ministerio durante toda la legislatura: reducir el déficit eléctrico, algo a lo que, según el ministro, no ha ayudado el desarrollo experimentado por las energías renovables. Soria llegó incluso a insinuar una relación entre el autoconsumo y el precio de la luz, al declarar, el pasado mes de abril, que el impulso a las energías renovables ha supuesto “un problema” a la hora de reducir el déficit, y esto “ha repercutido sobre la factura eléctrica”. “Cada vez que pagamos la factura de la luz, pagamos no solo el precio de la energía, sino también los impuestos y peajes necesarios para tener la electricidad”, dijo. Los defensores del autoconsumo de energías renovables, por su parte, argumentan que éste contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los combustibles fósiles y a reducir la dependencia energética; que supone un avance en la democratización de la producción de electricidad, actualmente controlada por un pequeño número de grandes empresas; y que eventualmente contribuirá a crear puestos de trabajo en este sector. El propio Soria ha reconocido que el avance experimentado durante estos últimos años por este tipo de energías ha permitido que España se encuentre “muy bien posicionada a nivel mundial” y que pueda cumplir con los objetivos europeos de eficiencia energética. El borrador del nuevo real decreto, dado a conocer, precisamente, en el Día Mundial del Medio Ambiente, y coincidiendo con la situación de vacío de poder autonómico existente tras las elecciones del 24-M, está aún en fase de consultas. Industria ha apuntado que comenzará a desarrollar su tramitación “de manera inmediata”, este mes o el próximo, con el objetivo de que esté aprobado antes del verano. Tendrá que pasar todavía, no obstante, por una fase de alegaciones, y deberá recibir asimismo los vistos buenos tanto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como de Bruselas. Éstas son sus claves principales. “El mismo perro con distinto collar” Con este nuevo decreto, el Gobierno sustituye la polémica tasa bautizada —por Iberdrola— como “peaje de respaldo” (un cargo a los autoproductores conocido popularmente como “impuesto al sol”, e incluido en el anterior borrador de 2013) por dos nuevos peajes: uno de acceso a las redes y otro asociado al resto de los costes del sistema. Se trata de un cambio conceptual, por el que el Ministerio eximirá a los autoconsumidores de pagar a las redes eléctricas cuando estén produciendo electricidad para uso propio, pero les gravará con nuevos cargos, conocidos como “cargos por autoconsumo”, para cubrir los costes de balance de su propia actividad. Según el director general de UNEF, José Donoso, “es el mismo perro con distinto collar”.

Así, a partir de ahora, Industria diferenciará entre un peaje para sufragar las redes, que el autoconsumidor solo costeará cuando esté vertiendo o recibiendo electricidad a la red, y los cargos del sistema, que cubrirán desde las primas a las renovables hasta las anualidades del déficit de tarifa, y que el autoconsumidor deberá sufragar en todos los casos. “Pagar por lo que se utiliza” Según Industria, el cargo por autoconsumo está destinado a “cubrir los servicios de balance necesarios en el mercado de producción”, y “se aplicará sobre la energía autoconsumida”. Para justificar la medida, el Gobierno apela a la “solidaridad”, e indica que el autoconsumidor “se beneficia del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun cuando pueda estar autoconsumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada, al contrario de lo que ocurriría si este consumidor se encontrara aislado del sistema eléctrico”. En palabras del ministro, José Manuel Soria, no imponer este peaje “equivaldría a que el resto de consumidores estarían financiando una parte del coste de la red que también utilizan los autoconsumidores, por lo que lo justo es pagar por aquello que se está utilizando”. Según Industria, no pagar este peaje perjudicaría a los consumidores más vulnerables, si bien ello supone dar por hecho que solo invierten en instalaciones solares los que tienen mayores rentas. Sobre el coste de las redes de transporte y distribución, Industria explica que “se aplicarán como contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán aplicados considerando el uso real que se realiza de ellas”. De esta forma, “no existirá aplicación de peaje de acceso a redes por la energía autoconsumida, teniendo en cuenta que no se hace uso de la red”, señala el borrador de real decreto. “Pagar doblemente” El borrador introduce una disposición en la que se establece una reducción del peaje de respaldo, hasta el 31 de diciembre de 2019, para las instalaciones ubicadas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, por considerar que el autoconsumo reduce los costes de producción en sistemas aislados como los de Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, y según los detractores del nuevo decreto, este plazo de cuatro años durante el que estas comunidades verán disminuido el impuesto, difícilmente alcanzará para amortizar el costo de las instalaciones. La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, ya ha anunciado que pedirá el próximo martes en Bruselas a la Unión Europea que” prohíba a los estados miembros establecer impuestos al sol”. En un comunicado, el Ejecutivo regional indicó que ésta es la pretensión del Gobierno de España con su proyecto de real decreto, en el que “penaliza claramente esta modalidad energética e impide su desarrollo al hacer inviable la inversión en Canarias”. Para Luengo, “este borrador dice que hay que poner el impuesto al sol porque alguien tiene que pagar las redes al descender los ingresos de las eléctricas. Quiere hacer creer que instalar el autoconsumo significa no pagar el mantenimiento de las redes. No es verdad, lo que quiere es que paguemos doblemente por lo que ya pagamos, porque las redes se van a seguir pagando aunque esté instalado el autoconsumo”. “Lo que hace Soria es cargar sobre el consumidor lo que van a dejar de ingresar las eléctricas, en vez de buscar fórmulas como puede ser la auditoría de los costes de generación reconocidos, es decir, saber de verdad cuánto cuesta generar energía”, añadió. Guerra a las baterías El nuevo real decreto incluye asimismo un nuevo cargo que desincentivará el uso de baterías o sistemas de almacenamiento por parte de los autoconsumidores de electricidad. Con la nueva regulación, estos autoconsumidores no solo no podrán recurrir a baterías como la lanzada recientemente por la compañía estadounidense Tesla, sino que sufrirán una penalización para los sistemas de almacenamiento que ya incorporan los nuevos paneles solares. Así, solo podrán usar estos acumuladores los que no se conecten a la red eléctrica y dispongan por tanto de una instalación aislada.

