La muerte del aviador de 64 años de edad, Rodolfo González, en los calabozos del Sebin será incorporada a las denuncias que formularán las organizaciones no gubernamentales contra el Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 154° período de sesiones que comienza mañana.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, explicó que la conmoción que ha causado el hecho conduce a analizar la amenaza de traslado de presos políticos a centros penitenciarios de alta peligrosidad, como un mecanismo de tortura psicológica que, en el caso de González, pudo haber influido en su muerte.

«Durante las protestas de 2014 fue una práctica recurrente. Sin embargo, no se hizo visible como patrón pues los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad y por grupos parapoliciales contra los que salieron a la calle a manifestar su descontento fueron tantos y tan graves que apenas hubo oportunidad de denunciar los más brutales. Ahora, después de los intentos de suicidio del abogado Marcelo Crovato, que estuvo 10 meses preso en Yare III, del estudiante Alfredo Jaspe, recluido 6 meses en Rodeo II, y del supuesto suicidio de González, es necesario prestarle mayor a esta sofisticación del maltrato contra los presos políticos», indicó Uzcátegui.

El coordinador general de Provea, recordó que esa ONG documentó varios casos de tortura psicológica mediante la amenaza de reclusión junto a presos comunes durante la represión de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales de 2013.

En cuanto a Rodolfo González, Provea denunciará violaciones al debido proceso: fue acusado por un supuesto patriota cooperante, el presidente Nicolás Maduro lo sentenció públicamente y el retardo procesal lo mantuvo detrás de las rejas durante casi un año sin que hubiese comenzado la fase de juicio propiamente dicha.

[divide style=»dashs» icon=»circle» width=»medium» color=»#000000″]

Rodolfo González nunca tuvo derecho a defenderse

[divide style=»dashs» icon=»circle» width=»medium» color=»#000000″]

30 ONG contra la represión.

El caso de Rodolfo González se denunciará en el contexto de una audiencia especial sobre la criminalización de la protesta social, solicitada por 30 ONG de América, entre ellas, las venezolanas Provea, Espacio Público y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

En muchos países del hemisferio se señala en un documento de 53 páginas que se consignará ante la CIDH, que se ha recurrido a las reformas penales y a la legislación antiterrorista para menoscabar el derecho a la manifestación pacífica y sin armas.

En Venezuela se verifican ambos mecanismos. La obstrucción de vías, que en algunos países como Bolivia y Argentina corresponde a formas de lucha casi tradicionales, fue tipificada como delito en la reforma del Código Penal de 2005, un año después de la proliferación del cierre de calles que el oficialismo se apresuró a estigmatizar como guarimbas. Además, con la instrumentalización de la justicia penal para reprimir la disidencia frente al gobierno, se ha vuelto común la imputación y acusación por el delito asociación para delinquir, establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.

Sobre Venezuela también se debatirá en la CIDH la jurisprudencia restrictiva establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, al supeditar el derecho a la manifestación a una autorización previa, así como los riesgos del uso de la fuerza letal en el control de orden público por parte de funcionarios militares, como está autorizado en la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa.

Rafael Uzcátegui considera que los excesos en la represión de la protesta social ocurridos en Venezuela resuenan en la región como una alarma y uno de los propósitos de esta alianza de ONG es identificar patrones de represión en los países del ALBA para determinar el peso del componente ideológico en la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.