Para Ramírez ha habido “bastante presión sobre esta decisión que debe ponderar dos elementos: lo que reza nuestra legislación sobre enfermedades terminales, y segundo, la naturaleza de los delitos por los que está imputada la persona”.
Explicó que la Defensoría del Pueblo conoce que el problema de salud que tiene el comisario Simonovis es crónico, pero enfatizó que no es el deber de su despacho, sino del juez que lleva el caso determinar la naturaleza terminal de la enfermedad de Simonovis de acuerdo a las evaluaciones médicas que se le han realizado.
La defensora destacó que el sistema de justicia venezolano no contempla ninguna connotación que permita que una persona esté privada de libertad por su forma de pensar y aseguró que las quejas en los casos de Leopoldo López y Enzo Scaranno están siendo estudiadas.
