WASHINGTON (AP) — Venezuela accedió el miércoles a que el ministerio público defina con un tribunal de control las medidas de protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó para los dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, sus esposas e hijos.
Germán Saltrón, agente del Estado venezolano para los derechos humanos ante organismos internacionales, dijo a The Associated Press que una vez que los parientes lo soliciten, se celebrará una audiencia oral donde «la fiscalía y un tribunal de control van a establecer las medidas cautelares».
Saltrón agregó que la audiencia oral se limitará a la solicitud de protección para las esposas e hijos, aunque el abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez expresó a AP su expectativa de que también se aborden las condiciones de reclusión de los dos dirigentes.
La CIDH solicitó en abril medidas cautelares para López y Ceballos y este mes las extendió a sus esposas e hijos ante el temor de que sus vidas corran peligro.
La Comisión, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, tiene la facultad de solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
Gutiérrez calificó de «muy exitosa» la reunión porque «logramos que el Estado venezolano por primera vez reconozca que le da va a dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la CIDH».
The Associated Press solicitó un comentario a la Comisión sin recibirlo de inmediato.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, dijo que otros Estados suelen implementar medidas cautelares sin necesidad de acudir a un tribunal. «Eso del tribunal normalmente no es así, pero haremos lo que tengamos que hacer, iremos a todas las instancias», indicó Tintori tras la reunión, a la que acudió con sus dos hijos de seis y dos años.
López fue condenado el mes pasado a 13 años y nueve meses de prisión en la cárcel militar de Ramo Verde, donde permanece desde hace año y medio, por incitar violentas protestas en Caracas en 2014.
Washington ha dicho que la liberación de López es un requisito para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, que no intercambian embajador desde 2010.
Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, se dio por satisfecha con la reunión y señaló que para el Estado el cumplimiento de las medidas implica el cese de persecución de la policía política, del hostigamiento en las redes sociales y medios de comunicación, de amenazas telefónicas, invasión a sus teléfonos y de las requisas extremas a las que ellas y los niños deben someterse para visitar a sus esposos.
Un tribunal local otorgó en agosto a Ceballos, exalcalde de la ciudad suroccidental de San Cristóbal, una medida de arresto domiciliario mientras enfrenta un juicio por el delito de rebelión por su supuesta vinculación con violentas protestas que se registraron el año pasado en esa ciudad andina.
