Su familia pensó que la habían secuestrado, pero dos días después pudieron hablar con ella: estaba en la sede de la Dgcim de Boleíta sin saber el porqué de su arresto. Esta es la historia de una de las detenidas que vincularon al piloto rebelde y que, todavía hoy, no entiende por qué está tras las rejas

Lorena Meléndez G.

@loremelendez

Carola Hernández había salido de su oficina en compañía de su socio y de su novio cuando se la llevaron. De una camioneta Chery de color naranja y dos motos VStrom sin ningún tipo de identificación, descendió un grupo de hombres armados y vestidos de negro que la interceptó en plena avenida Francisco de Miranda a la luz del día. Cuando todo pasó, estaba a la altura del Centro Plaza, en la urbanización Los Palos Grandes de Chacao, en Caracas y eran alrededor de las 3:00 pm del miércoles, 24 de enero de 2018. Su familia no volvería a saber de ella hasta dos días después. Quienes estaban allí pensaron que se trataba de un secuestro, pero se equivocaron.

Los encapuchados tomaron a los dos hombres que andaban con Carola y los inmovilizaron y lanzaron contra el suelo. A ella se la llevaron con rumbo a la urbanización El Paraíso donde aparecieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para arrestarla. Días después, en su audiencia de presentación, supo que todo había ocurrido porque la habían relacionado con Óscar Pérez, el piloto rebelde que fue asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado junto con seis de sus aliados en un chalet de El Junquito, al oeste de la capital venezolana. Hoy está acusada por ser su supuesta cómplice.

A Carola – diseñadora gráfica y emprendedora que lleva 12 años al frente de una empresa de producción de eventos –  no la presentaron de inmediato ante las autoridades. A los dos días de su aprehensión, apenas le permitieron llamar a sus padres para explicarles lo ocurrido y decirles que estaba en la sede de la Dgcim de la urbanización Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda. Cinco días después la llevaron a su primera audiencia, en lugar de hacerlo durante las 48 horas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Tras seis semanas de aquella detención arbitraria, un tribunal militar ordenó que Carola quedara privada de libertad y la acusó por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de artefactos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), e hizo lo mismo con otros dos civiles – el taxista Juan Carlos Urdaneta y el mecánico Joaldy Javier Deyon – y con ocho uniformados – el teniente Carlos Arias y siete primeros tenientes: Eduardo Amaya, Jhoander Ceiba, Alberto Maita, Simón Torres, Anderson Pérez, Gustavo Sandoval y Robert Escalona –. De todo el grupo, Carola había sido la última detenida. No conoce a ninguno de los otros arrestados.

Aunque hasta ahora no hay ninguna prueba que vincule a Carola con Óscar Pérez, ella permanece tras las rejas en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Su abogada, Lilia Camejo, indicó que la asociaron al robo de armas que el piloto llevó a cabo en un comando militar.

Para la abogada, en el caso de la diseñadora se han hecho evidentes todas las irregularidades que se han registrado en los procesos a los que han sido sometidos los presuntos cómplices de Óscar Pérez. Los agentes que la apresaron nunca se identificaron, ni tampoco mostraron la orden de detención que ordenaba su arresto, tal como lo dictan las “Reglas para la Actuación Policial” contenidas en el artículo 117 del COPP. A Carola la dejaron incomunicada durante días, nunca informaron sobre su paradero a su familia y violaron los lapsos de presentación ante las autoridades establecidos en el artículo 250 de la misma legislación. Al final, la acusaron sin tener indicios de su relación con el piloto rebelde.

El efecto de la aprehensión siguió fuera de Ramo Verde. La oficina de la empresa de Carola fue allanada ilegalmente días después de su detención. De allí se llevaron computadoras, el pasaporte de uno de los socios de la compañía y hasta una botella de whisky sin explicación alguna.

La defensa de Carola no pudo tener acceso a su expediente porque la Fiscalía Militar, que tampoco debería llevar su caso porque se trata de una civil, pidió una reserva por 15 días. Sin embargo, después de esas dos semanas, los abogados tampoco pudieron ver los documentos que muestran los fundamentos de una acusación que se hizo prácticamente en grupo y no individualizada, como debería ser.

A lo largo de los casi dos meses que lleva encarcelada, Carola ha perdido peso. Dicen sus familiares que la angustia por no saber por qué está encerrada la tiene así. Para distraerse, puso la creatividad que la caracteriza, según quienes la conocen, al servicio del ambiente que la rodea: decidió decorar con telas el ambiente en donde los detenidos reciben a los niños que los visitan. Mientras tanto, espera su próxima audiencia que está pautada para el 3 de abril.