El Real Decreto 1699/2011 ya prohibió la posibilidad de intercalar una batería entre la instalación de generación y el equipo de medida. Sin embargo, los nuevos paneles solares incorporan en algunos casos baterías que ya no se encuentran intercaladas en el circuito y que, por tanto, podrían ser susceptibles de utilizarse sin trabas regulatorias. Este aspecto explicaría la disposición transitoria del nuevo borrador que fija el nuevo cargo del que quedan excluidas las instalaciones que no lleven acumuladores. En concreto, el gravamen se aplica sobre la potencia y oscila entre los 8,9 euros por kilovatio (kW) y los 15,3 euros por kW para potencias inferiores a 15 kW conectadas en baja tensión, lo que, según los expertos, resultará suficientemente disuasorio. Las baterías incorporadas a las placas solares suelen tener una autonomía media de unas dos horas y su uso está siendo incentivado por reguladores como los de Alemania, que han encontrado en ellas una solución para no concentrar en los mismos periodos del día los vertidos de electricidad a la red. La energía sobrante, regalada El decreto presentado por el Gobierno supone un duro golpe para los defensores del denominado “balance neto”, un sistema que permite verter a la red eléctrica el exceso de energía producido por un sistema de autoconsumo, con la finalidad de poder hacer uso de ese exceso en otro momento. Mediante este sistema, la compañía eléctrica que proporciona la electricidad cuando la demanda es superior a la producción de autoconsumo (por ejemplo, por la noche, cuando los paneles fotovoltaicos no producen electricidad), descuenta en la factura los excesos vertidos a la red. Esta modalidad, existente en la mayoría de los países con regulaciones para el autoconsumo, permite hacer uso de la electricidad producida en exceso (en vacaciones, o durante determinadas horas del día en las que el autoconsumidor produce más de lo que necesita). El borrador de Industria señala, sin embargo, que la electricidad excedentaria que los autoconsumidores puedan verter a la red no tendrá ninguna contraprestación económica, salvo que den de alta una empresa en el registro mercantil y paguen el IVA, algo que no resulta muy rentable para la mayoría de los hogares. La energía sobrante, por tanto, deberá ser cedida, excepto en el caso de que se llegue a un acuerdo con la empresa distribuidora. Sí podrán vender excedentes las empresas, al precio del mercado eléctrico y solo en el caso de las plantas más pequeñas, con un tope de 100 kW. A estos autoconsumidores en alta tensión sí se les permitirá implantar sistemas de ahorro y eficiencia, si bien los generadores y las baterías de almacenamiento quedarán también excluidos de esta modalidad. La consecuencia es que, para la mayoría de los autoconsumidores, el único beneficio obtenido es el ahorro en la compra de energía de la red, algo insuficiente a la hora de rentabilizar la inversión, pero que, de algún modo, se compensaba hasta ahora en el hecho de que la inscripción y autorización para la modalidad de instalación sin vertido eran mucho más sencillas que para aquellas con vertido. Sin bono social Una vez que se apruebe el nuevo decreto, las instalaciones de autoconsumo que no generen energía suficiente para abastecerse estarán obligadas a contratar la electricidad extra que necesiten en el mercado libre, y no a través de una comercializadora de referencia (aquellas que están habilitadas por la ley para suministrar a los pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW el nuevo precio horario, o PVPC —la antigua tarifa de último recurso—, al que están acogidos la mayoría de hogares). Tampoco optarán al bono social, reservado para los consumidores más vulnerables.

Según el Gobierno y las eléctricas, la medida se justifica en que los hogares con menos recursos no pueden pagar este tipo de instalaciones, cuyo precio suele superar los 9.000 euros. La UNEF, sin embargo, denuncia que el decreto demuestra “una insensibilidad con la pobreza energética” y recuerda que varias ONG trabajan en proyectos para facilitar instalaciones de autoconsumo a personas sin recursos. También critica el carácter retroactivo de la disposición, que afectaría también, por tanto, a las instalaciones ya existentes. Estudios de viabilidad prohibitivos Otra medida disuasoria, y también retroactiva, es que, independientemente de cuál sea el tamaño de la instalación, el interesado deberá realizar un estudio de punto de conexión,  o de viabilidad, cuyo coste puede llegar a ser más alto que el del propio panel solar. De este modo, y según informa eldiario.es, el decreto acaba con la posibilidad de legalizar instalaciones por el más sencillo Reglamento Técnico de Baja Tensión. A partir de ahora, deberán regularizarse todas las instalaciones por el proceso más complicado y costoso, el establecido en el Real Decreto 1699/2011. “Alguien que haya comprado una placa de 1.000 euros tiene que solicitar un estudio de conexión eléctrica aunque no vaya a verter energía a la red que le va a costar 400 euros”, explica el director general de UNEF en declaraciones recogidas por ese diario. En el caso de las plantas de menor tamaño, “en Portugal basta con entrar en la web del ministerio y comunicar que se tiene una instalación de esas características”, añade. Plantas ilegales y multas desproporcionadas Según señala la UNEF, el carácter retroactivo del decreto implica también que las instalaciones que ya han sido regularizadas por algunas comunidades autónomas (especialmente en Cataluña, Baleares y Navarra, donde muchas de ellas se han autorizado por vías más rápidas), tendrían que adaptarse ahora a la nueva norma para no ser consideradas ilegales. La patronal del sector calcula que el año pasado se instalaron en España unos 22 MW fotovoltaicos, la mayoría para autoconsumo en sector servicios, aprovechando estas ventajas. Además, la UNEF denuncia que el decreto mantiene las multas de hasta 60 millones de euros para las instalaciones que no se regularicen con la nueva normativa, una sanción “desproporcionada” que es el doble de la multa prevista para los escapes nucleares y hasta 260 veces más que la prevista para negligencias que provoquen un accidente aéreo. En otros países El sistema de balance neto existe ya en numerosos países, entre ellos, Alemania, Portugal, Grecia, Italia, Dinamarca, Australia, Estados Unidos y México. En EE UU se denomina crédito eléctrico y está aprobado en 40 estados; Japón utiliza un sistema similar de ámbito municipal; en Alemania existe además una prima por el autoconsumo; en Italia se abona el doble y no se paga por lo que se consume; en Bélgica se aplica un sistema híbrido de primas y “certificados verdes”; y en Portugal se permite el desarrollo del autoconsumo de hasta 1 MW sin ningún tipo de peaje, mientras que el balance neto se realiza pagando el precio de la energía excedentaria a un 90% de su precio de mercado. El autoconsumo eléctrico, en cifras España es el cuarto país con la electricidad más cara de Europa. En toda la UE, solo la superan Dinamarca, Alemania e Irlanda. En esos tres países, el precio medio por 100 kilovatios-hora (incluidos todos los impuestos y tasas) se situó a fines de 2014 entre 30,4 y 25,4 euros; en España, en 23,7. Todos ellos están muy por encima de los promedios de la UE (20,8) y de la eurozona (22,1). Ajustando los precios por la capacidad adquisitiva de cada país, España también es el cuarto país con la luz más cara, con un coste de 26 euros, y solo por detrás de Alemania (28,5), Portugal (27,4) y Chipre (27,4). En los últimos diez años el recibo de la luz ha subido un 80%, mientras que los equipos fotovoltaicos se han abaratado un 70%. Según los defensores del autoconsumo eléctrico, cada 100 megavatios instalados de autoconsumo implican una reducción de los ingresos del sistema de 2,2 millones de euros, equivalentes a un 0,01% del total. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, en 2014 se batió un nuevo récord de potencia fotovoltaica instalada en el mundo. Europa ha perdido su posición de liderazgo, pero continúa apostando de forma decidida por este tipo de energía. El año pasado se instalaron 2.270 MW en Gran Bretaña, 1.900 MW en Alemania, y 1.000 en Francia. La patronal del sector calcula que en 2013 se instalaron en España 122 megavatios (MW) solares fotovoltaicos, que se corresponden con los últimos proyectos autorizados antes de la moratoria renovable de 2012, lo que significa “la práctica paralización total del sector”. Al cierre del pasado año, el parque fotovoltaico español ascendía a 4.651 MW, un 3,2% de la potencia total instalada. España tiene un 65% más de irradiación solar que Alemania, pero el país germano tiene instalada actualmente un 600% más de capacidad fotovoltaica que España. Una familia media en España necesita unos 20 m2 de superficie de paneles fotovoltaicos para generar la energía que consume (más un 30% de excedente de seguridad, por si aparecen picos puntuales como calefacción o aire acondicionado). Hoy en día, la suma de estos paneles y de una batería Tesla costaría cerca de 8.000 €. La misma familia paga una media de 850 € al año en la factura de la luz. Los paneles solares tienen una garantía de producción de 30 años (las baterías, de 10 extensibles a otros 10). Por tanto, sin los gravámenes previstos, solo se tardaría unos nueve años en amortizar la inversión, que después seguiría funcionando (gratis) durante otros 21 años. España ha recibido hasta la fecha un total de 14 demandas de inversores internacionales ante el Centro para Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial, por los sucesivos recortes a la retribución de las energías renovables. Es el tercer país con más demandas ante este organismo, solo por detrás de Venezuela y Argentina. En España 26 millones de clientes particulares consumen el 30% de la energía. El resto lo hacen las empresas.(20 Minutos)

