Niegan libertad y ordenan pase a juicio a Sairam Rivas y dos estudiantes
Tribunal II de Control decide pasar a juicio a Sairam Rivas, Manuel Cotiz y Cristian Gilque. Foro Penal califica de “arbitraria” la privativa de libertad de los estudiantes y advierte que la presidenta del centro de estudiantes de Trabajo Social de UCV lleva 118 días detenida.
Mientras el presidente Nicolás Maduro les presentaba anoche a los venezolanos un país de burócratas, donde los ministros cambiaban de cargos y se negaba a anunciar las medidas que la gente espera frente a los problemas más acuciantes, el tribunal segundo de Control decidía prolongar el encarcelamiento y pase a juicio de los estudiantes Sairam Rivas, Manuel Cotiz y Cristian Gil, en una medida que el coordinador del Foro Penal, Alfredo Romero, no dudí de calificar de “arbitraria”.
Tanto Sairam Rivas, presidenta del centro de estudiantes de Trabajo Social de la UCV, quien lleva más de 118 días detenida, y los otros dos jóvenes permanecen detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia de El Helicoide desde el pasado 8 de mayo, fecha en la que fue desmantelado el campamento por la Guardia Nacional..
Abogados de la Fundación para el Debido Proceso y del Foro Penal asumieron la defensa de los tres estudiantes acusados por los delitos de instigación pública, agavillamiento y uso de menores en la comisión de delitos.
La presidente del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UCV ha vivido en carne propia la vulneración de los derechos humanos que atraviesa la población reclusa en Venezuela.
Una de las evidencias es que solo sus familiares directos están autorizados para visitarla. Sus profesores e incluso la rectora de la UCV Cecilia García Arocha no pueden entrevistarse con ella, coyuntura que puede catalogarse como violatoria del derecho a la educación.
El sábado 30 de agosto los miembros del Programa Venezolano AcciónEducación de Derechos Humanos, Marino Alvarado, director de la ONG e Inti Rodríguez, coordinador de Medios, acudieron a El Helicoide para verificar las condiciones de reclusión de la ucevista. Rodríguez relató al diario TalCual, que conversaron con Rivas, y ciertamente constataron que su estado de salud es estable.
No obstante, resaltó el activista de DDHH, estos encuentros son vigilados por funcionarios del cuerpo de seguridad del Estado.
Rodríguez aclaró que en tratados internacionales está establecido que los privados de libertad tienen el derecho de comunicarse personalmente y de manera privada con sus allegados, abogados y defensores de derechos humanos.
La abogado Jackeline Sandoval, directora de la Fundación para el Debido Proceso, explicó que esta medida es aplicada cuando el juez considera que no ocurrió un delito o que no hay pruebas de que el imputado cometió un hecho punible.
La primera audiencia fue desestimada por el tribunal por la deficiente sustentación de la Fiscalía. Los tres fueron detenidos en mayo durante los allanamientos a los campamentos de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas.
Les imputan instigación para delinquir, agavillamiento y uso de menores para la comisión de delitos. Además, a Gil le suman presunta posesión de sustancias prohibidas.
