El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, confirmó que su Gobierno «monitorea muy de cerca la crisis venezolana y está en constante diálogo con sus aliados».

«La de Venezuela es una situación muy difícil. La pobreza es completamente inaceptable. Este país tenía una economía muy sana, con recursos naturales y no hay razón para que el pueblo sufra y viva así».

El funcionario norteamericano, además, respaldó las medidas de su gobierno contra Nicolás Maduro: «Tenemos sanciones selectivas para alentar el buen comportamiento, son directas a los políticos y no al pueblo. Otro tema es la inmigración para la región, que también hay que tener en cuenta».

Desde el año pasado, Washington viene dictando una serie de sanciones contra altos funcionarios del régimen venezolano que preside Nicolás Maduro. Entre los penalizados está toda la cúpula chavista: el propio Nicolás Maduro; el número dos del PSUV, Diosdado Cabello y los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami. A todos se los investiga por nexos con el narcotráfico, el terrorismo y hechos de corrupción.

Sobre la brutal represión en Nicaragua, Mnuchin no descartó nuevas sanciones: «Como política, no hablamos de futuras sanciones, pero obviamente seguimos el tema».

A principios de julio, el Tesoro de los EEUU también anunció sanciones individualizadas para tres funcionarios nicaragüenses, del círculo íntimo del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo: Francisco Díaz, el director de la Policía y consuegro de Ortega; principal ejecutor de la brutal represión que ya cumplió tres meses y asesinó a más de 300 personas. A Fidel Moreno, un funcionario municipal señalado como principal nexo con las turbas, las fuerzas de choque del régimen. Y Francisco López Centeno, principal operador financiero de los Ortega y Tesorero del Partido Sandinista.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que en estos tres meses, fueron asesinadas 277 personas.

Las sanciones individualizadas son uno de los principales reclamos de los opositores tanto en Venezuela como en Nicaragua. Penalizar con nombre y apellido permite congelar activos en el exterior, golpear financieramente a los funcionarios y prohibirles la entrada en el territorio del país que sancione. Cuantos más países se sumen, más aislados quedaría y, además, los pueblos no sufren consecuencias como sí sucede, por ejemplo, con los embargos.

Además de EEUU, la Unión Europea y Canadá ya impusieron sanciones a funcionarios chavistas. En cambio los jefes sandinistas, por ahora, sólo están en la mira norteamericana.