 

Las petroleras europeas amplían sus acuerdos en Rusia pese a las sanciones

El aumento de la cooperación entre las grandes petroleras europeas y rusas demuestra una profunda división entre Europa y EEUU.

Las grandes petroleras de Europa están ampliando sus acuerdos de negocio con sus socios energéticos rusos pese a la votación este mes de la UE a favor de seguir imponiendo sanciones, lo que pone de relieve que las empresas occidentales están aprendiendo a vivir con las restricciones impuestas a Moscú.

BP está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir una participación del 20% en un yacimiento siberiano de la firma estatal Rosneft que podría valer 700 millones de dólares, según explicaron a Financial Times fuentes familiarizadas con la situación, mientras que la italiana Eni y la noruega Statoil han obtenido la aprobación de las capitales europeas para seguir adelante en sus proyectos conjuntos con Rosneft.

Shell también continúa trabajando en su asociación con Gazprom Neft, la división petrolera del grupo de gas ruso, y ha solicitado la aprobación del Gobierno holandés para otros proyectos.

Los movimientos coinciden con el foro económico internacional de San Petesburgo, la respuesta Rusa a Davos, que se celebra esta semana bajo un clima bastante distinto al del año pasado, cuando se impusieron las primeras sanciones. Este año existe una atmósfera más positiva, ya que las empresas internacionales intentan esquivar las sanciones para trabajar con sus socios rusos.

El aumento de la cooperación entre las grandes petroleras europeas y rusas demuestra una profunda división entre Europa y EEUU. Washington ha bloqueado toda cooperación con Rusia en el Ártico, en aguas profundas y en proyectos de hidrocarburos poco convencionales, lo que implica que los diez proyectos de ExxonMobil con Rosneft siguen congelados. Pero las sanciones de la UE, que permiten a las compañías con contratos previos a ellas seguir trabajando, dan la posibilidad a los grupos europeos de expandir incluso sus actividades en Rusia.

“Las empresas europeas están encontrando vías y son sin duda más libres para hacer negocios que sus rivales estadounidenses”, señala James Henderson, socio sénior del Instituto Oxford de Estudios de la Energía. “Las compañías estadounidenses van a estar en una enorme desventaja, ya que las sanciones de la UE no son retroactivas y las estadounidenses sí lo son”.

Una autoridad occidental del sector de la energía dijo en Moscú que las empresas europeas “viven con esperanza”, y señaló que los movimientos van dirigidos a “mantener el plato caliente” para cuando las sanciones se levanten finalmente. Bob Dudley, el consejero delegado de BP, declaró en la CNBC este mes que la empresa británica “exploraría más oportunidades de inversión” en Rusia.

Se prevé que BP cierre un acuerdo para adquirir una participación del 20% en el yacimiento de Taas-Yuriakh esta semana, lo que podría revelarse en San Petesburgo, según fuentes familiarizadas con la situación.

Las grandes petroleras han actuado con precaución, solicitando una interpretación de la ley de sanciones a las capitales de la UE. Eni y Statoil, cuyos diversos proyectos con Rosneft están registrados en Luxemburgo, han recibido la aprobación de ese Gobierno para transferir tecnología y servicios a sus empresas conjuntas rusas. Sin embargo, es posible que la financiación, a la que afecta una sección distinta de sanciones, sólo se apruebe caso por caso.

Las petroleras europeas aseguraron estar acatando las sanciones. Rosneft, por su parte, indicó que las petroleras occidentales estaban “extremadamente interesadas” en expandir sus acuerdos con ella.(Expansión)

 

Petróleo y recursos mineros abundan en zona en conflicto con Guyana

“Fuimos muy eficientes ganando la independencia pero ineficientes para defender lo ganado”, dijo Carlos Lee Blanco, presidente de Coener y docente de la Unimet

La Guayana Esequiba esconde, bajo lo que para los venezolanos es solo un pedazo de mapa con líneas punteadas, un enorme caudal de recursos mineros, hidrocarburíferos, hídricos, forestales, además de humanos y culturales.

