Tráfico de Internet afectado por entrega de divisas
Para el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Corporación Telemic, C. A. (Inter), Mario Seijas, la neutralidad en la Red requiere la inversión de los sectores público y privado para proveer mayor libertad en los modelos de negocios.
La administración del tráfico por parte de los proveedores, la libertad de expresión y los recursos económicos fueron relacionados con la neutralidad de Internet en el encuentro, donde los diversos ponentes destacaron la importancia de discutir la gobernabilidad de la Red, como desde hace 10 años lo hace la ONU.
Un uso superior al promedio de 70 megas por persona en el país también afecta el servicio de la Web, destacó Seijas, pues “los operadores privados no tenemos la facultad para bloquear portales que generen un mayor gasto de datos. Solo medimos el tráfico”, agregó.
Sin embargo, para Andrés Azpurua, director de Venezuela Inteligente, los proveedores de datos son responsables de la inversión en el tráfico de datos y “más cuando el cliente está pagando por un servicio”.
En la actualidad, Maracay es la ciudad con mayor cantidad de usuarios que exceden el promedio de datos por persona, de acuerdo con estimaciones de la empresa Inter.
La necesidad de impulsar estrategias educativas que enmarquen un resultado de calidad y la creación de un marco regulatorio para abordar el tema del tráfico de información nacional también son aspectos a incluir para promover la neutralidad de la Red.
“Resulta necesario eliminar la marginalidad digital y la discriminación por regiones en el número de datos ofertados”, comentó Nelly Meléndez, una de las asistentes al evento especializado en el uso de Internet.
Enemigos de la seguridad
Ante el creciente número de delitos informáticos en Venezuela, especialistas en seguridad asistentes al evento instaron al sector empresarial a crear nuevas estrategias de protección de datos, además de incluir en el esquema organizacional gerencias responsables de proteger la información de la compañía.
Estudios profesionales y la denuncia oportuna de casos de abuso en la Web son necesarios para impulsar el interés del Estado en la creación de una normativa que regule el cumplimiento de las políticas de Internet.
