Caso de espionaje en Tumeremo será juzgado por tribunal militar en Caracas

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió este lunes que radicará un proceso penal por presunto espionaje en Tumeremo, estado Bolívar, ante un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Caracas.

La ponencia del caso que involucra a 13 personas de nacionalidad venezolana y colombiana, la hizo el magistrado Maikel Moreno, presidente de la sala y del TSJ.

Esta causa penal fue inicialmente llevada por la Fiscalía Militar Cuadragésima Sexta del estado Bolívar contra los venezolanos: Luis Enrique Gámez Zamora, Aníbal José Salazar Cabezas, José Rafael Valdez Cevallos y Jesús Salvador González; y los colombianos Ignacio Ovidio Murillo Bedoya, Manuel Rogelio Mosquera Córdova, Gustavo Javier Manjares Pérez, Jaider Antonio Cachila Ramírez, Wiston Pérez Roa, Carlos Enrique Urrutia Mosquera, Carlos Andrés Quinto Aspirella, Deivid Montes Ramírez y Wilson Hernández Villada, por la presunta comisión del delito de espionaje, tipificado en los artículo 471 (numeral 1) y 472 del Código Orgánico de Justicia Militar.

“Según acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Región de Contrainteligencia Militar Guayana, el 20 de mayo de 2016 se recibió información que indicaba la presencia de un grupo de personas de nacionalidad colombiana presuntamente vinculados al paramilitarismo, quienes pretendían trasladarse hasta la población de Tumeremo, municipio Sifontes (Edo. Bolívar), para realizar labores de inteligencia, mediante la infiltración en el área, obtener información referente a la presencia de la FANB en dicha localidad, en cuanto a personal, armamento, zonas de control, y operaciones militares, así como efectuar reconocimiento del área, con el fin de posicionarse y tomar control de las zonas mineras, pero luego de las coordinaciones respectivas fueron detenidos en flagrancia”,  señala la nota de prensa del TSJ.

La sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJ justifica la radicación al enmarcarla en los “supuestos de excepcionalidad” debido a los delitos graves que se cometieron y a la alarma que causaron en la colectividad, por lo que se consideró que el caso era “capaz de afectar el normal desenvolvimiento del proceso penal, comprometiendo los derechos y garantías de los cuales están revestidos los imputados”.

Las minas del sur del estado Bolívar llevan años en poder de mafias organizadas que trafican el oro que de allí se extrae. Estos grupos mantienen el control de los yacimientos y también de las poblaciones aledañas, donde han sembrado el terror y el miedo. El caso más reciente y sonado de los últimos años fue la masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo en 2016, donde 16 trabajadores del oro murieron a manos del hombre que tenía en su poder la mayoría de las minas de la zona: Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias El Topo. Aunque desde el gobierno regional intentó desmentirse la matanza, la acción de los medios de comunicación presentes en la zona pudo revelar lo que allí había sucedido.

Dos meses después de la tragedia, “El Topo” cayó durante una Operación de Liberación del Pueblo en la mina El Limón, que estaba bajo su control.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió este lunes que radicará un proceso penal por presunto espionaje en Tumeremo, estado Bolívar, ante un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Caracas.

La ponencia del caso que involucra a 13 personas de nacionalidad venezolana y colombiana, la hizo el magistrado Maikel Moreno, presidente de la sala y del TSJ.

Esta causa penal fue inicialmente llevada por la Fiscalía Militar Cuadragésima Sexta del estado Bolívar contra los venezolanos: Luis Enrique Gámez Zamora, Aníbal José Salazar Cabezas, José Rafael Valdez Cevallos y Jesús Salvador González; y los colombianos Ignacio Ovidio Murillo Bedoya, Manuel Rogelio Mosquera Córdova, Gustavo Javier Manjares Pérez, Jaider Antonio Cachila Ramírez, Wiston Pérez Roa, Carlos Enrique Urrutia Mosquera, Carlos Andrés Quinto Aspirella, Deivid Montes Ramírez y Wilson Hernández Villada, por la presunta comisión del delito de espionaje, tipificado en los artículo 471 (numeral 1) y 472 del Código Orgánico de Justicia Militar.

“Según acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Región de Contrainteligencia Militar Guayana, el 20 de mayo de 2016 se recibió información que indicaba la presencia de un grupo de personas de nacionalidad colombiana presuntamente vinculados al paramilitarismo, quienes pretendían trasladarse hasta la población de Tumeremo, municipio Sifontes (Edo. Bolívar), para realizar labores de inteligencia, mediante la infiltración en el área, obtener información referente a la presencia de la FANB en dicha localidad, en cuanto a personal, armamento, zonas de control, y operaciones militares, así como efectuar reconocimiento del área, con el fin de posicionarse y tomar control de las zonas mineras, pero luego de las coordinaciones respectivas fueron detenidos en flagrancia”,  señala la nota de prensa del TSJ.

La sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJ justifica la radicación al enmarcarla en los “supuestos de excepcionalidad” debido a los delitos graves que se cometieron y a la alarma que causaron en la colectividad, por lo que se consideró que el caso era “capaz de afectar el normal desenvolvimiento del proceso penal, comprometiendo los derechos y garantías de los cuales están revestidos los imputados”.

Las minas del sur del estado Bolívar llevan años en poder de mafias organizadas que trafican el oro que de allí se extrae. Estos grupos mantienen el control de los yacimientos y también de las poblaciones aledañas, donde han sembrado el terror y el miedo. El caso más reciente y sonado de los últimos años fue la masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo en 2016, donde 16 trabajadores del oro murieron a manos del hombre que tenía en su poder la mayoría de las minas de la zona: Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias El Topo. Aunque desde el gobierno regional intentó desmentirse la matanza, la acción de los medios de comunicación presentes en la zona pudo revelar lo que allí había sucedido.

Dos meses después de la tragedia, “El Topo” cayó durante una Operación de Liberación del Pueblo en la mina El Limón, que estaba bajo su control.