Al cumplirse dos años de las protestas cuya represión costó la vida a 43 venezolanos y llevó al encarcelamiento de 3.350 ciudadanos, incluidos los dirigentes políticos Leopoldo López, Enzo Scarano y Daniel Ceballos, únicamente 7 casos han llegado a la fase de sentencia, según revela un informe del Ministerio Público.

De acuerdo con la organización no gubernamental, Provea, esta situación evidencia “la existencia de impunidad estructural en Venezuela”. La ONG explica que dicha impunidad estructural se da cuando la actuación de los diferentes órganos del sistema de administración de justicia, de manera articulada o no, genera en un alto porcentaje la no sanción de los delitos y violaciones de derechos humanos.

“Si bien algunos de los presuntos responsables se encuentran privados de libertad, la ausencia de sentencias definitivamente firmes por parte del tribunal impide afirmar que los casos han encontrado justicia”, afirma la organización no gubernamental que trabaja en pro de la defensa de los derechos humanos.

Los 7 casos que han llegado a la fase de sentencia corresponden a: Johan Quintero (33 años), quien murió al recibir un disparo mientras se encontraba en las adyacencias del Centro Comercial Súper Líder en El Limón, estado Aragua; Guillermo Sánchez (42 años), quien recibió un disparo durante una manifestación en La Isabelica, Valencia; Mariana Ceballos (32 años), quien fue atropellada durante una protesta en Valencia; Arturo Martínez, taxista de 58 años quien recibió un impacto de bala mientras limpiaba la vía pública en Barquisimeto; Miguel Parras, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, quien recibió un disparo mientras retiraba una barricada en el sector El Campito, estado Mérida.

El caso de Adriana Urquiola (28 años), también recibió sentencia aunque la Fiscalía manifestó que apelará la decisión que condenó a Yonny Bolívar a 17 años de prisión. El caso de Danny Melgarejo completa este grupo. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, Melgarejo (20 años), murió tras recibir una herida con un arma blanca cuando reñía con otro manifestante, un adolescente de 16 años.   

Tras dos años de investigación, 9 casos avanzaron a la fase de juicio, a saber, el de Bassil Da Costa, por el que están acusados 8 funcionarios; el del dirigente sindical Juan Carlos Montoya, por el que una persona está privada de libertad; el caso de Asdrúbal Rodríguez, por el que están acusados dos funcionarios; el del ingeniero José Márquez, por el que también está acusado un funcionario; el caso de Glidis Chacón, por el que fueron acusados dos funcionarios; el caso de Geraldin Moreno, por el que están privados de libertad dos funcionarios de la Guardia Nacional; el caso de Génesis Carmona, por el cual fueron acusadas dos personas, una de las cuales se encuentra detenida y la otra está solicitada; el caso de Jesús Acosta, estudiante de 22 años asesinado por un funcionario del Cicpc; y José Méndez, adolescente de 17 años quien fue atropellado mientras manifestaba.    

Provea manifiesta preocupación porque un total de 17 casos aún se encuentran en la fase de investigación. Uno de estos casos corresponde al asesinato de Roberto Redman, del cual la Fiscalía únicamente ha dicho que su muerte fue consecuencia del “fuego entrecruzado” y no ha presentado todavía a ningún responsable.

Finalmente, el Ministerio Público consideró sobreseída la causa en 8 casos. Tal es la situación del caso de Eduardo Anzola, quien sufrió traumatismo craneoencefálico cuando derrapó su motocicleta al intentar esquivar una barricada, según reseña el informe de la Fiscalía.

Caso de Leopoldo López sigue en fase de apelación

“Hace dos años Leopoldo López se entregó a una justicia parcializada y mediatizada por los mandatos de Miraflores. Hace dos años dijo que si su encarcelamiento servía para que el pueblo venezolano despertara valía la pena sufrir la cárcel y el pueblo venezolano despertó; la demostración el 6 de diciembre cuando majestuosamente se volcó a la urnas”, señaló Luis Useche, coordinador de redes de Voluntad Popular en Táchira.

El líder opositor fue imputado y sentenciado a casi 14 años de cárcel por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. Actualmente su caso se encuentra en fase de apelación; no obstante, López ha dicho que confía en que sea “el pueblo” quien le quite las esposas, en alusión a la eventual aprobación de la Ley de Amnistía, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional.

Los ex alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos también fueron a prisión como consecuencia de las protestas de 2014. Scarano, si bien está en libertad, fue posteriormente inhabilitado políticamente y no pudo presentarse a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Por su parte, Daniel Ceballos recibió en agosto del año pasado la medida de arresto domiciliario, en consideración a su precario estado de salud.