Oro, manganeso, diamantes, bauxita, mica, uranio, agua dulce, petróleo, gas natural, hidroelectricidad, biodiversidad, sabanas y bosques, entre muchos otros recursos, se mantienen bajo controversia por los derechos de soberanía entre Georgetown y Caracas.

Tras el reavivamiento de la disputa de esa zona en reclamación, que data de la época colonial, se pone sobre el tapete, no solo el componente soberano, y los recursos naturales que se sabe existen, sino que ahora se incorpora el petróleo hallado en la plataforma marina, sujeta a reclamación.

No estaba clara la existencia de hidrocarburos en esos territorios, toda vez que por tratarse de un área en litigio, estaba prohibida la exploración prospectiva y cualquier tipo de actividad. Sin embargo, Guyana sigue ocupando y explotando, ya no tan silenciosamente, las riquezas del Esequibo.

La sola idea de que Exxon Mobil, la mayor petrolera del mundo, y crítica de la política petrolera aplicada por el Gobierno que lideró el fallecido ex presidente, Hugo Chávez, y heredada por la administración de Nicolás Maduro, haya anunciado en un comunicado internacional el hallazgo de crudo de alta calidad en el Bloque Starbock, le advierte que se trata de mucho más que soberanía.(El Mundo)

 

Brasil publica condiciones previas de próxima licitación petrolera

Con esta subasta el Gobierno prevé recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de reales

El Gobierno brasileño publicó ayer el edicto previo, así como las condiciones de contrato de licitación, previstos para la subasta de concesiones para explorar petróleo y gas en el país.

Esta subasta, que será la decimotercera organizada por la ANP desde que Brasil puso fin al monopolio de Petrobras en 1998, ofrecerá a las petroleras interesadas derechos para explorar y explotar 266 prospecciones, según un comunicado del órgano regulador.

Con esta subasta el Gobierno prevé recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de reales (entre unos 480 y 641 millones de dólares, respectivamente), como afirmó el jueves el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga.

De estas prospecciones, 182 se encuentran en cuencas terrestres, en las zonas de la Amazonía, Parnaíba, Recôncavo y Potiguar, y 84 en cuencas marinas, en las costas de Sergipe-Alagoas, Jacuípe, Espírito Santo, Campos, Camamu-Almada y Pelotas.

Según las reglas, el vencedor de la subasta será el consorcio que se comprometa a entregarle al Estado el mayor porcentaje de los beneficios del proyecto a partir de un mínimo establecido.

En las cuencas terrestres, los porcentajes mínimos y máximos de la licitación oscilarán entre el 77 % y el 85 % para la fase de explotación y serán del 80 % durante la fase de exploración.(El Mundo)

 

Petroleras de EE UU alertas ante posible huracán en el sur del Golfo de México

Las petroleras en Estados Unidos están vigilando de cerca una perturbación tropical en el sur del Golfo de México que tiene un 80 por ciento de posibilidades de convertirse en una tormenta en las próximas 48 horas, según el Centro Nacional de Huracanes.

Shell Oil Co, el brazo estadounidense de Royal Dutch Shell , dijo el domingo que estaba haciendo seguimiento al sistema y dispuso la evacuación de trabajadores no esenciales como medida de precaución.

El sistema aún no ha sido clasificado como una tormenta tropical o un huracán, pero estaba produciendo vientos de unos 61 kilómetros por hora, cerca de la mitad de lo que genera un huracán débil.

El Centro Nacional de Huracanes, así como meteorólogos académicos y privados están esperando una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio. La temporada comenzó el 1 de junio y dura hasta el 30 de noviembre.

Algunos expertos han advertido que la mejor oportunidad para que una tormenta tropical se desarrolle en las áreas de producción de petróleo frente a la costa de Estados Unidos podría llegar a principios de la temporada de huracanes.

Se espera que un fuerte fenómeno climático El Niño se forme en el Pacífico oriental a finales de este verano boreal, lo que enviaría fuertes vientos en todo el sur de Estados Unidos, alterando el desarrollo de tormentas tropicales.

El Golfo de México representa un 17 por ciento del bombeo estadounidense de petróleo y un 5 por ciento de la producción nacional de gas, según la gubernamental Administración de Información de Energía.

Los estados de la costa estadounidense del Golfo, Texas, Louisiana y Misisipi, también son responsables de más de un 45 por ciento de la capacidad de refinación de crudo del país, según la EIA.(Noticias 24)

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El Gobierno estrecha el cerco al autoconsumo eléctrico: las claves del nuevo decreto

El polémico “impuesto al sol” será sustituido por dos nuevos peajes, y no habrá compensación económica por la electricidad excedentaria que se vierta. Se gravará el uso de baterías o sistemas de almacenamiento, y solo podrán usar estos acumuladores quienes no se conecten a la red. Industria mantiene que el autoconsumidor que no es totalmente independiente debe pagar porque se sigue beneficiando del sistema. Países como Japón, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal o la mayor parte de EE UU no ponen trabas al autoconsumo.

De aprobarse definitivamente los nuevos cargos incluidos en el nuevo real decreto redactado por el Gobierno para regular el autoconsumo eléctrico, un particular que decida apostar por esta modalidad de abastecimiento energético (ya sea para reducir la factura de la luz, una de las más caras de Europa, o movido tan solo por razones medioambientales), no podría recuperar su inversión hasta dentro de, al menos, treinta años (prácticamente el tiempo de vida máxima de estas instalaciones). En cuanto a las medianas y pequeñas empresas, el sector al que más puede beneficiar el autoconsumo, el tiempo medio de rentabilización oscilaría entre siete y ocho años. En ambos casos el coste es lo suficientemente alto como para pensárselo dos veces. El Gobierno califica el decreto de “solidario”; los afectados, de “disuasorio”. Los cálculos son de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), es decir, del lobby solar, un grupo de presión que agrupa a empresas del sector y que, obviamente, tiene intereses económicos en que exista un marco legal lo más libre de tasas y gravámenes posible. Pero las nuevas medidas proyectadas por el Ministerio de Industria, una actualización del polémico “impuesto al sol” anunciado hace un par de años, no están siendo criticadas únicamente por el sector afectado. Tanto los partidos de la oposición como grupos ecologistas y asociaciones de consumidores han alzado también su voz contra lo que consideran un auténtico cerco al autoconsumo eléctrico en España, y un blindaje del Gobierno a las compañías eléctricas, cuyo oligopolio se ha visto amenazado en los últimos años por el abaratamiento de los paneles solares y por la aparición de baterías de almacenaje mucho más efectivas y baratas, como la recientemente presentada por la compañía estadounidense Tesla. Las iniciativas del Gobierno están siendo investigadas también por el Parlamento Europeo.

