La lucha pueblo contra pueblo comenzó en San Martín. La disputa es entre chavistas. Más de 150 integrantes de un colectivo del 23 de Enero ingresaron a punta de balas a un edificio invadido por integrantes de una OCV y mataron a dos de los residentes. Una de las afectadas denunció que además de recibir plomo de los colectivos, han sido estafados y extorsionados por funcionarios gubernamentales de vivienda

@ronnarisquez

Sentada en una vieja butaca con la tapicería roída, en la acera frente a EPA de la avenida San Martín, la matrona de casi 70 años de edad lloraba mientras su hija, su nieto y su yerno sacaban todos sus enseres del apartamento que ocupaban en el edificio Santa Inés, que fue atacado por un colectivo del 23 Enero el viernes pasado. “Yo voy a doblar rodillas para que Dios haga justicia. Que Dios limpie a esta Venezuela de todos estos males”, dijo la mujer acostumbrada a que en esta tierra no hay castigo.

En los últimos 4 años, su familia ha sido estafada y extorsionada en repetidas ocasiones por funcionarios de los organismos gubernamentales de vivienda y hábitat, y ahora atacada a tiros por miembros colectivos armados. Rodilla en tierra, la mujer insistió en que elevará sus plegarias para que la “justicia divina” haga la tarea que esquivan el Poder Judicial y la policía. Sin saberlo ella también confía -como el presidente Nicolás Maduro- en que “Dios proveerá”.

Ahogada por el llanto, prefirió ceder la palabra a su nieto, un joven veinteañero que se ha involucrado con el proceso de búsqueda de vivienda y maneja detalles de lo ocurrido. Su relato no comienza con el tiroteo en el que fueron asesinados dos de los residentes del edificio invadido. Él tiene otras historia de abusos y delitos.

“Nosotros tenemos varios años en esta organización (Organización Comunitaria de Vivienda), como desde 2011. Nos registramos en el 0800-Vivienda (una línea gubernamental) y hemos hecho todos los trámites. Pero una mujer de Vivienda y Hábitat de apellido Rengifo nos estafó. Sí, sí nos estafó. Allí en el ministerio todo el mundo tiene que pagar vacuna. Aquí somos 200 familias y pagamos entre 30 mil y 40 mil bolívares cada uno para que nos asignaran una vivienda”, contó el muchacho, que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.

Una búsqueda digital arrojó que desde 2010 una mujer con el nombre de Egla Inocencia Rengifo González cotiza en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como funcionaria del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Desde ese año se desempeñó como Viceministra de Articulación Social de ese despacho por orden del presidente Hugo Chávez. En 2014 fue designada Directora Nacional de Gestión Social de la misma institución. Hace tres semanas, en la Gaceta Oficial 40.575 del 7 de enero de 2015 salió el nombramiento de Egla Rengifo como Directora General de Gestión de Redes Populares Ecosocialistas y Atención al Ciudadano del Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat.

El nombre de Egla Renginfo también aparece en algunas informaciones de prensa, en las que integrantes de Organizaciones Comunitarias de Vivienda denuncian irregularidades en la adjudicación de inmuebles y cobro de dinero por parte de funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Uno de estos casos es el de la OCV Mujeres y hombres revolucionarios de Guatire, que en septiembre de 2012 manifestaron su descontento por la supuesta venta de cupos para optar una vivienda en 30 mil bolívares. Un cuestionamiento similar habían hecho los integrantes de la OCV Mejoremos el Futuro en marzo de 2012. También en 2012 la página web Informe On Line, La Noticia Interpretada recoge una carta dirigida al presidente Hugo Chávez, en la que una mujer que dice haber sido estafada por dos funcionarias del ministerio y asegura tener pruebas, incluso menciona que su caso está a cargo de un fiscal del estado Aragua.

Engaños en cadena

 Entre los invasores hay maestras, ingenieros, profesores, policías y transportistas. “Somos un grupo organizado que debido a que hemos sido estafados en varias oportunidades decidimos tomar este edificio. 90% de los que viven aquí son profesionales y parejas jóvenes recién casados”, explicó otra de las residentes del edificio Santa Inés.

