Encarcelado por tuitear

Mientras el mundo debate cómo contener la vigilancia masiva de las comunicaciones de parte de gobiernos y empresas, en Venezuela, sin necesidad de métodos sofisticados, decenas de personas han sido encarceladas y en algunos casos enjuiciadas por sus actividades en línea.

¿Cómo es que se habla de cárceles sin pasar por juicios? Porque en Venezuela no se siguen los pasos que indica el debido proceso cuando hay estado de derecho, sino que se impone la lógica de la arbitrariedad. Los tuiteros son detenidos de forma caprichosa y son sometidos a malos tratos hasta que en algún momento son excarcelados sin dar muchas explicaciones. Veamos algunos casos.

El 28 de abril de 2017, el comunicador Dan Elliot Zambrano, de 34 años de edad, abrió la puerta de su casa porque había funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar buscándolo. Le dio tiempo de tuitear y señalar a la DGCIM antes de que se lo llevaran detenido.

Desde su casa en la ciudad de Cagua, hasta Caracas, la capital de Venezuela hay más de 100 kilómetros. Allí lo encontraron al día siguiente, cuando su esposa y un grupo de abogados iniciaron su búsqueda porque negaban su paradero en cada sede a la que fueron en Aragua, su estado originario. Durante varias semanas Dan Zambrano estuvo aislado, a lo sumo le permitieron pedirle productos de higiene personal y cambios de ropa a su madre por teléfono, porque los centros de detención no proveen eso. Su esposa denunció 40 días después de la detención que no lo había podido ver ni una sola vez. A la quinta semana de presidio ni siquiera había sido presentado en un tribunal para saber al menos de qué se le acusaba.

Dan Zambrano había sido detenido por los uniformados a raíz de haber hecho tweets y retweets de mensajes críticos al régimen de Nicolás Maduro. No era una cuenta relevante, tenía apenas 1.300 seguidores en ese momento, pero era un perfil con nombre y apellido cuya ubicación los uniformados pudieron encontrarla fácilmente. Meses después, Zambrano fue liberado sin cargos. Al ser consultado sobre el episodio, mantiene las reservas del caso porque aunque se encuentra en el exilio, su familia aún permanece en Venezuela y corre el riesgo de represalias. Sin embargo apuntó algo importante sobre las autoridades y su seguimiento de contenidos en redes sociales: “El uso de ellos de intervenir en las redes es absolutamente caprichoso. Estando en detención me di cuenta que el uso de las redes es 60% contrainteligencia hacia la milicia y el resto contra la población, los políticos”.

Se refiere al monitoreo de publicaciones. No hay detrás de esto un software particularmente especializado ni la posibilidad de detectar las IP ni las ubicaciones geográficas de la gente, sino de monitorear sus contenidos hasta detectar al próximo cautivo y llegar a ellos por ingeniería social. Lo misterioso es el criterio para escogerlos, porque otros casos revelan un azar espeluznante. Pareciera que la intención del poder es remarcar que literalmente pueden llevarse a cualquiera en cualquier momento.

Tras las rejas

Por ejemplo, Skarlin Duarte, fue detenida en agosto de 2014, cuando tenía 23 años de edad, y liberada 858 días después, a finales de 2016. Permaneció encarcelada en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y una de las peores cárceles de presos políticos en Venezuela. Fue acusada de delitos como “instigación al odio”, “acceso indebido a sistemas protegidos”, “espionaje informático” y “ultraje”. Sin embargo nunca fue llevada a juicio, así que tampoco se mostraron evidencias. Al menos hasta noviembre de 2016, un mes antes de su excarcelación, su audiencia en tribunales había sido suspendida 33 veces consecutivas, mientras perdía más de dos años de su vida tras las rejas. Skarlin estuvo en el lugar equivocado.

Era cliente de un cibercafé en Caracas, uno de los dos que fue allanado por los uniformados un día que anunciaron un operativo para encontrar a los autores de mensajes contra el gobierno en redes sociales. Así que se llevaron algunas computadoras del lugar y los datos de la joven bailarina de danza latina, sin conocimientos sobre espionaje informático, a quien le allanaron su casa en la noche para detenerla.

