El mismo martes 31 de mayo, que se conoció la invocación de la Carta Democrática a Venezuela, el embajador Bernardo Álvarez, representante permanente de Venezuela ante la Organización de estados Americanos (OEA), indicó que la Cart es una Resolución de la Asamblea General de la OEA, no es un Tratado, no obstante genera compromisos a todos los Estados Miembros y a los Órganos de la OEA, incluida la Secretaría General.
La Carta Democrática Interamericana, afirmó el embajador, parte de un supuesto de hecho: corresponde al Estado concernido, entiéndase Poder Ejecutivo (gobierno) activar la Carta Democrática. Aspecto éste fundamental que respeta la soberanía de los Estados y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados Miembro de la OEA.
Los artículos 19 y 20 de la Carta de la OEA están referidos a la “(…) ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional (…)”. Éstos han sido invocados ante un Golpe de Estado (Venezuela, 2002; Honduras, 2009) situaciones en las cuales no existía un gobierno legítimo en el poder, y en consecuencia, no era posible “el consentimiento” del Estado afectado.
Por ello en el caso actual que se pretende activar la Carta democrática contra Venezuela, cualquier Estado o el Secretario General podrían solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente (artículo 20), para analizar el caso.
Álvarez asegura que no existe en Venezuela ninguna situación fáctica que encaje o se subsuma bajo los supuestos de hecho establecidos en la Carta Democrática Interamericana. “No consta una ruptura o alteración del orden constitucional”, aclaró.
El diplomático destacó que tales son los usos de la Carta Democrática Interamericana. “Cualquier otra lectura o intento de proceder por intereses particulares y políticos sesgados en contra de un Gobierno, es un abuso en las previsiones de la Carta que debería tener consecuencias jurídicas”, reafirmó.
La presidencia de la OEA convocó a sesión extraordinaria para este miércoles 1 de junio, “con el objeto de considerar el Proyecto de Declaración sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela”.
A pocos minutos de iniciada la sesión, el embajador Álvarez, solicitó suspender la convocatoria y que se realice un nuevo encuentro, que atienda una solicitud que ya había hecho el Gobierno de Maduro.
“La propuesta de Venezuela es la suspensión de este Consejo para convocar otro que cumpla con la solicitud como país afectado”, dijo Álvarez.
Aseguró que Venezuela ya había hecho una solicitud de reunión y aseveró que en el encuentro que atienda a esta petición, no tendría problema en debatir el tema sobre la situación en la nación.
“Nuestro planteamiento es que se suspenda este Consejo. Queremos que haya un Consejo Permanente por solicitud de Venezuela”, acotó.
Capriles le responde a Álvarez: defiende los intereses de la cúpula
Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, aseguró que el embajador Álvarez solo defiende los intereses del gobierno y sostuvo que el embajador solo pide derecho de palabra en la sesión extraordinaria para defender la cuota de poder ante la OEA.
“El embajador Álvarez no representa a la mayoría de los venezolanos, defiende los intereses de la cúpula (…), nunca lo hemos visto pedir para la solidaridad de otros países ante la situación que vive nuestra Venezuela”, dijo el mandatario regional.