Los defensores del autoconsumo mantienen que el contenido de este decreto choca de plano con la normativa europea para la promoción de pequeñas instalaciones, así como con las medidas vigentes para el fomento de la producción individual y de la eficiencia energética. Denuncian asimismo el contrasentido que supone que sea precisamente España, cuyas condiciones para el uso de la energía solar son de las más idóneas del mundo, uno de los países donde más complicado resulta actualmente hacer rentable el autoabastecimiento eléctrico, y destacan que la mayoría de los países de nuestro entorno están caminando en la dirección contraria. El Gobierno, por su parte, apela a la solidaridad de los autoconsumidores para cubrir los costes del sistema, e insiste en que únicamente pretende hacer pagar a aquellos que se mantienen también conectados a la red. Según ha declarado el ministro de Industria, José Manuel Soria, “si alguien quiere producir su propia energía y consumirla no tiene que pagar ningún tipo de canon ni impuesto, solo la instalación que se haga en su casa. Pero si además quiere estar enganchado a la red, entonces tendrá que abonar un peaje por la utilización de esa red”. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece, efectivamente, que “todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico”. Reducción del déficit El nuevo paso dado por Industria parece estar relacionado también con uno de los principales objetivos del Ministerio durante toda la legislatura: reducir el déficit eléctrico, algo a lo que, según el ministro, no ha ayudado el desarrollo experimentado por las energías renovables. Soria llegó incluso a insinuar una relación entre el autoconsumo y el precio de la luz, al declarar, el pasado mes de abril, que el impulso a las energías renovables ha supuesto “un problema” a la hora de reducir el déficit, y esto “ha repercutido sobre la factura eléctrica”. “Cada vez que pagamos la factura de la luz, pagamos no solo el precio de la energía, sino también los impuestos y peajes necesarios para tener la electricidad”, dijo. Los defensores del autoconsumo de energías renovables, por su parte, argumentan que éste contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los combustibles fósiles y a reducir la dependencia energética; que supone un avance en la democratización de la producción de electricidad, actualmente controlada por un pequeño número de grandes empresas; y que eventualmente contribuirá a crear puestos de trabajo en este sector. El propio Soria ha reconocido que el avance experimentado durante estos últimos años por este tipo de energías ha permitido que España se encuentre “muy bien posicionada a nivel mundial” y que pueda cumplir con los objetivos europeos de eficiencia energética. El borrador del nuevo real decreto, dado a conocer, precisamente, en el Día Mundial del Medio Ambiente, y coincidiendo con la situación de vacío de poder autonómico existente tras las elecciones del 24-M, está aún en fase de consultas. Industria ha apuntado que comenzará a desarrollar su tramitación “de manera inmediata”, este mes o el próximo, con el objetivo de que esté aprobado antes del verano. Tendrá que pasar todavía, no obstante, por una fase de alegaciones, y deberá recibir asimismo los vistos buenos tanto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como de Bruselas. Éstas son sus claves principales. “El mismo perro con distinto collar” Con este nuevo decreto, el Gobierno sustituye la polémica tasa bautizada —por Iberdrola— como “peaje de respaldo” (un cargo a los autoproductores conocido popularmente como “impuesto al sol”, e incluido en el anterior borrador de 2013) por dos nuevos peajes: uno de acceso a las redes y otro asociado al resto de los costes del sistema. Se trata de un cambio conceptual, por el que el Ministerio eximirá a los autoconsumidores de pagar a las redes eléctricas cuando estén produciendo electricidad para uso propio, pero les gravará con nuevos cargos, conocidos como “cargos por autoconsumo”, para cubrir los costes de balance de su propia actividad. Según el director general de UNEF, José Donoso, “es el mismo perro con distinto collar”.

Así, a partir de ahora, Industria diferenciará entre un peaje para sufragar las redes, que el autoconsumidor solo costeará cuando esté vertiendo o recibiendo electricidad a la red, y los cargos del sistema, que cubrirán desde las primas a las renovables hasta las anualidades del déficit de tarifa, y que el autoconsumidor deberá sufragar en todos los casos. “Pagar por lo que se utiliza” Según Industria, el cargo por autoconsumo está destinado a “cubrir los servicios de balance necesarios en el mercado de producción”, y “se aplicará sobre la energía autoconsumida”. Para justificar la medida, el Gobierno apela a la “solidaridad”, e indica que el autoconsumidor “se beneficia del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun cuando pueda estar autoconsumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada, al contrario de lo que ocurriría si este consumidor se encontrara aislado del sistema eléctrico”. En palabras del ministro, José Manuel Soria, no imponer este peaje “equivaldría a que el resto de consumidores estarían financiando una parte del coste de la red que también utilizan los autoconsumidores, por lo que lo justo es pagar por aquello que se está utilizando”. Según Industria, no pagar este peaje perjudicaría a los consumidores más vulnerables, si bien ello supone dar por hecho que solo invierten en instalaciones solares los que tienen mayores rentas. Sobre el coste de las redes de transporte y distribución, Industria explica que “se aplicarán como contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán aplicados considerando el uso real que se realiza de ellas”. De esta forma, “no existirá aplicación de peaje de acceso a redes por la energía autoconsumida, teniendo en cuenta que no se hace uso de la red”, señala el borrador de real decreto. “Pagar doblemente” El borrador introduce una disposición en la que se establece una reducción del peaje de respaldo, hasta el 31 de diciembre de 2019, para las instalaciones ubicadas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, por considerar que el autoconsumo reduce los costes de producción en sistemas aislados como los de Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, y según los detractores del nuevo decreto, este plazo de cuatro años durante el que estas comunidades verán disminuido el impuesto, difícilmente alcanzará para amortizar el costo de las instalaciones. La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, ya ha anunciado que pedirá el próximo martes en Bruselas a la Unión Europea que” prohíba a los estados miembros establecer impuestos al sol”. En un comunicado, el Ejecutivo regional indicó que ésta es la pretensión del Gobierno de España con su proyecto de real decreto, en el que “penaliza claramente esta modalidad energética e impide su desarrollo al hacer inviable la inversión en Canarias”. Para Luengo, “este borrador dice que hay que poner el impuesto al sol porque alguien tiene que pagar las redes al descender los ingresos de las eléctricas. Quiere hacer creer que instalar el autoconsumo significa no pagar el mantenimiento de las redes. No es verdad, lo que quiere es que paguemos doblemente por lo que ya pagamos, porque las redes se van a seguir pagando aunque esté instalado el autoconsumo”. “Lo que hace Soria es cargar sobre el consumidor lo que van a dejar de ingresar las eléctricas, en vez de buscar fórmulas como puede ser la auditoría de los costes de generación reconocidos, es decir, saber de verdad cuánto cuesta generar energía”, añadió. Guerra a las baterías El nuevo real decreto incluye asimismo un nuevo cargo que desincentivará el uso de baterías o sistemas de almacenamiento por parte de los autoconsumidores de electricidad. Con la nueva regulación, estos autoconsumidores no solo no podrán recurrir a baterías como la lanzada recientemente por la compañía estadounidense Tesla, sino que sufrirán una penalización para los sistemas de almacenamiento que ya incorporan los nuevos paneles solares. Así, solo podrán usar estos acumuladores los que no se conecten a la red eléctrica y dispongan por tanto de una instalación aislada.

