La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional —conformada por la de Política Interior y la de Cultos y Régimen Penitenciario— aprobó por unanimidad el Informe para segunda discusión del Proyecto de Ley que Regula el Uso de Teléfonos Celulares e Internet en los Centros Penitenciarios del país.
La presidente de la Comisión de Política Interior manifestó que este instrumento legal establece la obligatoriedad del Estado de instalar aparatos y medidores de señal, de los denominados “Hamer”, dentro de las instalaciones penales. Aclaró así mismo que la medida una vez que se ponga en práctica no afecta la señal de teléfonos y de Internet en las comunidades aledañas a los centros penitenciarios.
La diputada Delsa Solórzano manifestó su satisfacción porque el informe fue aprobado por unanimidad, y alegó que los delincuentes no distinguen afinidad política a la hora de cometer un delito, secuestro, extorsión o robo de vehículos: “Los colores políticos distinguen para unas cosas, pero no distinguen para el hambre y la delincuencia. En aras de que la delincuencia no distingue a quien mata o a quien roba esta ley fue aprobada por unanimidad”.
“Esperamos que con esta ley nunca más recibamos una llamada telefónica, proveniente de los centros penitenciarios, a través de la cual nos digan que tenemos que pagar rescate por un vehículo robado, secuestro u otro crimen contra la colectividad”, expresó la diputada.
Precisó que el instrumento legal será consignado este jueves por secretaría de la Asamblea Nacional, para que sea sometido a consideración de la plenaria para su segunda discusión artículo por artículo y aprobado por unanimidad como sucedió en el seno de la Comisión Mixta.
Recordó que esta ley garantiza a los privados de libertad su derecho a la comunicación a través de teléfonos públicos, que deben ser instalados por el Estado en los centros penitenciarios del país, para que los reos puedan hacer llamadas a sus familiares: “Se prohíbe absolutamente el uso de teléfonos celulares e Internet dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional, una vez que entre en vigencia esta norma jurídica”.
Además, la parlamentaria explicó que este instrumento fue sometido a un largo proceso de consulta pública que estuvo acompañada por los medios de comunicación social, en el que han opinado desde las autoridades policiales, hasta rectores de las universidades de las empresas de telefonía celular, así como los organismos del Estado como el Ministerio Público, y el de asuntos penitenciarios.
