Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro iniciadas en febrero de 2014 se saldaron con varias decenas de muertos, centenares de heridos y más de 3.000 detenidos en Venezuela.

Según el balance oficial, fueron 43 los fallecidos. Un grupo de familiares de las víctimas y miembros de la oposición, que ha documentado algo más de 30, llevó el asunto a la Corte Penal Internacional, CPI, con sede en La Haya, Holanda.

Familiares y opositores piden a la CPI que investigue el papel de altos cargos del gobierno en la represión que consideran es un caso «claro y objetivo» de crímenes de lesa humanidad.

El oficialismo, por su parte, acusa de los hechos a «extremistas de derecha» que organizaban las protestas como un intento de desestabilizar al «legítimo» gobierno de Maduro.

En ese sentido, el Ejecutivo responsabilizaba a la oposición de las muertes que se registraron durante los meses que duró la ola de protestas.

Además, el líder opositor Leopoldo López fue condenado a más de 13 años de cárcel como instigador de la violencia en un juicio que el fiscal Franklin Nieves tachó de «farsa».

«No sólo Leopoldo»

En La Haya, una comisión encabezada por el opositor Carlos Vecchio, coordinador político del partido Voluntad Popular, entregó en mano a la fiscalía del alto tribunal un exhaustivo informe en el que hacen un recuento documentado de los hechos.

«Lo que estamos buscando es que exista un pronunciamiento rápido en la Corte Penal Internacional para que no se sigan cometiendo delitos en Venezuela y exista justicia para las víctimas», le indicó Vecchio a BBC Mundo.

La CPI recibió una lista confidencial con los nombres de las víctimas y también de los altos funcionarios a los que se acusa como responsables de sus muertes.

Si bien en esta etapa los nombres no son públicos, Vecchio adelantó que el listado incluye ministros, gobernadores, miembros de la fiscalía y altos mandos militares.

Vecchio aseguró que se trata de buscar justicia para todos, no sólo se trata del caso de López, el más conocido internacionalmente.

La justicia venezolana lo encontró culpable de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir, en un juicio celebrado a puerta cerrada después de 19 meses en prisión.

Hoja de ruta

El examen preliminar es la etapa en la que la Corte recaba más información, incluida del gobierno, para decidir si tiene todos los elementos para abrir un caso.

En este examen, el alto tribunal estudia si tiene jurisdicción para atender el caso teniendo en cuenta que el país sea miembro y que se cumplan las condiciones para determinar que es un caso de lesa humanidad.

La CPI tiene un periodo de entre dos meses y dos años para dar una respuesta.

Sin embargo, los opositores piden a la corte que tome una decisión con carácter de «urgencia» ante las declaraciones públicas del presidente Maduro de cara a las elecciones del 6 de diciembre que consideran «intimidatorias».