El Real Decreto 1699/2011 ya prohibió la posibilidad de intercalar una batería entre la instalación de generación y el equipo de medida. Sin embargo, los nuevos paneles solares incorporan en algunos casos baterías que ya no se encuentran intercaladas en el circuito y que, por tanto, podrían ser susceptibles de utilizarse sin trabas regulatorias. Este aspecto explicaría la disposición transitoria del nuevo borrador que fija el nuevo cargo del que quedan excluidas las instalaciones que no lleven acumuladores. En concreto, el gravamen se aplica sobre la potencia y oscila entre los 8,9 euros por kilovatio (kW) y los 15,3 euros por kW para potencias inferiores a 15 kW conectadas en baja tensión, lo que, según los expertos, resultará suficientemente disuasorio. Las baterías incorporadas a las placas solares suelen tener una autonomía media de unas dos horas y su uso está siendo incentivado por reguladores como los de Alemania, que han encontrado en ellas una solución para no concentrar en los mismos periodos del día los vertidos de electricidad a la red. La energía sobrante, regalada El decreto presentado por el Gobierno supone un duro golpe para los defensores del denominado “balance neto”, un sistema que permite verter a la red eléctrica el exceso de energía producido por un sistema de autoconsumo, con la finalidad de poder hacer uso de ese exceso en otro momento. Mediante este sistema, la compañía eléctrica que proporciona la electricidad cuando la demanda es superior a la producción de autoconsumo (por ejemplo, por la noche, cuando los paneles fotovoltaicos no producen electricidad), descuenta en la factura los excesos vertidos a la red. Esta modalidad, existente en la mayoría de los países con regulaciones para el autoconsumo, permite hacer uso de la electricidad producida en exceso (en vacaciones, o durante determinadas horas del día en las que el autoconsumidor produce más de lo que necesita). El borrador de Industria señala, sin embargo, que la electricidad excedentaria que los autoconsumidores puedan verter a la red no tendrá ninguna contraprestación económica, salvo que den de alta una empresa en el registro mercantil y paguen el IVA, algo que no resulta muy rentable para la mayoría de los hogares. La energía sobrante, por tanto, deberá ser cedida, excepto en el caso de que se llegue a un acuerdo con la empresa distribuidora. Sí podrán vender excedentes las empresas, al precio del mercado eléctrico y solo en el caso de las plantas más pequeñas, con un tope de 100 kW. A estos autoconsumidores en alta tensión sí se les permitirá implantar sistemas de ahorro y eficiencia, si bien los generadores y las baterías de almacenamiento quedarán también excluidos de esta modalidad. La consecuencia es que, para la mayoría de los autoconsumidores, el único beneficio obtenido es el ahorro en la compra de energía de la red, algo insuficiente a la hora de rentabilizar la inversión, pero que, de algún modo, se compensaba hasta ahora en el hecho de que la inscripción y autorización para la modalidad de instalación sin vertido eran mucho más sencillas que para aquellas con vertido. Sin bono social Una vez que se apruebe el nuevo decreto, las instalaciones de autoconsumo que no generen energía suficiente para abastecerse estarán obligadas a contratar la electricidad extra que necesiten en el mercado libre, y no a través de una comercializadora de referencia (aquellas que están habilitadas por la ley para suministrar a los pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW el nuevo precio horario, o PVPC —la antigua tarifa de último recurso—, al que están acogidos la mayoría de hogares). Tampoco optarán al bono social, reservado para los consumidores más vulnerables.

