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• Los afectados por el procedimiento aseguran que las autoridades actuaron sin órdenes de allanamiento o de desalojo. Militares y policías derribaron el viernes 24 de julio las viviendas de 200 familias en el sector El Cují, entre los kilómetros 3 y 4 de la carretera Panamericana
• Militares y policías habrían golpeado y detenido a cerca de 10 personas. Hombres, mujeres y niños duermen a la intemperie en tiendas que armaron al borde de la autopista

@albertoyajure

Luz Elena Gaviria se levanta la camisa y se baja los pantalones en medio de un grupo de casi 50 personas. Todos los presentes forman parte de las 205 familias que fueron desalojadas por las autoridades el viernes 24 de julio de la comunidad El Cují, entre los kilómetros 3 y 4 de la carretera Panamericana. Gaviria, de 46 años, vivía desde hace cuatro años en un rancho que compartía con su hijo, su nuera y sus nietos. Debajo de su ropa quedaron dos moretones que —afirma— le causaron los funcionarios que destruyeron su casa y la expulsaron de su comunidad.

“Me tiraron al piso y me arrastraron, me golpearon. Tengo un chichón en la cabeza. Llegaron aquí y actuaron con violencia, de forma agresiva, nos sacaron a todos a la fuerza. En ningún momento presentaron ninguna orden de allanamiento”, relata Gaviria.

El operativo comenzó a las 4:00 de la madrugada, igual que la incursión de hace dos semanas en la Cota 905. Cerca de 600 funcionarios de la Policía Nacional (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) habrían participado en el procedimiento, en el que hubo también tanquetas y equipos de demolición.

Los residentes de este sector al borde de la carretera Panamericana se congregaron en la entrada e hicieron una «cadena humana» tomándose de los brazos para intentar evitar la entrada de los funcionarios, según se observa en un vídeo grabado por los vecinos. Pero poco pudieron hacer. Las autoridades obligaron a todos los residentes a salir y ordenaron el retiro de los enseres. Luego llegaron las máquinas y retroexcavadoras que derribaron todo a su paso.

«Primero nos dijeron que nos llevarían a La Yaguara, después nos notificaron que nos llevarían a refugios en El Junquito, Carapita y El Poliedrito. Pero en ningún lado había espacio para nosotros. Los militares entonces nos dijeron que volviéramos a nuestras viviendas, pero las únicas que teníamos las tumbaron. Todas nuestras cosas se quedaron en un depósito en La Yaguara. No tenemos más nada», asegura Coromoto Rodríguez, de 38 años, madre de tres niños, el menor de ellos sufre de ataques de epilepsia.

Se realiza operación de desalojo y demolición en conjunto con la REDIC y ZODI Capital en la Panamericana pic.twitter.com/antUZ6Mr8F

— ZODICAPITAL (@pczodicapital1) julio 26, 2015

Robinson Cuello, de 37 años, tenía seis años viviendo en el sector. Asegura que su mamá es una de las fundadoras de la comunidad, que creció como una invasión en la que rápidamente se construyeron ranchos y al menos tres iglesias evangélicas. Este lunes el lugar era un descampado de escombros y viviendas arruinadas, humo y aguas blancas corriendo cerro abajo.

El Gobierno nacional anunció el viernes 24 de julio que el lugar sería desalojado «por considerarlo inestable». En un recorte mostrado por los afectados aparece una nota del diario Últimas Noticias en la que se asegura —citando una nota de prensa del Ministerio del Interior— que el procedimiento formaba parte de la «Operación Liberación del Pueblo«, como ha denominado el Ejecutivo a las razias en barriadas de Caracas y el estado Miranda como parte de un supuesto plan de seguridad para desmantelar bandas delictivas.

Pero hasta ahora no se ha difundido evidencia de que las autoridades hallan encontrado armas o delincuentes en El Cují. La mayor parte del grupo acabó con sus colchones y camas al borde de la carretera, durmiendo a la intemperie, entre basura y escombros, desde hace cuatros días.

«¿Cómo van a decir que aquí había paramilitares si todos somos venezolanos. Aquí todos tenemos cédula y nacionalidad venezolana», gritaban algunos de los vecinos, que también mostraron sus documentos de identidad y exigieron al presidente Nicolás Maduro que les ofreciera «solución» a sus problemas.

Yessenia Almanza, que dio a luz a un varón por cesárea hace 11 días, permanecía sentada en un colchón debajo de una tapa de zinc junto a su bebé, su esposo y una niña de cuatro años. «Desde el viernes estamos durmiendo aquí. Nos dijeron que nos llevarían al Poliedrito, pero no había espacio para nosotros. Todas nuestras cosas se quedaron en La Yaguara. No tenemos a donde ir. Mi esposo tiene dos días sin ir a trabajar, no tenemos cómo hacerle teteros al bebé, una señora me ayuda hirviendo el agua».

Un grupo de cerca de 40 personas partió temprano al Palacio de Miraflores, según afirmaron los afectados, que también elaboraron pancartas y llamados al Presidente de la República. Un contingente de la PNB vigilaba de cerca al grupo de damnificados mientras periodistas hacían preguntas y grababan los testimonios de los afectados.

Un contingente de la Policía Nacional Bolivariana retuvo a un equipo de la Mesa de la Unidad Democrática que acudió a hacer entrevistas en el lugar. La comunidad reaccionó resguardando a los reporteros, que abordaron un vehículo que permaneció rodeado de funcionarios. Los policías pidieron al equipo de la MUD que se identificara y que entregara sus documentos (cédulas de identidad), que no devolvió sino hasta después de 15 o 20 minutos.