Gerardo Blyde, alcalde de Baruta y abogado constitucionalista, explicó los alcances teóricos del decreto de emergencia económica a periodistas en cobertura de la sesión solemne para la presentación de la Memoria y Cuenta del presidente Nicolás Maduro.

Blyde aclaró que el estado de excepción económico, uno de los tres establecidos en la Constitución, ya está vigente porque los controles de los poderes Legislativo y Judicial son posteriores. «Este es un decreto que permite restringir garantías económicas, por eso deben estar establecidas con absoluta claridad en el texto del decreto. Por lo que ví, hay algunas medidas expresadas de manera claras y otras no tanto», dijo Blyde.

Blyde recordó que la Asamblea Nacional tiene ocho días para estudiar el decreto publicado este viernes en Gaceta Oficial y debe evaluar todo el contenido y «si las facultades que se otorga el Presidente para resolver la crisis son suficientes, si era necesario restringir o no garantías económicas para llevar adelante medidas que se anuncien, etc. Por ejemplo: aumentar la gasolina o modificar el tipo de cambio se puede hacer sin un decreto como este».

El especialista explicó que la AN tiene dos opciones: aprobarlo definitivamente o improbarlo por completo. El Legislativo no puede modificarlo ni escoger qué cosas aprobar y cuáles no. «Si lo imprueba deja de tener vigencia el estado de excepción. Si lo aprueba completo, siguen en vigencia todas esas medidas y las submedidas que se puedan tomar de aquí en adelante por los seis meses que pudiera durar».

Blyde explicó que el decreto de emergencia económica plantea evasión de competencias parlamentarias a la Asamblea Nacional y que el parlamento deberá decidir si está dispuesto a entregar esa capacidad. La primera, es la capacidad del Ejecutivo para utilizar los recursos excedentarios de los ingresos nacionales registrados en 2015, que usualmente el Presidente debe solicitar por créditos adicionales. «Así, el Presidente estaría exento y pudiera usar esos recursos de manera directa».

La segunda es la posibilidad de usar de manera distinta la ejecucion presupuestaria planteada para 2016, y aprobada por AN anterior. «EL Presidente pudiera disponer de recursos y partidas asignadas en otras partidas o crear partidas nuevas sin pedir permiso. Sería un nuevo presupuesto nacional en la práctica». Sin embargo, Blyde comentó que el decreto «es muy genérico» y «está redactado de manera general para otorarle a Presidente medidas especiales, pero que se concretarían en medidas que se tomarían luego».

Si el Legislativo no apoya el decreto, el Presidente podría insistir en una medida similar pero en otros términos. «La Asamblea Nacional puede sugerir cómo presentar un nuevo decreto, y allí vendría una negociación política», abundó el alcalde de Baruta.

El aboga explicó que el Poder Judicial, en la Sala Constitucional, también deberá evaluar el decreto de emergencia económica para determinar si hay excesos constitucionales. De haberlos, el estado de excepción económico podría ser revocado por el proprio Tribunal Supremo de Justicia.

Por Luisa Quintero para TalCualDigital.