Según el Gobierno y las eléctricas, la medida se justifica en que los hogares con menos recursos no pueden pagar este tipo de instalaciones, cuyo precio suele superar los 9.000 euros. La UNEF, sin embargo, denuncia que el decreto demuestra “una insensibilidad con la pobreza energética” y recuerda que varias ONG trabajan en proyectos para facilitar instalaciones de autoconsumo a personas sin recursos. También critica el carácter retroactivo de la disposición, que afectaría también, por tanto, a las instalaciones ya existentes. Estudios de viabilidad prohibitivos Otra medida disuasoria, y también retroactiva, es que, independientemente de cuál sea el tamaño de la instalación, el interesado deberá realizar un estudio de punto de conexión,  o de viabilidad, cuyo coste puede llegar a ser más alto que el del propio panel solar. De este modo, y según informa eldiario.es, el decreto acaba con la posibilidad de legalizar instalaciones por el más sencillo Reglamento Técnico de Baja Tensión. A partir de ahora, deberán regularizarse todas las instalaciones por el proceso más complicado y costoso, el establecido en el Real Decreto 1699/2011. “Alguien que haya comprado una placa de 1.000 euros tiene que solicitar un estudio de conexión eléctrica aunque no vaya a verter energía a la red que le va a costar 400 euros”, explica el director general de UNEF en declaraciones recogidas por ese diario. En el caso de las plantas de menor tamaño, “en Portugal basta con entrar en la web del ministerio y comunicar que se tiene una instalación de esas características”, añade. Plantas ilegales y multas desproporcionadas Según señala la UNEF, el carácter retroactivo del decreto implica también que las instalaciones que ya han sido regularizadas por algunas comunidades autónomas (especialmente en Cataluña, Baleares y Navarra, donde muchas de ellas se han autorizado por vías más rápidas), tendrían que adaptarse ahora a la nueva norma para no ser consideradas ilegales. La patronal del sector calcula que el año pasado se instalaron en España unos 22 MW fotovoltaicos, la mayoría para autoconsumo en sector servicios, aprovechando estas ventajas. Además, la UNEF denuncia que el decreto mantiene las multas de hasta 60 millones de euros para las instalaciones que no se regularicen con la nueva normativa, una sanción “desproporcionada” que es el doble de la multa prevista para los escapes nucleares y hasta 260 veces más que la prevista para negligencias que provoquen un accidente aéreo. En otros países El sistema de balance neto existe ya en numerosos países, entre ellos, Alemania, Portugal, Grecia, Italia, Dinamarca, Australia, Estados Unidos y México. En EE UU se denomina crédito eléctrico y está aprobado en 40 estados; Japón utiliza un sistema similar de ámbito municipal; en Alemania existe además una prima por el autoconsumo; en Italia se abona el doble y no se paga por lo que se consume; en Bélgica se aplica un sistema híbrido de primas y “certificados verdes”; y en Portugal se permite el desarrollo del autoconsumo de hasta 1 MW sin ningún tipo de peaje, mientras que el balance neto se realiza pagando el precio de la energía excedentaria a un 90% de su precio de mercado. El autoconsumo eléctrico, en cifras España es el cuarto país con la electricidad más cara de Europa. En toda la UE, solo la superan Dinamarca, Alemania e Irlanda. En esos tres países, el precio medio por 100 kilovatios-hora (incluidos todos los impuestos y tasas) se situó a fines de 2014 entre 30,4 y 25,4 euros; en España, en 23,7. Todos ellos están muy por encima de los promedios de la UE (20,8) y de la eurozona (22,1). Ajustando los precios por la capacidad adquisitiva de cada país, España también es el cuarto país con la luz más cara, con un coste de 26 euros, y solo por detrás de Alemania (28,5), Portugal (27,4) y Chipre (27,4). En los últimos diez años el recibo de la luz ha subido un 80%, mientras que los equipos fotovoltaicos se han abaratado un 70%. Según los defensores del autoconsumo eléctrico, cada 100 megavatios instalados de autoconsumo implican una reducción de los ingresos del sistema de 2,2 millones de euros, equivalentes a un 0,01% del total. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, en 2014 se batió un nuevo récord de potencia fotovoltaica instalada en el mundo. Europa ha perdido su posición de liderazgo, pero continúa apostando de forma decidida por este tipo de energía. El año pasado se instalaron 2.270 MW en Gran Bretaña, 1.900 MW en Alemania, y 1.000 en Francia. La patronal del sector calcula que en 2013 se instalaron en España 122 megavatios (MW) solares fotovoltaicos, que se corresponden con los últimos proyectos autorizados antes de la moratoria renovable de 2012, lo que significa “la práctica paralización total del sector”. Al cierre del pasado año, el parque fotovoltaico español ascendía a 4.651 MW, un 3,2% de la potencia total instalada. España tiene un 65% más de irradiación solar que Alemania, pero el país germano tiene instalada actualmente un 600% más de capacidad fotovoltaica que España. Una familia media en España necesita unos 20 m2 de superficie de paneles fotovoltaicos para generar la energía que consume (más un 30% de excedente de seguridad, por si aparecen picos puntuales como calefacción o aire acondicionado). Hoy en día, la suma de estos paneles y de una batería Tesla costaría cerca de 8.000 €. La misma familia paga una media de 850 € al año en la factura de la luz. Los paneles solares tienen una garantía de producción de 30 años (las baterías, de 10 extensibles a otros 10). Por tanto, sin los gravámenes previstos, solo se tardaría unos nueve años en amortizar la inversión, que después seguiría funcionando (gratis) durante otros 21 años. España ha recibido hasta la fecha un total de 14 demandas de inversores internacionales ante el Centro para Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial, por los sucesivos recortes a la retribución de las energías renovables. Es el tercer país con más demandas ante este organismo, solo por detrás de Venezuela y Argentina. En España 26 millones de clientes particulares consumen el 30% de la energía. El resto lo hacen las empresas.(20 Minutos)

 

Las petroleras europeas amplían sus acuerdos en Rusia pese a las sanciones

El aumento de la cooperación entre las grandes petroleras europeas y rusas demuestra una profunda división entre Europa y EEUU.

Las grandes petroleras de Europa están ampliando sus acuerdos de negocio con sus socios energéticos rusos pese a la votación este mes de la UE a favor de seguir imponiendo sanciones, lo que pone de relieve que las empresas occidentales están aprendiendo a vivir con las restricciones impuestas a Moscú.

BP está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir una participación del 20% en un yacimiento siberiano de la firma estatal Rosneft que podría valer 700 millones de dólares, según explicaron a Financial Times fuentes familiarizadas con la situación, mientras que la italiana Eni y la noruega Statoil han obtenido la aprobación de las capitales europeas para seguir adelante en sus proyectos conjuntos con Rosneft.

Shell también continúa trabajando en su asociación con Gazprom Neft, la división petrolera del grupo de gas ruso, y ha solicitado la aprobación del Gobierno holandés para otros proyectos.

Los movimientos coinciden con el foro económico internacional de San Petesburgo, la respuesta Rusa a Davos, que se celebra esta semana bajo un clima bastante distinto al del año pasado, cuando se impusieron las primeras sanciones. Este año existe una atmósfera más positiva, ya que las empresas internacionales intentan esquivar las sanciones para trabajar con sus socios rusos.

El aumento de la cooperación entre las grandes petroleras europeas y rusas demuestra una profunda división entre Europa y EEUU. Washington ha bloqueado toda cooperación con Rusia en el Ártico, en aguas profundas y en proyectos de hidrocarburos poco convencionales, lo que implica que los diez proyectos de ExxonMobil con Rosneft siguen congelados. Pero las sanciones de la UE, que permiten a las compañías con contratos previos a ellas seguir trabajando, dan la posibilidad a los grupos europeos de expandir incluso sus actividades en Rusia.

