El coordinador del Área de Seguridad Ciudadana de la MUD, Luis Izquiel, en una entrevista puntualizó las sugerencias hechas al Plan de Pacificación encabezado desde el Ejecutivo en el marco del diálogo nacional.
Señaló que el instrumento de seguridad es el número 22 implementado en los últimos 15 años, lo que según su opinión, evidencia “la improvisación, la poca planificación que se ha tenido en materia de seguridad ciudadana”.
“El problema es que somos los venezolanos quienes hemos terminado pagando las consecuencias de esta improvisación”, lamentó.
Izquiel, apuntó que la tasa de homicidio en Venezuela en 1998 era de 19 personas por cada 100.000 habitantes, la cual ha ascendido considerablemente en los últimos 15 años hasta ubicarse en 79 por cada 100.000 habitantes. “Esto ha hecho que la ONU, en un informe que publicó hace apenas 15 días, ubicara a nuestro país como el segundo con mayor tasa de homicidios en el mundo entero, solo detrás de Honduras”.
Indicó que la principal crítica que se le hace al Plan de Pacificación desde el seno de la MUD, “es que obvia la causa principal del aumento de la violencia en Venezuela, que es la gran impunidad que existe en el país”.
Explicó que según el último informe emitido por el Ministerio Público, la impunidad alcanza el 98%. Es decir, de cada 100 delincuentes, solo dos son efectivamente castigados.
Asimismo, lamentó que el plan de seguridad no estipule la participación de alcaldes y gobernadores. “Si bien es cierto que se hicieron una serie de mesas en este sentido con el Gobierno, el planteamiento del plan no lo contempla”.
Aseguró que el problema de la seguridad es de competencia exclusiva del Gobierno nacional. “Los alcaldes y gobernadores tienen su cuota de responsabilidad, pero el grueso de las tareas de seguridad ciudadana le corresponden al Gobierno”.
El integrante de la MUD, indicó que para combatir la impunidad en Venezuela es necesario que los funcionarios de justicia “sean seleccionados a través de concursos públicos y abiertos de oposición”.
En ese sentido, señaló como imperativo la renovación del titular del Ministerio Público, cuyo periodo vence en diciembre.
Asimismo, enfatizó que deben ser reforzados los cuerpos de seguridad preventivos. “Hay un déficit cuantitativo de policías, pero además cualitativo. Hay un grupo importante de policías que se dedican a delinquir”.
Finalizó ratificando su apoyo a la Ley de Desarme y sugirió que sean anexados dos puntos: el desarme de los colectivos y de los “pranes que controlan las cárceles del país”.
