José Luiz Ratton, sociólogo de Brasil, experto en reducción de homicidios fue invitado a Venezuela por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin) como parte de la iniciativa internacional Instinto de Vida, que busca bajar a la mitad la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego en América Latina
Durante su visita ha dado a conocer su experiencia liderando un programa llamado Pacto Por la Vida, que del 2007 al 2013, redujo en 40% los homicidios en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil.
Runrun.es conversó con el experto sobre cómo entender la violencia, la importancia de los datos abiertos y de la tecnología para la solución de problemas, y las similitudes entre ciudades violentas de Venezuela y Brasil.
Siempre se relaciona la violencia con pobreza. ¿Es la riqueza igual a la no violencia?
No hay una relación directa entre pobreza y violencia, ni es cierto decir que todos los pobres son violentos. No todas las situaciones de violencia son generadas por los pobres. Lo que pasa es que la violencia en los espacios de pobreza es más visible socialmente e, incluso, es más explorada por los que viven en esos espacios. Los pobres son percibidos como peligrosos porque la clase media controla los medios para dar esa percepción. No hay una relación necesaria entre pobreza y violencia.
Hay muchos focos de violencia que son comandados e inclusive financiado por los ricos. El lavado de dinero, la compra y tráfico de armamento, por ejemplo.
La producción de la violencia es muy compleja y no se puede limitar a relacionarlo sólo con la pobreza. Hay espacios de pobreza con violencia y hay producción de violencia completamente relacionada a personas de grupos que son ricos.
¿Cómo se crean políticas públicas eficientes para reducir la violencia?
La violencia es una cosa compleja, multidimensional, y para solucionarla debe haber participación de la policía, tribunales, pero también la prevención de la violencia desde una política pública compleja y multidimensional. La violencia es un proceso histórico y para disminuirla se necesitan políticas a corto y a largo plazo también.
La reducción de la desigualdad es importante así como también la capacitación de la policía y el abordaje en Latinoamérica del tema de las drogas. Hay que pensarlo de una forma abierta, multidimensional, integrada.
En Venezuela, el Gobierno promovió las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), donde han ocurrido ejecuciones extrajudiciales, para atacar directamente el crimen. ¿Es esta una política eficiente para reducir la violencia?
No, no es un política eficiente. Genera el debilitamiento de la legitimidad del Estado. La policía sólo puede matar en una situación extrema y cuando existe un riesgo latente para alguno de los funcionarios. Así que las ejecuciones extraoficiales no pueden convertirse en una política de Estado. Es muy grave, no se puede pensar esto como una forma de política de seguridad ciudadana. Se deben pensar en actuaciones de la policía que sean más eficientes y con resultados más concretos. En estos casos, más bien, el Gobierno está aumentando la violencia.
También existe el problema de la impunidad. En Venezuela alguien puede ser detenido y pasar años sin pasar a juicio o recibir una sentencia.
Las audiencias y los tribunales también son responsables en el proceso de reducción de violencia. El tiempo de juzgar debe ser adecuado, legal. Esto debe cambiar porque sino el Estado está participando en la producción de la violencia, después esas personas regresan a cobrar deudas una vez estén en libertad.
En Venezuela no existe una Ley de Transparencia ni se dan a conocer las cifras de homicidios. Los periodistas y la sociedad civil, en muchos casos, se han dado la tarea de recoger datos de violencia, tal es el caso del proyecto Monitor de Víctimas que lleva Runrun.es. ¿Qué aportan los datos abiertos en la reducción de la violencia?
En Brasil también tenemos problemas de transparencia. Hay una ley pero no todas las veces se cumple. En Pernambuco nos daban la información de quién moría, sexo, edad, ocupación y se tenía un reporte mensual y análisis de la violencia por municipio y barrio. Esto no se está haciendo más porque cambió el Gobierno y decidieron no seguir publicando. Ahora sólo dan cifras generales.
Para contrarrestar esta situación hemos creado una aplicación llamada Fogo Cruzado que solamente colocando el email y una contraseña se puede reportar si hubo un disparo de fuego en la zona donde te encuentres. De esta manera, todas las personas que usen la aplicación van a recibir una alerta. En la aplicación también hay un mapa, donde se georeferencia el hecho después de haber sido chequeado.
Esta aplicación fue creada por una organización de la sociedad civil en Río de Janeiro y ahora se está replicando en Pernambuco. Esto es una forma de obligar y presionar al Gobierno a que divulgue información. Así que el problema del acceso a los datos no es sólo en Venezuela, lo sufrimos en Brasil también.
¿Y las Apps o iniciativas como estas ayudan a proteger a los propios ciudadanos?
Sí, para estar alertas. Inclusive para entender los tipos de violencia que hay. Por ejemplo, en Río de Janeiro se escuchan más disparos y hay más reportes porque la delincuencia posee armas largas, que son más ruidosas. Pero esto no significa que haya más muertes que en otras ciudades “silenciosas”. Esto hemos podido verlo a través de la data que recogemos con la aplicación.
¿Cómo se hace el chequeo de la información que les llega?
Cada caso se revisa en redes sociales y con grupos de la comunidad en donde ocurrió. Al momento de publicar no colocamos fotos amarillistas y se filtran las palabras a utilizar para producir información de calidad y con respecto a las víctimas
Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México, Venezuela tiene 7 ciudades entre las 50 más peligrosas del mundo. Si en algún momento se comenzara a combatir la violencia en Venezuela, ¿por dónde se tiene que empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos para reducir la violencia en ciudades como Caracas?
En Brasil tenemos 17 ciudades en esa lista. Lo primero es la reducción de la impunidad.Para eso debe haber una policía preparada que no sea discriminatoria, con capacidad de investigación y que tenga una relación con la fiscalía
Por otro lado, debe haber proyectos de reducción de la violencia en el nivel primario, secundario y terciario. En primer lugar, dar condiciones urbanas básicas como buena iluminación. En un nivel secundario, crear planes para reducir la violencia en grupos específicos. Por ejemplo, atacar la violencia contra las mujeres, contra los grupos LGBT, contra la juventud, violencia contra grupos étnicos. Se tiene que pensar planes de forma específica para la prevención.
En un nivel terciario, ofrecer oportunidades para que personas que practicaron la violencia antes no lo repitan. Por ejemplo, programas para quienes salen de la prisión y puedan integrarse socialmente de nuevo a sus comunidades.
Debe haber continuación de estas políticas también; no pueden estar pre escritas a ciertos momentos o periodos electorales.