“Las empresas europeas están encontrando vías y son sin duda más libres para hacer negocios que sus rivales estadounidenses”, señala James Henderson, socio sénior del Instituto Oxford de Estudios de la Energía. “Las compañías estadounidenses van a estar en una enorme desventaja, ya que las sanciones de la UE no son retroactivas y las estadounidenses sí lo son”.

Una autoridad occidental del sector de la energía dijo en Moscú que las empresas europeas “viven con esperanza”, y señaló que los movimientos van dirigidos a “mantener el plato caliente” para cuando las sanciones se levanten finalmente. Bob Dudley, el consejero delegado de BP, declaró en la CNBC este mes que la empresa británica “exploraría más oportunidades de inversión” en Rusia.

Se prevé que BP cierre un acuerdo para adquirir una participación del 20% en el yacimiento de Taas-Yuriakh esta semana, lo que podría revelarse en San Petesburgo, según fuentes familiarizadas con la situación.

Las grandes petroleras han actuado con precaución, solicitando una interpretación de la ley de sanciones a las capitales de la UE. Eni y Statoil, cuyos diversos proyectos con Rosneft están registrados en Luxemburgo, han recibido la aprobación de ese Gobierno para transferir tecnología y servicios a sus empresas conjuntas rusas. Sin embargo, es posible que la financiación, a la que afecta una sección distinta de sanciones, sólo se apruebe caso por caso.

Las petroleras europeas aseguraron estar acatando las sanciones. Rosneft, por su parte, indicó que las petroleras occidentales estaban “extremadamente interesadas” en expandir sus acuerdos con ella.(Expansión)

 

Petróleo y recursos mineros abundan en zona en conflicto con Guyana

“Fuimos muy eficientes ganando la independencia pero ineficientes para defender lo ganado”, dijo Carlos Lee Blanco, presidente de Coener y docente de la Unimet

La Guayana Esequiba esconde, bajo lo que para los venezolanos es solo un pedazo de mapa con líneas punteadas, un enorme caudal de recursos mineros, hidrocarburíferos, hídricos, forestales, además de humanos y culturales.

Oro, manganeso, diamantes, bauxita, mica, uranio, agua dulce, petróleo, gas natural, hidroelectricidad, biodiversidad, sabanas y bosques, entre muchos otros recursos, se mantienen bajo controversia por los derechos de soberanía entre Georgetown y Caracas.

Tras el reavivamiento de la disputa de esa zona en reclamación, que data de la época colonial, se pone sobre el tapete, no solo el componente soberano, y los recursos naturales que se sabe existen, sino que ahora se incorpora el petróleo hallado en la plataforma marina, sujeta a reclamación.

No estaba clara la existencia de hidrocarburos en esos territorios, toda vez que por tratarse de un área en litigio, estaba prohibida la exploración prospectiva y cualquier tipo de actividad. Sin embargo, Guyana sigue ocupando y explotando, ya no tan silenciosamente, las riquezas del Esequibo.

La sola idea de que Exxon Mobil, la mayor petrolera del mundo, y crítica de la política petrolera aplicada por el Gobierno que lideró el fallecido ex presidente, Hugo Chávez, y heredada por la administración de Nicolás Maduro, haya anunciado en un comunicado internacional el hallazgo de crudo de alta calidad en el Bloque Starbock, le advierte que se trata de mucho más que soberanía.(El Mundo)

 

Brasil publica condiciones previas de próxima licitación petrolera

Con esta subasta el Gobierno prevé recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de reales

El Gobierno brasileño publicó ayer el edicto previo, así como las condiciones de contrato de licitación, previstos para la subasta de concesiones para explorar petróleo y gas en el país.

Esta subasta, que será la decimotercera organizada por la ANP desde que Brasil puso fin al monopolio de Petrobras en 1998, ofrecerá a las petroleras interesadas derechos para explorar y explotar 266 prospecciones, según un comunicado del órgano regulador.

Con esta subasta el Gobierno prevé recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de reales (entre unos 480 y 641 millones de dólares, respectivamente), como afirmó el jueves el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga.

De estas prospecciones, 182 se encuentran en cuencas terrestres, en las zonas de la Amazonía, Parnaíba, Recôncavo y Potiguar, y 84 en cuencas marinas, en las costas de Sergipe-Alagoas, Jacuípe, Espírito Santo, Campos, Camamu-Almada y Pelotas.

Según las reglas, el vencedor de la subasta será el consorcio que se comprometa a entregarle al Estado el mayor porcentaje de los beneficios del proyecto a partir de un mínimo establecido.

En las cuencas terrestres, los porcentajes mínimos y máximos de la licitación oscilarán entre el 77 % y el 85 % para la fase de explotación y serán del 80 % durante la fase de exploración.(El Mundo)

 

Petroleras de EE UU alertas ante posible huracán en el sur del Golfo de México

Las petroleras en Estados Unidos están vigilando de cerca una perturbación tropical en el sur del Golfo de México que tiene un 80 por ciento de posibilidades de convertirse en una tormenta en las próximas 48 horas, según el Centro Nacional de Huracanes.

Shell Oil Co, el brazo estadounidense de Royal Dutch Shell , dijo el domingo que estaba haciendo seguimiento al sistema y dispuso la evacuación de trabajadores no esenciales como medida de precaución.

El sistema aún no ha sido clasificado como una tormenta tropical o un huracán, pero estaba produciendo vientos de unos 61 kilómetros por hora, cerca de la mitad de lo que genera un huracán débil.

El Centro Nacional de Huracanes, así como meteorólogos académicos y privados están esperando una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio. La temporada comenzó el 1 de junio y dura hasta el 30 de noviembre.

Algunos expertos han advertido que la mejor oportunidad para que una tormenta tropical se desarrolle en las áreas de producción de petróleo frente a la costa de Estados Unidos podría llegar a principios de la temporada de huracanes.

Se espera que un fuerte fenómeno climático El Niño se forme en el Pacífico oriental a finales de este verano boreal, lo que enviaría fuertes vientos en todo el sur de Estados Unidos, alterando el desarrollo de tormentas tropicales.

El Golfo de México representa un 17 por ciento del bombeo estadounidense de petróleo y un 5 por ciento de la producción nacional de gas, según la gubernamental Administración de Información de Energía.

Los estados de la costa estadounidense del Golfo, Texas, Louisiana y Misisipi, también son responsables de más de un 45 por ciento de la capacidad de refinación de crudo del país, según la EIA.(Noticias 24)

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