Continúa leyendo el artículo de Luis Carlos Díaz en Derechos Digitales

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Mientras el mundo debate cómo contener la vigilancia masiva de las comunicaciones de parte de gobiernos y empresas, en Venezuela, sin necesidad de métodos sofisticados, decenas de personas han sido encarceladas y en algunos casos enjuiciadas por sus actividades en línea.

¿Cómo es que se habla de cárceles sin pasar por juicios? Porque en Venezuela no se siguen los pasos que indica el debido proceso cuando hay estado de derecho, sino que se impone la lógica de la arbitrariedad. Los tuiteros son detenidos de forma caprichosa y son sometidos a malos tratos hasta que en algún momento son excarcelados sin dar muchas explicaciones. Veamos algunos casos.

El 28 de abril de 2017, el comunicador Dan Elliot Zambrano, de 34 años de edad, abrió la puerta de su casa porque había funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar buscándolo. Le dio tiempo de tuitear y señalar a la DGCIM antes de que se lo llevaran detenido.

Desde su casa en la ciudad de Cagua, hasta Caracas, la capital de Venezuela hay más de 100 kilómetros. Allí lo encontraron al día siguiente, cuando su esposa y un grupo de abogados iniciaron su búsqueda porque negaban su paradero en cada sede a la que fueron en Aragua, su estado originario. Durante varias semanas Dan Zambrano estuvo aislado, a lo sumo le permitieron pedirle productos de higiene personal y cambios de ropa a su madre por teléfono, porque los centros de detención no proveen eso. Su esposa denunció 40 días después de la detención que no lo había podido ver ni una sola vez. A la quinta semana de presidio ni siquiera había sido presentado en un tribunal para saber al menos de qué se le acusaba.

Dan Zambrano había sido detenido por los uniformados a raíz de haber hecho tweets y retweets de mensajes críticos al régimen de Nicolás Maduro. No era una cuenta relevante, tenía apenas 1.300 seguidores en ese momento, pero era un perfil con nombre y apellido cuya ubicación los uniformados pudieron encontrarla fácilmente. Meses después, Zambrano fue liberado sin cargos. Al ser consultado sobre el episodio, mantiene las reservas del caso porque aunque se encuentra en el exilio, su familia aún permanece en Venezuela y corre el riesgo de represalias. Sin embargo apuntó algo importante sobre las autoridades y su seguimiento de contenidos en redes sociales: “El uso de ellos de intervenir en las redes es absolutamente caprichoso. Estando en detención me di cuenta que el uso de las redes es 60% contrainteligencia hacia la milicia y el resto contra la población, los políticos”.

Se refiere al monitoreo de publicaciones. No hay detrás de esto un software particularmente especializado ni la posibilidad de detectar las IP ni las ubicaciones geográficas de la gente, sino de monitorear sus contenidos hasta detectar al próximo cautivo y llegar a ellos por ingeniería social. Lo misterioso es el criterio para escogerlos, porque otros casos revelan un azar espeluznante. Pareciera que la intención del poder es remarcar que literalmente pueden llevarse a cualquiera en cualquier momento.

Tras las rejas

Por ejemplo, Skarlin Duarte, fue detenida en agosto de 2014, cuando tenía 23 años de edad, y liberada 858 días después, a finales de 2016. Permaneció encarcelada en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y una de las peores cárceles de presos políticos en Venezuela. Fue acusada de delitos como “instigación al odio”, “acceso indebido a sistemas protegidos”, “espionaje informático” y “ultraje”. Sin embargo nunca fue llevada a juicio, así que tampoco se mostraron evidencias. Al menos hasta noviembre de 2016, un mes antes de su excarcelación, su audiencia en tribunales había sido suspendida 33 veces consecutivas, mientras perdía más de dos años de su vida tras las rejas. Skarlin estuvo en el lugar equivocado.

Era cliente de un cibercafé en Caracas, uno de los dos que fue allanado por los uniformados un día que anunciaron un operativo para encontrar a los autores de mensajes contra el gobierno en redes sociales. Así que se llevaron algunas computadoras del lugar y los datos de la joven bailarina de danza latina, sin conocimientos sobre espionaje informático, a quien le allanaron su casa en la noche para detenerla.

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