Familiares de ocho de las 158 víctimas que cayeron durante las manifestaciones del año pasado saludaron la iniciativa de la Corte Penal Internacional de verificar si ocurrieron crímenes de lesa humanidad en los cuatro meses de conflictividad
@loremelendez
Los padres de ocho jóvenes que fueron asesinados durante las protestas antigobierno de 2017 a manos de las fuerzas de seguridad comandadas por Nicolás Maduro, reclamaron este viernes, 16 de febrero, que las instituciones del Estado no habían cumplido con su obligación de investigar estos homicidios casi 11 meses después del inicio de las manifestaciones.
A través de un comunicado, que fue leído en rueda de prensa, afirmaron que la situación de impunidad y la negación de la justicia no los harán renunciar a su lucha por conseguir justicia en el caso de sus hijos. «Veremos cómo son castigados los responsables, no solo el que disparó, también el que dio la orden y el que pretendió ocultar la verdad», indicaron en el documento.
Los padres de Juan Pablo Pernalete, Neomar Lander, Miguel Castillo y David Vallenilla, asesinados en Caracas; Nelson Arévalo, a quien mataron en Barquisimeto, estado Lara; Rubén Darío González y Luis Guillermo Espinoza, a quienes les dispararon en Valencia, estado Carabobo; y César Pereira, cuya muerte fue causada por un policía municipal en Lechería, estado Anzoátegui, saludaron la iniciativa de la Corte Penal Internacional (CPI) de practicar un examen preliminar para verificar las denuncias que fueron presentadas en esta institución y que están relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Maduro el año pasado.
«Nos mantenemos luchando porque se haga justicia en el caso de nuestros hijos y de todos aquellos que murieron o fueron heridos por agentes del Estado, quienes hicieron uso sistemático y desproporcionado de la fuerza para reprimir las manifestaciones pacíficas», subraya el escrito.
Cadena de irregularidades
Retardo procesal, inexistencia de imputaciones e investigaciones detenidas caracterizan los casos de estos ocho jóvenes que fueron asesinados por militares y policías durante los cuatro meses de manifestaciones de 2017.
José Pernalete, padre del estudiante Juan Pablo Pernalete, reveló que a pesar de que en mayo de 2017 la Fiscalía General de la República -que en ese momento estaba bajo el mando de la hoy exiliada Luisa Ortega Díaz-, determinó que el joven había muerto por el disparo de una bomba lacrimógena, e identificó al grupo de uniformados que estaba en el lugar, todavía no hay ningún culpable. «Ellos (el gobierno) saben quién fue el guardia nacional que lo asesinó, así como conocen toda la cadena de mando. El expediente está completo», aseveró.
«Si no se ha avanzado en el caso de Pernalete, que la Fiscalía ya resolvió, ¿qué podemos esperar los que no tenemos una audiencia como tal?», apuntó Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, quien insistió en que el muchacho, de 17 años de edad, había muerto por el golpe de una bomba lacrimógena disparada por la Policía Nacional, y no por un explosivo casero, como indicó el vicepresidente Tareck El Aissami.
Damaris Avendaño, madre de Arévalo, exigió que le muestren el rostro de quien mató a su hijo el pasado 16 de junio de 2017. Ocho meses después de los hechos, aseguró que el acta de defunción del joven de 22 años de edad, determinó que su muerte había sido causada por el impacto de arma de fuego en su cuello y no por un supuesto mortero que había explotado frente a él, como lo informaron las autoridades al momento del suceso. «¿Por qué no le dieron en una pierna si lo que querían era neutralizarlo? Si le hubiesen dado en una pierna, yo lo hubiera cuidado, no estaría muerto», sentenció.
David José Vallenilla, padre del joven Vallenilla, reclamó que el asesino de su hijo, un sargento de la Policía Aérea de la base de La Carlota, jamás había sido presentado ante un tribunal militar, a pesar de que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, declaró que lo habían identificado y detenido. Recordó además que el fiscal general nombrado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, había reconocido el homicidio como una ejecución extrajudicial.
Luis Castillo, padre del comunicador social Miguel Castillo, a quien mataron el 10 de mayo de 2017 en la urbanización Las Mercedes, en Caracas, rechazó que nueve meses después de su muerte, el Ministerio Público aun no haya identificado al soldado que le disparó al joven y que ni siquiera se reconozca que los disparos provinieron de los efectivos de la Guardia Nacional que estaban en el lugar. Lo mismo ocurre en el caso de Rubén González, en el que se niega que los militares estuvieron ese día en la manifestación en la que cayó en La Isabelica, en Valencia. «Yo tengo pruebas de que sí estuvieron allí, porque hay testigos que los vieron», señaló su madre, Dexy González.
Tampoco se ha imputado a los guardias nacionales que mataron a Espinoza, de 16 años de edad, a quien luego de dispararle en la cabeza, de acuerdo con el testimonio de su madre, Zulmi Espinoza, «le cayeron a patadas». El joven estudiante murió el 13 de agosto pasado, dos meses después de los hechos que lo dejaron internado en un hospital, y para esta fecha todavía no se ha entregado el resultado de la autopsia que le practicaron.
Zulimar Villegas, madre de César Pereira, denunció que la primera audiencia preeliminar del caso de su hijo – asesinado el 28 de mayo – se hizo el pasado 8 de febrero. Ese día, la defensa del policía inculpado insinuó que el video que evidencia que el uniformado disparó balines de metal contra el muchacho, de 20 años, podría ser un montaje.
Todos los padres defendieron el derecho a la protesta que sus hijos ejercían al momento de sus asesinatos y recalcaron que sus muertes se habían producido en medio de las acciones contempladas por el Plan Zamora que Maduro activó poco después del inicio de las manifestaciones. En total, 158 personas murieron en los cuatro meses de conflictividad.
