Para impugnar la nueva Ley de Precios Justos se prepara el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) por cuanto representa el acta de defunción para el sector comercial del país, el cual se verá obligado en su gran mayoría a cerrar sus negocios, aseguró en conferencia de prensa, Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios.

Acompañada por José Cinnirela, Teodoro Bellorín y Alfonso Riera, miembros del directorios de la organización, reveló que esta decisión se ha planteado, luego de las visitas realizadas a los comerciantes de todo el país, porque han querido comprobar “in situ” lo que les ha venido ocurriendo con esta nueva arremetida del Ejecutivo, en función de la aplicación del contenido de este nuevo ordenamiento legal.

Lo grave de estas acciones del Gobierno es que no se ha respetado el debido proceso, se han incautado las mercancías sin respetar el estado de Derecho, ni porque los comerciantes tenían su documentación en regla. Los consumidores serán los afectados porque no tendrán dónde adquirir los productos.

Los comerciantes representamos una vitrina, cuando esta santamaría se cierra, es muy difícil volverla a abrir, y en este difícil volverla abrir el más perjudicado es el comerciante, porque es llevado a la ruina, no tiene cómo reponer sus inventarios, pero también es perjudicado el consumidor porque no tiene dónde comprar el alimento, el calzado, la ropa, sobre todo cuando se obliga al comerciante a bajar el precio de unos bienes que adquirió, utilizando sus ahorros, para comprar divisas en el mercado libre, y adquirir la mercancía porque en diciembre es la zafra, dijo.

Reveló que así como el Presidente de la República anda de viaje por el exterior, buscando un precio justo para el petróleo, que le permita continuar sufragando los gastos en el país, los comerciantes también necesitan sus ingresos para mantener las santamarías abiertas, seguir generando empleos y pagando impuestos.