La mujer debatía con un grupo acerca de qué decisión tomar después de lo ocurrido. “En noviembre yo pagué 100 mil bolívares en el ministerio de Vivienda para la adjudicación de un apartamento en Ciudad Lebrún. Me dieron hasta una llave y todo. Unos días después me enteré por televisión, en una cadena, de la inauguración de Lebrún y la entrega de apartamentos. A mí no me dieron nada. Esto ha sido una lucha”, dijo.

Las historias de engaños son infinitas. El mismo muchacho que fue estafado por funcionarios del ministerio de Vivienda relató un episodio ocurrido el primero de noviembre del año pasado. Ese día supuestos dirigentes del oficialismo reunieron a más de 500 personas y les ofrecieron que les entregarían sus viviendas en un acto que se celebró en el Cuartel de la Montaña. “Hasta nos pasaron a ver al comandante. Nos engañaron, nos usaron para hacer campaña”, dijo, con una dicción impecable. Salieron con la manos vacías y esa misma noche invadieron por primera vez el conjunto residencial Santa Inés. Pero la aventura no duró mucho, los desalojaron de inmediato.

Más de un mes después, el 23 de diciembre volvieron a meterse al edificio, cuya construcción está paralizada desde hace aproximadamente 6 años. “Estábamos desesperados. Pagamos y pagamos dinero y nada”, aseguró. Esa toma también duró poco. Fueron obligados a salir por las autoridades.

“Aquí se averiguó la condición del edificio. Se paralizó la construcción y tiene más de 6 años abandonados. Nosotros no queremos que nos regalen los apartamentos. Queremos que el gobierno lo expropie y nosotros lo arreglamos”, dijo uno de los vecinos.

El 4 de enero regresaron al conjunto residencial en un nuevo intento por conseguir vivienda. “Apenas llegamos vino una comisión de la Policía Nacional, después vino un general que decía que era el jefe de la Guardia Nacional. Pero nos dejaron tranquilos y nos quedamos. Comenzamos a arreglar el edificio: reparamos la bomba de agua y pusimos cámaras de seguridad”.

La semana pasada fueron visitados por representantes de varios colectivos del 23 de Enero. Uno de ellos era un hombre apodado “Satanás”. “Vinieron a hablar con la coordinadora, querían que se “casara” con ellos y que le diéramos un local al Consejo Comunal de la Comuna de San Martín. Ella los insultó y se pelearon. Ellos dijeron que volverían. Pero todo estuvo tranquilo, hasta que pasó lo que pasó”, contó.

El ataque de “Satanás”

Los 150 hombres -según dice el acta policial- llegaron a San Martín poco antes de las 10:00 pm del viernes 23 de enero para resarcir con plomo el “daño” moral que les ocasionó la coordinadora del grupo de 200 familias, que invadió las residencias Santa Inés. Buscaban venganza. La mujer se negó a cederle a este supuesto colectivo un espacio dentro del inmueble. “No queríamos dar cabida a los malandros armados aquí y ellos se sintieron ofendidos”, dijo casi en secreto una de las ocupantes.

Los paramilitares en moto, vestidos de negro y armados con pistolas automáticas, quisieron ingresar al edificio por la fuerza. Satanás lideraba el ataque, recibía y daba instrucciones por radio. Se movía con confianza y sin preocupación. Sometía a hombres, mujeres y niños. Los invasores resistieron con piedras, pues el conjunto residencial todavía está en construcción. Vecinos del sector aseguran que las balas salían de los dos lados. Incluso dicen que el tiroteo se prolongó por dos horas, hasta pasadas las 11:00 de la noche.

Como no lograron abrirse paso con balas, algunos miembros del colectivo secuestraron dos camiones de Supra (la empresa recolectora de basura de la alcaldía de Caracas). Con estos vehículos derribaron los muros de ladrillos que resguardaban la antesala de la construcción y abrieron dos boquetes que les permitieron ingresara al lugar. “Entraron disparándole a todo el mundo. A la gente que encontraban en los pasillos y en los apartamentos la sacaban del edificio con las manos en la cabeza y luego las tiraban boca a abajo en la calle, hasta a las mujeres. Los que pudimos nos refugiamos en los apartamentos del último piso”, contó otra de las afectadas, que dijo ser maestra.

