El Consejo de la Internacional Socialista emitió el 1ero de julio una resolución en la que expresa preocupación por el agravamiento de la crisis política, social e institucional venezolana, y llama a la realización del referendo revocatorio este año. La organización pide, además, soluciones inmediatas de los problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre el pueblo venezolano, y se abra un camino para despejar la grave conflictividad política y social, que, de no resolverse a tiempo, podría desembocar en consecuencias impredecibles para el país y para la región en su conjunto.

La resolución sostiene que «el gobierno del presidente Maduro promueve el conflicto de poderes, utilizando para ello, el Tribunal Supremo de Justicia contra las decisiones autónomas del Poder Legislativo, emitiendo sentencias que claramente vulneran las decisiones de esta instancia legislativa, violando así el espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y compromete los valores democráticos sustentados en el respeto mutuo, equilibrio y autonomía de los poderes del Estado».

En el texto se insta a la liberación de los presos políticos personalizados en Leopoldo López, Manuel Rosales y Antonio Ledezma, así como de los estudiantes que se encuentran privados de libertad sin que se les realice juicio alguno. «La violación flagrante del debido proceso es parte de las correcciones que deben hacer las instancias judiciales y el propio gobierno que debe cesar la criminalización de la protesta cívica, pacífica y democrática. Así como la reprensión de los cuerpos de seguridad del Estado».

La Internacional Socialista se solidarizó con la declaratoria del Consejo Permanente de la OEA y expresó además su respaldo a la iniciativa de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, para iniciar un diálogo real y efectivo entre el Gobierno y la Oposición venezolana, representada en la Mesa de la Unidad Democrática, y sectores sociales con el fin de encontrar caminos ciertos para favorecer la estabilidad política democrática, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la Constitución .