Improbable, mas no imposible. Con el anuncio realizado el martes 9 de agosto por la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, según el cual la recolección del 20% de firmas se llevaría a cabo hacia finales de octubre, sería improbable que el referendo revocatorio solicitado por la MUD contra el presidente Nicolás Maduro se realizara en 2016 ya que el reglamento prevé un plazo máximo de “hasta 90 días continuos” para efectuarlo. Esto dejaría la realización del revocatorio a finales de febrero o principios de marzo de 2017. No obstante, el CNE podría acortar los lapsos si así lo decidiera. 

De acuerdo con el análisis de ORC Consultores, dejar la realización del revocatorio para 2017, y asumiendo que la oposición lo ganara, dejaría a cargo de terminar el período presidencial al vicepresidente ejecutivo designado para ese entonces.

La firma consultora señala que ante el escenario planteado por el CNE, la oposición podría tomar varias rutas políticas: en primer lugar, aceptar la fecha anunciada por el organismo sin ninguna réplica o condición, situación que resulta poco probable y altamente desfavorable para los intereses de la oposición partiendo del hecho de que la MUD ha exigido que el revocatorio debe materializarse en 2016.

En segundo lugar está la activación de la protesta de calle y la generación de presión para la recolección de ese 20%. La marcha del 1° de septiembre podría convertirse en una palestra para la recolección simbólica de ese 20% a través del uso de presión en la denominada “Toma de Caracas” con el objetivo de lograr la realización del referendo en 2016.

El CNE ha realizado procesos electorales en años anteriores en menos de 40 días (elecciones presidenciales luego de la muerte de Chávez), de hecho, tal y como está planteado el reglamento queda a discrecionalidad del organismo darle rienda al revocatorio antes de 2017 y permitir o no el cambio político en el país.

A continuación presentamos un cronograma del referendo revocatorio ajustado a los lapsos anunciados por el CNE para la recolección del 20% de las firmas del registro electoral.