La fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ha recibido tres denuncias contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y altos funcionarios de su gobierno en menos de dos años. El factor común: todas piden que se investigue la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, y el dirigente de Voluntad Popular en el exilio Carlos Vecchio solicitaron ayer una averiguación contra ocho altos funcionarios del gobierno de Venezuela, encabezados por Maduro.
Los denunciantes indicaron a la prensa que presentaron evidencias de una treintena de homicidios, más de 400 torturas, 3.700 detenciones ilegales, 800 heridos y 2.000 juicios contra manifestantes pacíficos, ocurridos desde febrero de 2014 hasta el presente.
El primer caso contra Maduro en La Haya fue introducido el 7 de abril de 2014 por 198 legisladores de 8 países latinoamericanos, que pidieron investigar “la represión masiva, generalizada y sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados” en Venezuela. El segundo fue consignado el 2 de septiembre pasado por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por “la perpetración de crímenes de lesa humanidad” durante la deportación de colombianos radicados en la frontera binacional.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ligia Bolívar, explicó que la admisibilidad de una petición ante la Corte Penal depende de la comprobación de que la persona acusada sea responsable directa porque indujo, ordenó o ejecutó el o los crímenes.
“Cuando el golpe de Estado de 2002 se presentaron más de 20 denuncias contra el ex presidente Hugo Chávez y todas fueron desestimadas. Lo fundamental en la CPI es la demostración fehaciente por parte de quienes presentan la denuncia de que hay vínculo directo entre los hechos y las personas acusadas de haberlos cometido”, dijo Bolívar.
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