Mientras la mujer hacía su relato de lo ocurrido, la interrumpió un hombre mayor: “A mi apartamento se metieron. Destrozaron todo y me robaron el celular. A mi esposa le sacaron el dinero que tenía en la cartera. Esto fue horrible. No respetaron nada, se orinaron en los pasillos. Aquí hay personas mayores, discapacitados y más de 80 niños”.

El grupo armado también cargó con todas las computadoras y el dinero que estaba en la oficina de la coordinadora de la organización comunitaria de vivienda. Allí estaban los registros, documentos de las solicitudes de vivienda y los pagos hechos por las familias invasoras a instituciones gubernamentales para conseguir la asignación de un apartamento. “Esos colectivos son la peor elaboración que se le escapó de las manos al presidente Chávez, que en paz descanse, si es que tiene paz”, dijo el hombre mayor, mientras esperaba que las voceras del grupo saliera de una reunión con el fiscal nacional 123, Daniel Martínez; un representante de la Defensoría del Pueblo y un oficial de la Policía Nacional Bolivariana.

“La orden era desalojarnos a nosotros. Por la forma en que actuaban tienen que haber sido mandados. Se comunicaban por radio y recibían instrucciones. Ellos mismos se fueron antes de que llegara la policía”, aseguró el hombre, que caminaba de un lado a otro en shores, franelilla y chancletas como buscando una explicación a lo sucedido.

Indiferencia, complicidad o incapacidad policial

Los invasores denunciaron que durante el ataque había comisiones de la PNB en los alrededores del edificio, pero no intervinieron. A distancia observaban lo que ocurría. “Nos cansamos de llamar al 171, a la GNB y a la Policía pero no vinieron. Los polinacional estaban parados en las esquinas y no hacían nada. Parece que protegían a esos hombres. Por eso tratamos de quemar un galpón de EPA para llamar la atención. Ahí fue que llegaron los bomberos y entró la policía, eran como las 2:00 de la mañana”, dijo uno de los habitantes todavía asustado y señalando los rastros de sangre que dejó el cadáver de uno de los dos hombres que murieron a manos del grupo paramilitar: Alberto Segundo Ibarra, 24 años de edad, y Pedro Josue Ortega, de 28 años.

Los dos eran padres de familia. “A uno lo mataron cuando disparaban desde la calle. Yo creo que había hombres hasta en el Centro Comercial San Martín. Al otro lo acribillaron aquí adentro, en el piso 4. También hubo varios heridos. Cuando llegaron pedían la cabeza de nuestra vocera”. El fiscal Daniel Martínez, quien intentó mediar con los ocupantes para que abandonaran el lugar, confirmó los dos homicidios.

De la reunión con los representantes de las instituciones del Estado no salieron propuestas alentadoras. “Tenemos que sacarnos ese chip que nos han metido. Nosotros somo invasores, somos invasores. No somos propietarios”, repetía con energía y convicción una de las voceras. Luego explicó que como eran invasores no tienen derecho a recibir ninguna vivienda.

“Para recibir viviendas hay que estar en un refugio y ser damnificados. Ellos nos dan la oportunidad de irnos a un refugio. Si nos quedamos es a nuestro riesgo. La policía no nos puede garantizar la seguridad si vuelven los colectivos”, decía la mujer morena de unos 60 años de edad. Sus compañeros la escuchaban con desilusión, algunos asentían mientras que otros trataban de ofrecer soluciones. “Yo llamé a un secretario de la Asamblea Nacional que conoce a Ernesto Villegas, él nos puede ayudar. También puede hablar con el Amoroso (Elvis), que es presidente la comisión de Política Interior”, agregó un hombre alto, que tenía un carnet de un organismo gubernamental colgado al cuello..

Otra de las voceras intervino para convencer a sus compañeros de que lo mejor era abandonar el lugar. “Además ya le salió dueño al edificio. Este edificio no es de un primo de Diosdado. Nos equivocamos”. La decisión fue dividida.

Afuera hombres cargando colchones, cocinas, sofás, gaveteros y hasta lavamanos y pocetas bajaban de todos los pisos y salían a toda prisa del edificio. En la calle esperaba una hilera de camionetas pick up listas para la estampida. Muchos eligieron acomodarse arrimados con algún familiar antes de perder su vida en lucha por conseguir una vivienda. Otros siguen allí, se quedaron “a su riesgo” para defender con sangre el derecho a tener un techo.