Los problemas de Enzo Scarano no terminaron con su destitución como Alcalde de San Diego (Carabobo) y encarcelamiento por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sino que parecen apenas haber comenzado. Al menos esta es la impresión que da al leer la decisión de la Sala Constitucional, mediante la cual lo removió de su cargo y lo condenó a pasar los próximos 10 meses tras las rejas, tras declararlo culpable de haber desacatado la instrucción que le dio para actuar contra las barricadas instaladas por estudiantes y opositores para protestar contra el Gobierno.
En el fallo, publicado hoy, la intérprete de la Carta Magna le envió al Ministerio Público, a la ContralorÃa y a la ProcuradurÃa General de la República copia de su decisión, por considerar que las acciones del ahora exfuncionario “probablemente estén vinculadas a la vulneración de intereses tutelados por el Código Penal y otras leyes penales, inclusive en comisión por omisión, y, por lo menos, en grado de co-intervención o co-participación” asà como también para que evalúe las posibles “afectaciones a los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la hacienda pública municipal”.
En la resolución, elaborada conjuntamente por los magistrados Gladys Gutiérrez (presidenta), Francisco Carrasquero, Arcadio Delgado, Luisa Estella Morales, Carmen Zuleta, Marco Tulio Dugarte y Juan José Mendoza, también se acordó que Scarano y quien fuera su exjefe de la policÃa municipal, Salvatore Lucchese, cumplan su condena en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
En la actualidad los exfuncionarios permanecen en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques) desde el pasado 12 de marzo.
La publicación de esta resolución se produjo mucho después de los cinco dÃas que la ley le da a la instancia para hacerlo.
