Desde el 28 de marzo, cuando comenzaron las protestas ciudadanas ante las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la legitimidad de Asamblea Nacional y de sus diputados, IPYS Venezuela registró 25 limitaciones a la cobertura de asuntos de interés público, 19 agresiones físicas, 11 hechos de intimidación, 4 ataques contra las herramientas de trabajo, 3 detenciones arbitrarias, 3 robos y 1 ataque contra la sede de un medio de comunicación.

Estas limitaciones ocurrieron a partir de la acción directa e indirecta de funcionarios de seguridad del Estado que obstaculizaron la labor reporteril en 19 oportunidades cuando enfrentaban las manifestaciones. Otras acciones de intimidación e impedimentos a la cobertura fueron cometidas por simpatizantes oficialistas y simpatizantes opositores en una ocasión cada una.

De los 39 trabajadores de medios que resultaron afectados, 21 fueron reporteros; 10, reporteros gráficos; 5, corresponsales extranjeros, 2 camarógrafos y 1 reportero ciudadano. Estos trabajadores cumplieron funciones para 12 medios digitales, 6 televisoras, 5 medios impresos, 3 agencias de noticias, 1 radioemisora, 1 organización política y 1 organización pública.