Durante año 2014 en Venezuela hubo un contexto de conflictividad social, con movilizaciones estudiantiles enmarcadas en la exigencia de soluciones ante la inseguridad, la violencia y la impunidad. En materia de libertad de expresión, el 2014 fue cuantitativamente el peor año para las garantías al derecho humano a la libertad de expresión. De enero a diciembre, se documentó un total de 579 violaciones a la libertad de expresión, que corresponden a 350 denuncias/casos. Esta cifra representa la más alta registrada en Venezuela desde, al menos, los últimos 20 años.

Los datos registrados implican un incremento de 59% en el número de denuncias/casos con respecto al año 2013 en el mismo período y un total de 474 víctimas. Asimismo, el número de violaciones al derecho a la libre expresión, presenta un incremento de 102% respecto al año 2013.

En el mes de febrero durante las protestas de calle, se registraron 86 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión e información que, en comparación con febrero 2013 (7 casos), mostró un aumento de 500 %.

El tipo de violación más recurrente fue la censura sumando 145 violaciones de este tipo (25,04%). En segundo lugar las agresiones en 93 ocasiones (16,06%) y en tercer lugar la intimidación aplicada 88 veces (15,20%). Las amenazas, ataques y agresiones constituyeron los tipos de violaciones que más aumentaron con respecto al año 2013. Las víctimas se incrementaron en un 47% con respecto al año anterior. Los afectados no son solo profesionales del periodismo o los medios de comunicación.

Victimarios

Los cuerpos de seguridad encabezan las violaciones a la libertad de expresión (28,57%), principalmente las relacionadas a casos de agresiones e intimidación contra periodistas y personas levantando información en manifestaciones. En segundo lugar, las Instituciones administrativas (16,97%), que principalmente por medio de sanciones y multas afectan a los medios de comunicación y a sus periodistas y en tercer lugar funcionarios públicos (8,86%) que reinciden en la descalificación hacia los trabajadores de la prensa.

En cuanto a los terceros particulares, los desconocidos son los que ocupan la primera posición, esto relacionado a las amenazas y ataques a medios de comunicación y periodistas (7,43%), a estos le siguen los dueños y directivos de medios cuya principal violación aplicada es la censura a periodistas y programas críticos al gobierno nacional (19,71%). Los grupos armados/violentos (4,57%) se encuentran en tercer lugar siendo responsables de muchas de las agresiones, hurtos y amenazas hacia periodistas.

Exigencias y recomendaciones

El contexto nacional exige que se respete la libertad de expresión como derecho humano, fomentándola y eliminando las barreras que puedan impedir su realización. La necesidad de diálogo y debate, la consideración de diversos puntos de vista, representa en Venezuela, una herramienta democrática que contribuiría en la ampliación de oportunidades para la participación a las comunidades, fortaleciendo la gobernabilidad del país y permitiendo la mejora de la calidad de vida.

Reiteramos que el abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, contribuyen a sostener un contexto polarizado y de hostilidad para el ejercicio de la comunicación que afecta al universo de la población que reside en Venezuela.

Urge garantizar independencia por parte de CONATEL y otros entes rectores en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, asignación de divisas para importación de papel e insumos para prensa, con el objeto de que puedan existir medios de comunicación plurales en los que todas las ideas puedan ser expresadas.

Asimismo, es necesario garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, investigando y sancionando cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares. Además, el Estado debe cumplir, cabalmente, las obligaciones adquiridas en los convenios internacionales en donde se compromete a respetar y a proteger los derechos humanos. Ello implica entre otros desafíos ajustar el marco regulatorio venezolano a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos para evitar las incompatibilidades que existen y debe permitirse la visita de los responsables de las Relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que puedan contribuir con las políticas públicas de Estado venezolano y armonización con las obligaciones del Derecho internacional de los Derechos Humanos.

También se debe desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica y rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados y una revisión del Código Penal que suprima las figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos penados con privación de libertad. De esta manera las faltas al honor o reputación puedan ser resarcidas a través del derecho a réplica.

El Estado debe contribuir a impulsar un contexto en donde el diálogo e intercambio, basado en el respeto y en el reconocimiento como iguales, sea posible. Este es un requisito indispensable en una sociedad democrática y pacífica que se desea y la institucionalidad pública cuenta con las herramientas que lo pueden hacer posible.