Cámara de Caracas: medidas intervencionistas son contrarias al discurso oficial que dice estimular la producción
Vía Nota de prensa
La Cámara de Caracas se dirige al país para sentar posición sobre las últimas medidas anunciadas e instrumentadas por el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE):
1.- Los venezolanos vivimos bajo condiciones económicas precarias. La inflación, la escasez, la desinversión y la caída de la producción, son los resultados de la política económica implantada por el gobierno nacional que provoca esas consecuencias. Hemos planteado reiteradamente que el país requiere de mayor disciplina fiscal, un presupuesto equilibrado, manejo eficiente de las empresas públicas y un repliegue del gobierno a las áreas que le son propias, y que ahora también se encuentran en condiciones críticas. Vivimos el efecto de las malas decisiones, la desconfianza social y del irrespeto de los derechos ciudadanos, entre los cuales el derecho de propiedad ha sido derogado por la vía de los hechos. Pero no es el único.
2.- La Cámara de Caracas ratifica su creencia en que la libertad económica, constitucionalmente consagrada como derecho fundamental, es la piedra angular sobre la cual debe construirse todo el sistema económico y social, bajo la premisa de la productividad y de niveles de rentabilidad que permitan al Estado contar con mayores recursos de fuente tributaria, y todos los valores consagrados en el artículo 199 de la Constitución. Para que esto ocurra, tiene que haber más empresas y no menos empresas. Debe plantearse una relación seria con el sector productivo, lejos del espectáculo supuestamente reivindicador que en realidad es la garantía más efectiva para la ruina social. No estamos mejor que hace un año cuando ocurrió el tristemente célebre DAKAZO, y no estaremos en el futuro mejor que ahora, si son las mismas premisas y las mismas medidas las que infructuosamente se intentan usar para atajar una crisis que no aguanta más controles ni más arbitrariedades.
3.- La Cámara de Caracas recuerda que el impulso a la actividad económica interna y el éxito de cualquier política que busque incrementar la productividad de las empresas, la generación de empleo y la satisfacción de las necesidades colectivas, en términos de producción de alimentos, bienes y servicios en general, está directamente vinculada al respeto del gobierno a la libertad de empresa. Las medidas intervencionistas son contrarias al discurso oficial que dice buscar estimular la producción. El intento de calificar a los empresarios entre “buenos” y “malos” es absurdo. Lo que hay son buenas o malas políticas para promover el crecimiento económico. Tal y como lo ratifican todos los estudios internacionales, nuestro país está hundido en medidas que deliberadamente impiden el crecimiento empresarial y el crecimiento el país. Es urgente revisar y modificar todas las medidas que asfixian y paralizan al país.
4.- Hemos advertido que el contenido actual de la Ley Orgánica de Precios Justos, en lugar de activar al aparato productivo y corregir las distorsiones que conlleva la inflación y la devaluación, es insalvable para que todos podamos acceder a bienes y servicios a precios razonables y con la seguridad que nuestras necesidades serán satisfechas de manera oportuna y sin contratiempos. Esta ley y el régimen cambiario actual son los torniquetes que van a terminar por gangrenar la capacidad productiva del país, sometiéndonos a todos a una inmerecida precariedad. El gobierno podría enfrentar una crisis de gobernabilidad que puede evitar con las rectificaciones y la formulación de los consensos necesarios.
5.- Ante el anuncio de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos que estarán en la calle a partir de esta semana, ejecutando un “plan de fiscalización sorpresa y generalizado” a todos los establecimientos comerciales, queremos destacar que tales procedimientos administrativos deben ceñirse al respeto del marco de derechos y garantías previstos en la Constitución, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley de Simplificaciones de Trámites Administrativos. El gobierno no puede actuar aplicando criterios discrecionales y fomentando el odio social. Debe evitar la desproporción en las sanciones y reconocer que una empresa la integran empresarios y trabajadores, y que con medidas extremas irreflexivas se afecta la estabilidad de los puestos de trabajo y la paz ciudadana.
6.- La seguridad alimentaria, el libre acceso a los bienes y servicios esenciales y no esenciales, y la dignidad humana que se realiza en la libertad de escoger, no se garantizan con la intimidación, la expresión autoritaria de medidas de cierre o la aplicación de mecanismos correctivos, supuestamente racionales, pero que en la práctica se erigen en lesiones irreversibles a la actividad económica, a la rentabilidad de las empresas, a la estabilidad de los trabajadores y muy especialmente, al nivel de bienestar de la población que se ve impedida de acceder libremente a tales bienes y servicios. No estamos mejor que hace un año, lo cual debe ser un indicio que el gobierno debe tomar en cuenta, a la hora de revisar la eficacia de su enfoque actual.
7.- Ratificamos nuestro exhorto al Ejecutivo Nacional para que adopte, sin mayor dilación, las medidas económicas, comerciales, fiscales y monetarias necesarias para restituir la confianza en la economía nacional, la reactivación del aparato productivo y la distribución de bienes y servicio en forma continua y oportuna en beneficio del bienestar colectivo, Necesitamos apostar a la libertad y reconocer que los resultados hoy son racionamiento y alto costo de la vida.
8.- Rechazamos las declaraciones que intentan vender la falacia de que quien esté “contra las fiscalizaciones y los precios justos, demuestran su apoyo a especuladores y contrabandistas”. La especulación, el contrabando, los mercados negros… son el resultado de una economía de controles envilecida, que no beneficia a nadie. El aspaviento en la adopción de medidas y la aplicación de sanciones desmedidas en ejercicio de las potestades de fiscalización, no constituyen factores determinantes y eficientes en el restablecimiento de la normalidad económica que requiere el país.
9.- La gran mayoría de los comerciantes, personas jurídicas y naturales, actúan ajustadas al ordenamiento jurídico y , tienen la mayor disposición de colaborar y respetar lo concerniente a la distribución y venta de bienes y a la prestación de servicios, en correspondencia con la exigencia de mayor productividad y responsabilidad social que siempre los ha caracterizado. Pero la colectividad empresarial está en el límite y evalúa si todavía están vigentes las mínimas condiciones para seguir operando. Las medidas vigentes colaboran poco para elevar el nivel de confianza que necesita Venezuela para solventar la crítica coyuntura actual.
