La crisis eléctrica se prolonga. El racionamiento y las fallas en el sistema eléctrico no cesan a seis años de la “emergencia” iniciada en 2009, y luego de cinco ministros de Energía Eléctrica y un gasto de 95 mil millones de dólares.

Hoy los expertos anuncian una agudización del problema. “La crisis es de grandes dimensiones, va a llegar a Caracas, es irreversible”, alertó recientemente el ingeniero Víctor Poleo en entrevista con el Circuito Éxitos. En Venezuela solo funciona 50% de la capacidad instalada del sistema eléctrico.

Una “mala praxis operativa” del embalse del Guri, la falta de combustible termoeléctrico, especialmente diésel para las plantas, y poco o nulo funcionamiento de buena parte de la generación eléctrica instalada en el «chavismo», son las causas centrales de la crisis, según enumeró Poleo.

El ingeniero y ex gerente para la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado (OPSI), Miguel Lara, coincide con ese diagnóstico. “La situación está más crítica que en 2009”, resume Lara tras analizar el estado del sistema eléctrico. Una conclusión destaca sobre el resto: mientras más capacidad de generación eléctrica se instaló, especialmente a partir de ese 2009, es mayor la cantidad de generación que no está disponible en el sistema. En otras palabras, esa inversión se desperdició o no funciona adecuadamente.

En 1998 el sistema eléctrico nacional poseía una capacidad instalada de 19.696 Megavatios (Mw). Ahora ese potencial asciende a 34.400 Megavatios. De ese total unos 11 mil Megavatios se incorporaron a partir de 2009.

Esa capacidad instalada de 34.400 Megavatios prácticamente duplica la demanda nacional, cuyo pico más elevado sobrepasó los 18 mil Megavatios, de acuerdo a cifras ofrecidas por el ex ministro Jesse Chacón. ¿Por qué entonces persiste la crisis eléctrica si la capacidad instalada duplica la demanda nacional?

El problema principal es que buena parte de esa inversión realizada entre 1999 y 2014, pero especialmente la acometida a partir de 2009 por la emergencia eléctrica, no está operativa. “El problema es que de eso que está instalado cada vez es menos lo que funciona”, explica Lara.

Lara detalla que cuando la demanda llega a los 18 mil Megavatios el sistema es “deficitario”, ya que la capacidad disponible apenas ronda los 17.220 Megavatios, esto es, la mitad de la capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional. “Del total la mitad no funciona, no está operativa, por eso cuando la demanda llega a 18 mil Megavatios hay un déficit”, insiste el ingeniero.

Aunque a Caracas aún no han llegado los planes de racionamiento, en varias regiones pagan a diario esa ineficiencia. De acuerdo a los datos que manejan Poleo, Lara y el también ingeniero José Aguilar, el estado que más sufre el racionamiento del servicio eléctrico es Zulia, entidad a la que le cortan 20% de su carga de energía. Anzoátegui con una reducción de 9%, y Lara, Aragua y Carabobo con racionamiento de 8% son los otros estados más afectados por la política de las autoridades.

La evolución de la demanda eléctrica derrumba la tesis oficial que culpa a los usuarios por el alto consumo. Entre 1998 y 2015 la demanda evolucionó de los 10.854 Megavatios a poco más de 18 mil Megavatios. Si las inversiones realizadas, especialmente en generación termoeléctrica a partir de 2009, estuvieran operativas el sistema operaría con holgura y no seguiría dependiendo de la generación eléctrica del embalse del Guri.

Corto circuito en las inversiones

Los cálculos que han realizado los ingenieros señalan que entre 1999 y 2014 el Gobierno destinó poco más de 95 mil millones de dólares para atender la crisis eléctrica e incorporar 14.704 Megavatios al sistema eléctrico. Ese gasto casi duplica al realizado entre 1958 y 1998, de 48.250 millones de dólares y que permitió instalar 19.696 Megavatios.

“La mayor parte de lo que se instaló fue en generación termoeléctrica (…) Se instalaron barcazas que no funcionan, se compraron máquinas usadas por adjudicación directa y máquinas que no eran las mejores”, asegura Lara.

El diario El Mundo de España reveló que Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía, y Javier Alvarado, ex viceministro de desarrollo eléctrico y ex presidente de la Electricidad de Caracas, fueron dos de los ex funcionarios venezolanos señalados de blanqueo de capitales luego de beneficiarse en la adjudicación de algunos contratos para distintas empresas, a propósito de la información relacionada con el Banco Privado de Andorra (BPA) y su filial en Madrid. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, también denunció en 2013 que funcionarios venezolanos se beneficiaron de las adjudicaciones de contratos que recibió el grupo Derwick en 2009.

“El desempeño del sistema eléctrico no es acorde con lo que se pagó, ni con los pocos años de uso que tienen esas inversiones”, sentencia Lara.