La frontera con Colombia en el norte del Zulia, cerrada parcialmente desde el lunes en la noche, amaneció el martes bajo una lluvia de promesas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro que ofrecen una mejoría en la calidad de vida de los habitantes de la región, en especial de la comunidad indígena.
El cierre del paso fronterizo por tres municipios zulianos y el decreto de estado de excepción en la zona se realiza a veinte días de que se tomaran estas mismas medidas en una parte de los límites con Colombia desde el estado Táchira bajo idénticos argumentos de lucha contra el contrabando y el paramilitarismo.
El cese del contrabando de alimentos desde Venezuela hasta Colombia, la reaparición de los productos escasos, así como el fin de la violencia que genera “el paramilitarismo” son parte de las promesas que el oficialismo ha asegurado que se cumplirán con esta determinación.
El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, dijo que esta decisión es “para beneficio del pueblo” zuliano y apuntó que, a tan solo horas de la puesta en marcha de esta intervención, “ya comienzan a verse los cambios” en “el propio Maracaibo”, capital de la entidad y segunda ciudad del país.
“Ya comienzan a disminuir las colas en las gasolineras, paulatinamente, comienzan a ser más moderadas las colas en los abastos y en los supermercados”, aseguró y señaló que estos controles beneficiarán al pueblo indígena Wayúu que constituye la mayoría poblacional en la zona sometida al estado de excepción.
Arias defendió la “refundación de la frontera” que, asegura, se inicia con esta medida e invitó a los habitantes del Zulia a un foro que se realizará este viernes para debatir sobre este “renacimiento” de la zona.
Según el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, el pueblo Wayúu y en especial sus líderes han estado “absolutamente de acuerdo” con el cierre del paso fronterizo y el decreto de estado de excepción.
“Nos reportan absoluta paz, absoluta tranquilidad e incluso nos dicen que el pueblo se les ha acercado, les ha agradecido o le han enviado su agradecimiento al presidente Maduro por las medidas que ha adoptado”, dijo Arreaza.
El jefe de Estado, por su parte, dijo ayer a través de su cuenta en Twitter que los pueblos de Venezuela y Colombia ya no aceptan que la zona fronteriza esté “plagada” de delitos.
“Los pueblos no aceptamos más que la frontera esté plagada de paramilitares, contrabando masivo, narcotráfico, etc. Queremos Paz y Vida”, dijo, al tiempo que invitó, al igual que Arias, a un debate público “nacional e internacional” sobre “la construcción de una nueva frontera de paz, convivencia, respeto y productiva”.
Las medidas en el Zulia fueron oficializadas ayer con su publicación en Gaceta Oficial, donde se señala que se decretó “el estado de excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla”.
En el escrito oficial se indica que estas acciones fueron tomadas “dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social”.
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en un comunicado la constitucionalidad del decreto y subrayó que su propósito “es impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas”.
Además, el TSJ sostuvo que el decreto tiene como objetivo impedir “la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos” al contrabando “que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza”.
