La ONG Provea considera que el accionar militar contra los estudiantes es peor que el empleado durante el estallido social de 1989. El Gobierno decretó asueto hasta el martes
“A 25 años del Caracazo, la brutalidad militar es peor”. Asà se refirió Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, sobre la presente crisis polÃtico-social que atraviesa Venezuela, a 25 años de las fuertes protestas y disturbios que sacudieron al gobierno del ex presidente Carlos Andrés Pérez. Por este motivo, Nicolás Maduro decretó que este jueves y viernes serán dÃas “no laborables”.
“A 25 años de la masacre, van a ser dÃas de conmemoración y no van a ser laborables para que nuestro pueblo se incorpore masivamente a estos actos históricos de ese evento que marcó la vida de todos”, sentenció el mandatario venezolano durante la reunión del Consejo Federal de Gobierno.
Si se tienen en cuenta los feriados de Carnaval, los venezolanos tendrán 6 dÃas consecutivos de asueto. El Gobierno apuesta que los feriados sirvan para bajar la tensión en la calle.
Venezuela ingresó en la tercera semana de protestas callejeras, que comenzaron siendo organizadas por estudiantes, quienes luego recibieron el respaldo de los partidos de la oposición. De acuerdo con la FiscalÃa General, hasta el momento los choques entre manifestantes y los cuerpos armados que responden al chavismo, como la Guardia Nacional Bolivariana y el grupo paramilitar Tupamaro, dejó un saldo de 15 muertos. Además, también hubo decenas de heridos y ocho presos polÃticos, entre ellos, el lÃder de Voluntad Popular, Leopoldo López.
Según Alvarado, el factor que reviste mayor gravedad en la actual crisis que atraviesa Venezuela, es precisamente la presencia de grupos paramilitares en coordinación con los cuerpos de seguridad.
Además de las vÃctimas fatales, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como el Foro Penal, agregan que también existieron 18 casos de torturas, entre golpizas y una violación sexual.
El coordinador de Provea advierte que la represión del gobierno de Nicolás Maduro no cumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 29 de agosto de 2002, con relación al uso proporcional y progresivo de la fuerza en el control del orden público, según consigna El Nacional.
Si bien los dos sucesos son bien diferentes, en la actualidad se teme que esta ola de enfrentamientos culmine con un nuevo Caracazo.
Tal como consigna BBC Mundo, el lÃder opositor y ex candidato presidencial, Hernique Capriles, ha resaltado en más de una oportunidad que la oposición “no quiere un estallido social” para terminar con el gobierno de Maduro. En una entrevista con ese medio británico, el dirigente venezolano habÃa advertido que la profunda crisis económica que viene azotando a Venezuela terminarÃa en una crisis polÃtica.
Caracazo, un estallido social decisivo
El 27 de febrero de 1989 fue una fecha clave para el grupo de militares revolucionarios, al que pertenecÃa el ex presidente Hugo Chávez. Ese evento llevó a acelerar la conspiración que tramaban contra el sistema democrático bipartidista.
Tras aquellos sucesos que dejaron centenares de muertos, la promesa de este grupo de militares fue “nunca más empuñar las armas contra el pueblo”. Sin embargo, esa promesa se quebrantó estas semanas, tras la violenta represión de la Guardia Nacional a los estudiantes que tomaron las calles reclamando por la inseguridad, por la crisis económica y por el desabastecimiento, entre otras cuestiones.
Aquel estallido social duró apenas dos dÃas, y provocó una cantidad de muertos aún hoy no determinada, aunque se estima que superó las 300 vÃctimas fatales. A su vez, este histórico suceso marcó un antes y un después en la vida polÃtica de Venezuela.
El paÃs estaba presidido por Carlos Andrés Pérez, lÃder del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), quien ya habÃa sido presidente entre 1974 y 1979, época en que Venezuela vivió tiempos de bonanza generados por el alto precio internacional del petróleo.
Luego de una primera gestión muy positiva, Pérez asumió su segundo mandato, el 2 de febrero de 1989, en un contexto económico sustancialmente diferente, caracterizado por la fuerte devaluación de la moneda nacional, una inflación alta y el impacto aún vigente de la crisis de la deuda externa desatada en 1982. Un escenario similar al que recibió Maduro al asumir en marzo de 2013.
El presidente de aquel entonces pidió apoyo financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI) y anunció un severo plan de ajuste que incluÃa la liberación de las importaciones, los precios -excepto los de la canasta básica- y las tasas de interés, y fuertes aumentos de las tarifas de los servicios públicos y el valor de los combustibles.
A consecuencia de esas medidas surgieron protestas populares espontáneas, primero en Guarenas, a unos 40 kilómetros de Caracas, y luego en la propia capital y en otras ciudades importantes del paÃs, donde hubo saqueos de comercios.
Con las policÃas locales desbordadas, el gobierno dispuso activar el Plan Avila, un programa de contingencia pararestablecer la paz social en casos de catástrofes o revueltas populares que incluye la participación de las fuerzas armadas.
La represión fue excesiva. Oficialmente se reportaron 276 muertos, numerosos heridos y desaparecidos, y cuantiosos daños materiales.
Sin embargo, la cantidad de vÃctimas fue puesta en duda una vez que se descubrieron fosas comunes con al menos otros 68 cadáveres sin identificar y nunca se conoció la cifra exacta de muertos.
Con la popularidad de Pérez y la gobernabilidad minadas, la situación social fue empeorando paulatinamente y el gobierno sufrió tres años más tarde dos intentos fallidos de golpe de estado.
El primero, el 4 de febrero de 1992, estuvo a cargo de un grupo de oficiales jefes y subalternos de las Fuerzas Armadas,encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez, quien justificó esos actos en “el deterioro de la situación social y el aumento de la corrupción administrativa”.
El segundo se produjo el 27 de noviembre de 1992, cuando los militares implicados bombardearon varios edificios públicos, incluido el palacio presidencial de Miraflores. Diez dÃas después, el partido Acción Democrática sufrió un duro revés en las elecciones municipales y regionales.
En marzo de 1993, el fiscal general, Ramón Escobar Salom, presentó una solicitud de antejuicio contra Pérez porpeculado doloso y malversación de 17 millones de dólares de una partida secreta.
El 20 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que existÃan méritos suficientes para juzgarlo y Pérez dejó el cargo para someterse al juicio. La Presidencia quedó en manos del titular del todavÃa Congreso Nacional, Octavio Lepage.
Pérez serÃa expulsado de su partido, encarcelado primero en un retén judicial y luego, por su edad -tenÃa 70 años-, en su domicilio, hasta que en 1996 fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión, pese a que no se comprobó la apropiación indebida de fondos públicos.
Y aunque aún sobrevendrÃa un segundo mandato (1994-99) del presidente socialcristiano Rafael Caldera, la caÃda de Pérez significó también la del régimen bipartidista que gobernaba Venezuela desde 1959 y el germen del surgimiento del chavismo y su concepción absolutamente diferente de la polÃtica y la administración.
FUENTE: Infobae
